Un proyecto en el Concejo busca que los vehículos que son secuestrados circulando con caños adulterados se destruyan tras 15 días en el corralón. Las multas se agravarían a entre $2,1 y $3,1 millones
El proyecto establece que si los titulares no retiran las motos tras 15 días desde su remisión, podrán ir a compactación.
Un proyecto presentado en el Concejo Municipal de Rosario propone que las motos que circulen con escapes libres, modificados, adulterados o antirreglamentarios puedan ser enviadas a compactación cuando permanezcan retenidas en los corralones municipales y no sean retiradas por sus titulares dentro de los 15 días posteriores a su secuestro.
La iniciativa fue presentada por el concejal Federico Lifschitz y apunta a establecer un procedimiento específico para los motovehículos secuestrados por infracciones vinculadas con la utilización de caños de escape que generan emisiones sonoras por encima de los límites permitidos. El planteo sostiene que este tipo de modificaciones no sólo afecta la convivencia urbana sino que también genera una percepción de impunidad frente a conductas que están expresamente prohibidas.
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El proyecto modifica el artículo 293 del Código de Convivencia Ciudadana para elevar las multas de los 1.000 a 1.500 Unidades Fijas (hoy va de 30 a 200 UF) para las infracciones relacionadas con motovehículos que provoquen ruidos superiores a los límites reglamentarios o que tengan escapes libres, modificados, adulterados, antirreglamentarios o no homologados. Con una UF que actualmente llega a los $2.092, los montos oscilarían entre los $2.092.000 y $3.138.000.
Pero el principal cambio que propone la iniciativa está relacionado con el destino de las motos que son remitidas a los depósitos municipales. El proyecto incorpora un apartado especial al régimen de disposición final de vehículos y establece que, si el titular no retira la moto dentro de los 15 días corridos desde su remisión al corralón, podrá iniciarse el procedimiento para su descontaminación, compactación y posterior enajenación como chatarra.
Para que eso ocurra deberá cumplirse previamente con el debido proceso. La autoridad municipal deberá notificar fehacientemente al titular registral y realizar la correspondiente publicación por edictos. A partir de esa instancia se otorgará un plazo de al menos cinco días corridos para que el propietario o una persona con legítimo derecho pueda presentarse, acreditar la titularidad y retirar el vehículo, previo cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos por la normativa.
Si transcurrido ese plazo la persona legitimada no retira la moto, el vehículo será considerado abandonado y podrá avanzar el procedimiento de disposición final.
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La propuesta también establece que deberán quedar exceptuados aquellos motovehículos sobre los que exista una medida judicial, administrativa o registral que impida su disposición, así como los casos en los que exista una controversia sobre su situación jurídica que requiera una resolución previa de la autoridad competente.
Lifschitz sostiene que el problema no pasa solamente por la infracción inicial sino también por la permanencia de estos vehículos durante períodos prolongados en los corralones. Según los fundamentos del proyecto, la guarda de motos y automóviles genera costos de conservación y administración y compromete la capacidad operativa de esos espacios municipales.
El concejal planteó que no debería existir tolerancia frente a quienes circulan con escapes liberados y sostuvo que las sanciones actuales no resultan suficientemente disuasorias para impedir la reiteración de estas conductas. "El que se anime tendrá consecuencias graves, hasta llegar al rodado compactado", afirmó.
La iniciativa también busca incorporar al nuevo mecanismo a las motos que ya se encuentran actualmente en dependencias municipales por infracciones relacionadas con escapes deficientes, libres o antirreglamentarios. En esos casos, podrán ser incluidas en el procedimiento siempre que se respeten las garantías y el debido proceso previsto en la normativa.
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El proyecto se apoya en distintas normas municipales y nacionales que ya establecen restricciones sobre la emisión de ruidos y las condiciones técnicas de los vehículos. Entre ellas menciona el Código de Tránsito de Rosario, que contempla la remisión a los corralones de aquellos vehículos que no reúnen las condiciones de seguridad y exigencias técnicas, y el Código de Convivencia, que actualmente sanciona la circulación de vehículos con escapes deficientes o antirreglamentarios.
Además, la ordenanza que regula la disposición final de vehículos depositados en los corralones ya contempla mecanismos de descontaminación, declaración de abandono, compactación y enajenación como chatarra. El proyecto busca aplicar ese régimen de manera específica a las motos retenidas por este tipo de infracciones.
Otro de los puntos planteados es la obligación de publicar periódicamente información sobre el funcionamiento del sistema. El municipio debería informar la cantidad de motovehículos sancionados y remitidos por escapes deficientes, libres o antirreglamentarios, cuántos fueron declarados abandonados, cuántos terminaron compactados y cuántos fueron vendidos como chatarra. También deberá informarse cuántas motos fueron recuperadas para ser utilizadas en dependencias municipales, de acuerdo con el proyecto.
El objetivo declarado por el autor es que la sanción no termine únicamente en una multa sino que exista una consecuencia sobre aquellos vehículos que permanecen en los depósitos municipales sin ser retirados por sus titulares. La propuesta deberá ahora ser analizada por el Concejo Municipal antes de avanzar hacia una eventual modificación de la normativa vigente.
Por Juan Iturrez
