Denuncia de la Defensa Pública por la requisa en la cárcel de mujeres

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal presentó ayer una denuncia en la Fiscalía local solicitando que "sean investigados los sucesos" del jueves pasado en la cárcel de mujeres de Ingeniero Thedy al 300 bis, donde se produjo una requisa catalogada como violenta por las internas. En la presentación, la defensora provincial Jaquelina Balangione presentó un informe confeccionado tras visitas a la institución y solicitó que se constate la salud de las detenidas. El incidente ya había motivado la apertura de un legajo fiscal que desde ayer está a cargo de Karina Bartocci, de la unidad de Violencia Institucional.

Los incidentes se produjeron el jueves cuando en una requisa se detectaron celulares en poder de algunas internas. Esto al parecer provocó una suerte de motín y las autoridades dispusieron el ingreso al penal del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (Geop) para controlar la situación y concretar los traslados. Según informó la Defensoría, tras la requisa se organizaron "dos grupos de trabajo con el objeto de evaluar las medidas a seguir". Por un lado, integrantes del Registro de Torturas y Malos Tratos para que "releven las condiciones en que se encontraban alojadas las internas del establecimiento penitenciario".

En paralelo, otros integrantes del equipo asistieron al Instituto de Recuperación de Mujeres de la ciudad de Santa Fe (Unidad 4) para tomar contacto con las cuatro internas trasladadas allí tras el conflicto.

Ante la información que surgió de esas visitas ayer la Defensoría presentó una denuncia formal ante el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, para solicitar la investigación de lo ocurrido y el control del estado de salud de las internas. Asimismo el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, encomendó el viernes a la defensora adjunta Soledad Carroza la presentación de un hábeas corpus correctivo en favor de las cuatro internas trasladadas para solicitar su retorno "urgente" a la Unidad 5. Sin embargo la medida fue rechazada al día siguiente por el juez Luis Caterina "sin celebrar la respectiva audiencia, argumentando que los correspondientes traslados deben hacerse ante el juez de Ejecución interviniente", señala el comunicado.

Las internas por su parte denunciaron a los medios y a sus familiares que la intervención fue violenta y que fueron reprimidas con gases. Las autoridades provinciales negaron esos abusos y comprometieron la entrega de filmaciones sobre lo ocurrido. En tanto que desde la agrupación Pensamiento Penal advirtieron sobre la "reiterada violación de los derechos humanos" en las cárceles santafesinas. Y desde la ONG Mujeres tras las rejas reclamaron la intervención de la secretaría de Derechos Humanos provincial y revelaron haber recibido "quejas por maltrato del Servicio Penitenciario y lo referente al suministro de comida y medicamentos".