Alertan por un aumento en la negativa de las familias aunque la judicialización es excepcional. El fallo priorizó la salud del bebé y reabrió el debate
Foto de archivo. Los bebés recién nacidos deben ser vacunados
Un fallo reciente de la Justicia de Rosario ordenó la aplicación obligatoria del esquema de vacunación a un niño por nacer, pese a la negativa expresa de sus progenitores. La decisión priorizó el interés superior del bebé, pero también encendió alertas en el sistema de salud por un fenómeno que, aunque minoritario, comienza a repetirse: el rechazo a vacunar.
La medida se dictó en el marco de una acción de protección de persona impulsada por una institución de salud de la ciudad, luego de reiterados rechazos de los padres a autorizar la aplicación de vacunas al momento del nacimiento, en particular las correspondientes a Hepatitis B y BCG.
Según consta en la causa, los progenitores manifestaron en varias oportunidades su decisión de no vacunar al niño, incluso firmando formularios oficiales de negativa, sin invocar ninguna contraindicación médica. La postura estuvo basada en creencias personales.
Frente a esta situación, el equipo médico advirtió sobre los riesgos concretos de omitir la inmunización. En particular, señaló que no aplicar la vacuna contra la hepatitis B en las primeras horas de vida aumenta el riesgo de infección crónica, cirrosis y cáncer hepático. En tanto, la falta de BCG expone al niño a formas graves de tuberculosis.
Ante la persistencia del rechazo, la institución activó los mecanismos legales correspondientes, incluyendo la intervención de organismos administrativos y la presentación de la acción judicial.
Agustina Ostoich, del Departamento de Derecho de Salud del Estudio Casanova y abogada del caso, contó en diálogo con LT8: "Los progenitores le comunicaron a la obstetra la negativa de vacunación. Desde ahí, el centro de salud reportó el caso a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, el MPA y finalmente a la Justicia". El bebé aún no nació, pero ya quedó establecido que deberá ser vacunado.
En ese sentido, remarcó que los efectores no solo están habilitados, sino obligados a intervenir frente a situaciones de negativa injustificada, incluso mediante medidas coercitivas si fuera necesario.
El caso no aparece de manera aislada. Desde instituciones de salud privadas de Rosario advierten que se registra un aumento en la negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos, aunque aclaran que no se trata de un fenómeno mayoritario.
“Vemos un crecimiento en la negativa a vacunar por parte de los padres. No lo tenemos cuantificado con precisión, pero es una tendencia que se sigue consolidando”, señalaron fuentes del sector.
En ese contexto, remarcan que la judicialización de estos casos es excepcional. “Es el último recurso, por eso no es frecuente”, explicaron, y subrayaron que antes de llegar a esa instancia se activan distintos dispositivos de acompañamiento.
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Entre ellos, se incluyen espacios de diálogo, asesoramiento médico y estrategias de información destinadas a desmitificar temores vinculados a las vacunas, que en muchos casos están asociados a desinformación o creencias personales.
El fallo, en ese sentido, no solo resuelve una situación puntual, sino que se inscribe en un escenario más amplio donde el sistema de salud empieza a enfrentar nuevos desafíos en torno a la confianza y la adherencia a las políticas de vacunación.
En el fallo, resultó clave un elemento: los padres habían firmado formularios oficiales de negativa a la vacunación, un documento que dejó constancia de su rechazo pese a las advertencias médicas.
Se trata de un instrumento utilizado en el sistema de salud cuando los adultos responsables deciden no autorizar la aplicación de vacunas obligatorias. Aunque puede parecer un trámite administrativo, en la práctica cumple un rol central en situaciones de conflicto como la que terminó en la Justicia.
El formulario de negativa es un documento que firman los progenitores o tutores luego de recibir información médica sobre la importancia de la vacunación y los riesgos de no aplicarla.
Al firmarlo, dejan asentado que: fueron informados por profesionales de salud, comprenden las posibles consecuencias y aun así deciden no vacunar Este registro formal evita que la decisión quede en el plano verbal y permite documentar el proceso dentro del sistema sanitario.
Más allá de su función administrativa, el formulario tiene implicancias legales y sanitarias. Por un lado, protege al equipo médico, ya que acredita que cumplió con su deber de informar. Por otro, deja constancia de una decisión que puede ser evaluada por autoridades sanitarias o judiciales si se considera que pone en riesgo la salud del menor.
Al resolver el caso, el tribunal hizo foco en el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional.
En ese sentido, el fallo remarca que la responsabilidad parental no es absoluta y encuentra límites cuando las decisiones de los adultos ponen en riesgo la salud o la vida de los menores.
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Además, se destacó que la vacunación forma parte de una política de salud pública obligatoria, en línea con la ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, que define a las vacunas como un bien social, de interés nacional, y prevé incluso su aplicación compulsiva en caso de incumplimiento.
El tribunal también advirtió que la negativa a vacunar no solo afecta al niño, sino que tiene implicancias más amplias, al debilitar la inmunidad colectiva y aumentar el riesgo de propagación de enfermedades prevenibles.
En ese marco, la jueza interviniente resolvió ordenar a los padres el cumplimiento del esquema obligatorio, autorizar al efector de salud a proceder con la vacunación de manera compulsiva en caso de persistir la negativa y disponer el seguimiento del caso por parte de organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Por Lucas Ameriso
