Archivo
Los fiscales Mariela Jiménez y Javier Hernández llevan adelante la pesquisa que dejó presos a los cuatro policías.
Cuatro policías que prestaban servicios en la seccional 8ª de la ciudad de Santa Fe, ubicada en la avenida General Paz al 7300 de la zona norte de la capital provincial, quedaron en prisión preventiva acusados de torturas aplicadas a cuatro personas en el interior de la dependencia policial. La medida fue adoptada en tres audiencias presididas por jueces diferentes.
“Con las evidencias que presentamos hasta el momento, y atendiendo a la instancia procesal en la que estamos, los tres jueces dieron por acreditados los hechos ilícitos”, valoraron los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, a cargo de la investigación. “También hicieron lugar a la calificación penal que atribuimos a los cuatro empleados policiales”, agregaron.
“Los delitos que investigamos comenzaron alrededor de las 13 del jueves 28 de enero cuando dos oficiales y un suboficial ingresaron sin autorización legal, sin las formalidades prescriptas por la ley y sin permiso de sus moradores en dos viviendas ubicadas en la zona norte de la ciudad de Santa Fe”, relataron los fiscales. Y agregaron que los acusados “privaron ilegalmente de su libertad a las cuatro víctimas, a las que llevaron a la sede de la seccional 8ª, en donde las mantuvieron sin orden judicial ni notificación al fiscal en turno hasta las 10 de la mañana del día siguiente”.
Según trascendió, las cuatro víctimas se encontraban reunidos en una vivienda de Regimiento 12 de Infantería al 1500 fueron trasladados a la seccional por violación al toque de queda sanitario. Horas después, cerca de las 10, terminaron siendo liberados. Pero previo a retirarse uno de los detenidos habría sustraído una computadora portátil perteneciente a un efectivo de la comisaría.
Hernández y Jiménez precisaron que “en la sede de la dependencia policial los cuatro imputados agredieron físicamente a las víctimas, las introdujeron en una oficina y las obligaron a desnudarse. Una vez que se habían sacado la ropa, los policías volvieron a agredir a los cuatro jóvenes detenidos. Lo hicieron con golpes de puño y con patadas, con un cinto con hebilla y con un palo de madera de escoba, el que finalmente se partió a raíz de los golpes propinados a uno de los agredidos”.
“Además, a dos de ellos les aplicaron otros tormentos. Les introdujeron la pistola reglamentaria en la boca y gatillaron con el objetivo de simular un fusilamiento, utilizaron el palo de escoba para amenazarlos con la comisión de delitos contra la integridad sexual y golpearon con una sartén y con una pala de limpieza a uno de los detenidos”, describieron los fiscales a partir de la denuncia de los jóvenes apresados.
También sostuvieron que “mientras se desarrollaba esa sesión de torturas, los policías imputados les exigían a las víctimas información acerca de una computadora portátil que habría sido sustraída ese mismo día de la dependencia policial, a la vez que los amenazaban con «hacerlos boleta» y prender fuego la vivienda de uno de ellos si efectuaban la denuncia de lo que estaban padeciendo”.
“Por último, y con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad los allanamientos ilegales realizados y las privaciones ilegítimas de la libertad de las víctimas, los dos oficiales insertaron declaraciones falsas en las actas de procedimiento y en el libro de guardia de la seccional”, indicaron los fiscales. “De esta manera, pretendieron documentar que los hechos ocurrieron en forma distinta a lo denunciado por las víctimas”, argumentaron.
Las cuatro personas imputadas son el oficial R.L., de 40 años; la oficial E.Y., de 30; y los suboficiales S.A.G., de 35; y A.E.O., de 31 años, dijeron desde el área de prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los fiscales Hernández y Jiménez aclararon que “los cuatro imputados son investigados como coautores de los delitos de torturas, lesiones leves, apremios ilegales, amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales”. Además, agregaron que “a los dos oficiales y a uno de los suboficiales también se los investiga como coautores del allanamiento ilegal, hurto calificado (por ser miembros integrantes de una fuerza policial), encubrimiento calificado (por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por ser cometido por funcionarios públicos), falsedad ideológica en instrumento público calificada (por ser cometida por funcionario público con abuso de sus funciones)”.
“Como consecuencia de todo lo ocurrido fueron constatadas múltiples lesiones, escoriaciones y cortes en distintas partes de los cuerpos de las víctimas”, remarcaron los fiscales y concluyeron que “los cuatro hombres padecieron un grave sufrimiento psicológico y físico”.
Las medidas cautelares impuestas a las personas investigadas fueron ordenadas por los jueces Nicolás Falkenberg, José Luis García Troiano y Pablo Busaniche en audiencias llevadas a cabo en los tribunales de la capital provincial el sábado 6, el jueves 11 y el viernes 20 de febrero respectivamente.∏