Un joven catalogado como uno de los diez prófugos “más buscados” en la provincia, detenido hace dos semanas en la zona oeste rosarina, fue imputado con prisión preventiva como un miembro de la banda de Los Menores que integró el brazo armado del grupo, se ocupó de la gestión del armamento e intervino en un plan para desplazar de la conducción de la barra brava de Rosario Central a Andrés “Pillín” Bracamonte, el histórico líder asesinado en noviembre de 2023. Le imputaron, además, un resonante caso de extorsión que tiene implicado a un empresario.
Se trata de Alexis Emanuel “Chamí” Mendoza, de 31 años, por quien el gobierno de la provincia había ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos y expresado un interés político en su arresto al definirlo como un prófugo de “alto perfil”. Tenía pedido de captura desde mayo de 2025 y el pasado 8 de marzo fue detenido durante un operativo en Alsina al 2900, donde lo atraparon al salir de una reunión familiar. Cuenta con una condena en su legajo del año 2018 a 4 años y medio de prisión por amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación de arma.
El viernes pasado fue imputado en el Centro de Justicia Penal como miembro de una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad llamada Los Menores y por un hecho de extorsión a una familia para quedarse con su casa de la zona sudoeste. De acuerdo con las circunstancias que relató el fiscal Ignacio Hueso, Chamí Mendoza fue encargado de armamento de la organización y uno de los afectados al plan para destituir a Pillín en la búsqueda de expansión de la banda.
El juez Fernando Sosa admitió la imputación y dictó la prisión preventiva por el plazo legal de dos años de Mendoza, ubicado a partir de conversaciones y registros telefónicos de aparatos secuestrados en la investigación a la banda. Su jefe prófugo es Matías Gazzani, un nombre que recientemente apareció mencionado en banderas intimidantes colgadas en la calle.
La expansión de la banda
Oriundo del barrio Triángulo, en la zona sudoeste, Chamí es considerado un miembro de la banda nacida en abril de 2020 en el barrio 7 de Septiembre y que disputó de forma violenta su llegada a los barrios Stella Maris, La Bombacha y Emaús. A partir de entonces, según la fiscalía, comenzó su expansión territorial para la venta de drogas al menudeo y la usurpación de viviendas, atentados y extorsiones.
Un derrotero en el que incluso, según la pesquisa, se trazaron alianzas con otros narcos de peso como Claudio “Morocho” Mansilla en barrio Santa Lucía; Francisco “Fran” Riquelme, actualmente en juicio, en Ludueña e Industrial; Leandro “Gordo” Vilches en Empalme Graneros; Mauricio Ayala en Parque Oeste y Luis Lobos en Bajo Cullen, Villa Nueva, San Francisquito y La Lata. Otra alianza es la que Gazzani estableció con Lisandro “Limón” Contreras, quien a cambio de mano de obra violenta proveyó de recursos económicos y contactos con la policía.
En el caso de Mendoza, fue acusado de mantener nexos con la barra brava de Central. De acuerdo con la imputación, la organización se proponía poner a un referente propio en la conducción de la hinchada del club de Arroyito. “Para ello, entre los meses de agosto de 2024 y enero de 2025 organizaron recursos y personas con el fin de llevar a cabo actos delictivos que permitan desplazar del liderazgo de la barra brava del club a Andrés Bracamonte y a su entorno”, planteó la fiscalía, en referencia al jefe asesinado el sábado 9 de noviembre de 2023 junto a Raúl “Rana” Attardo en una emboscada cerca del estadio.
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Con ese fin, planteó la acusación, la banda dispuso de integrantes que tenían como tarea concretar ese objetivo. En esa empresa, el rol que le adjudicaron a Mendoza fue el de haber mantenido vínculos con dos barras canallas ya detenidos, Mirko Benítez y Luis Palavecino, y participado en “hechos delictivos altamente violentos” ordenados por éste último. Además le atribuyeron haber participado en el almacenamiento y la custodia de armas, material balístico y estupefacientes.
Extorsión por un bolso perdido
Por último, Mendoza fue implicado en un caso de extorsión del año pasado que tiene imputado al empresario local Pedro Alberto Kolonisky, también ligado a la barra de Central e investigado como proveedor de armas a bandas criminales. En este caso Chamí fue acusado por la fiscal Juliana González, quien le atribuyó haber sido uno de los que extorsionaron a una mujer que ocasionalmente, desde agosto de 2024, guardaba armas, municiones y estupefacientes de la banda en su casa de Pedro Lino Funes al 3000.
La tarde del 29 de marzo la mujer llegó a su casa y unos minutos después arribó en bicicleta en un integrante de Los Menores que le solicitó la devolución de un bolso con cuatro pistolas y una ametralladora que habían dejado allí días antes. Ella respondió que desde el 27 de marzo había notado la desaparición del bolso y creía que alguien ya lo había retirado. La llevaron a un domicilio donde la amenazaron con matarla si el bolso no aparecía. Luego un grupo la escoltó de regreso a su vivienda.
A las 16.44 llegaron cuatro hombres en una camioneta Ranger Raptor —según la acusación, Kolonisky entre ellos— de la que descendieron tres ocupantes y bajo amenazas le dieron quince minutos para que abandonara su casa. La mujer y su familia se retiraron en el momento de su hogar pero siguieron recibiendo intimidaciones por WhatsApp para que firmaran documentos de entrega del inmueble.
