El hijo de Norma Acosta fue imputado en el marco de una investigación sobre una balacera vinculada a un caso de corrupción policial
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
.La eliminación del historial de WhatsApp se expuso en el Centro de Justicia Penal.
La Justicia rosarina ordenó este viernes la prisión preventiva de un reparador de celulares por haber colaborado para borrar mensajes de Whatsapp. Fuentes oficiales plantearon que intentó ayudar a su madre a eliminar evidencia de una causa del año anterior.
Sergio L. pasará 30 días en la cárcel como parte de las medidas para profundizar la investigación sobre una balacera registrada en mayo. Su madre había denunciado el ataque a tiros y luego la detuvieron por haber organizado un autoatentado en ese domicilio. A su vez, el caso se conecta con la causa sobre el multimillonario fraude en la carga de combustible de la Policía de Santa Fe.
El fiscal Pablo Socca señaló al hijo de Norma Acosta como coautor de violación de sellos y documentos. Se trata de un delito asociado a la sustracción e inutilización de objetos bajo custodia que sirvan como prueba ante las autoridades.
Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el funcionario a cargo de la investigación sostuvo que el imputado y su madre planificaron cómo deshacerse de la evidencia del teléfono móvil de esta última con ayuda de otras personas no identificadas hasta el momento. Al aparato fue secuestrado el último 21 de mayo a la mañana por una orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero esto no bastó para preservar su contenido.
El fiscal recordó que el dispositivo quedó en manos de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe cuando Acosta fue liberada y notificada respecto de la formación de la causa sobre falso testimonio en relación al ataque perpetrado dos semanas antes. Esa tarde se fue de las dependencias ubicadas en Catamarca al 1200 e inmediatamente pidió una nueva tarjeta SIM.
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Como suele ocurrir con la mayoría de los clientes, la mujer de 48 años fue a una sucursal de su empresa de telecomunicaciones y denunció que había extraviado el celular. Una vez que la atendieron, consiguió un chip con el mismo número de línea y se reunió con su hijo.
El técnico reparador puso la tarjeta SIM en otro dispositivo y abrió Whatsapp con la cuenta de Gmail de su madre. A las 19.41 empezaron a borrar archivos, imágenes y mensajes que hasta entonces también estaban disponibles en el teléfono secuestrado por la policía.
Acosta y su hijo no eliminaron todo el archivo. En cambio, seleccionaron especialmente el material de ciertas conversaciones, incluidas algunas con funcionarios públicos aún no identificados. Esta maniobra les permitió impedir que la Fiscalía pudiera acceder a esta evidencia cuando revisara el celular secuestrado esa mañana. Al final de la audiencia vinculada a esta maniobra, el juez Lisandro Artacho aceptó la calificación legal de los hechos y ordenó la prisión preventiva efectiva de Sergio L. por 30 días.
La balacera previa a esta imputación ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana del 7 de mayo en pasaje Larguía al 3400. Dos días antes se habían realizado los primeros allanamientos que terminaron con 16 policías detenidos por malversación de fondos para comprar combustible de vehículos oficiales. Socca dijo que la dueña de la casa se aprovechó de la exposición del ataque para "tomar una postura ante los medios de comunicación como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad de la provincia".
A medida que avanzó la investigación, el fiscal determinó que la supuesta víctima había prestado declaración con el fin de "instalar hipótesis ficticias y fraudulentas e introducir información falsa e incriminatoria sobre diferentes autoridades policiales por razones desconocidas”. El plan del autoatentado fue diseñado junto a Juan José Gómez, miembro de la barra brava de Newell's. Aunque este último sólo fue denunciado por una participación primaria, ambos quedaron bajo prisión preventiva por seis meses tras una audiencia realizada a principios de septiembre.
Previamente, el MPA ya había imputado a Nicolás R. (18) como coautor de abuso de armas, agravado por la participación de un menor de edad. Nahuel D., un joven apodado Monta y ligado a la tribuna rojinegra, también fue señalado por el mismo delito.
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