Los cuatro suboficiales integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) sospechados de matar a Jonathan Ezequiel Herrera, el vecino de 22 años asesinado en la puerta de su casa mientras lavaba su auto y trataba de refugiarse de la persecución a un ladrón, fueron imputados ayer del delito de "homicidio calificado por abuso de sus funciones al ser miembros de las fuerzas policiales", y se ordenó su prisión preventiva sin plazos. A uno de ellos se le endilgó la autoría material del crimen al comprobarse que un proyectil hallado en el cuerpo de la víctima era compatible con su arma reglamentaria, mientras que a los otros tres se le achaca la tentativa como coautores, ya que dispararon con el mismo fin pero no causaron el resultado letal.
Tienen entre 19 y 24 años, son egresados de la promoción 2014 del Instituto de Seguridad Pública (Isep). La defensa evidenció la precaria instrucción de los uniformados, y que uno de ellos ni siquiera aprobó el examen de tiro. "Son agentes inexpertos, de 20 años, que debieran tener dos años de preparación y el gobierno los larga a la calle con apenas 6 meses de instrucción", advirtió uno de los defensores.
El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, llegó ayer a la audiencia imputativa con una batería de evidencias que sustentan la hipótesis de un accionar policial desmedido ocurrido el 4 de enero cuando le causaron la muerte a Jonathan en la puerta de su casa, en Seguí y Ayacucho.
Los efectivos fueron identificados como Ramiro Rafel R., 24 años; Francisco R., de 19 años, Alejandro G, de 20 años, los tres oriundos de la capital provincial; y Luis S., de 21 años, de la localidad de Calchaquí.
En silencio. Con la mirada dolorida de los padres y dos de los nueve hermanos de Jonathan clavadas en sus nucas, los empleados policiales vestidos de civil con ropa sport se sentaron en el banquillo y se abstuvieron de declarar.
El fiscal hizo un recorrido cronológico del hecho. Mostró croquis, fotos, enumeró testimonios, describió las actas de la Policía Científica y de la seccional 16, recreó los dichos de testigos clave (dos empleados de la estación de Servicio de Seguí y Ayacucho, del chofer del colectivo que trasladaba a los efectivos del PAT), pericias, análisis balístico y sólida documental respaldatoria.
Confirmó que todo se comenzó a las 15.13 de ese día cuando cuatro agentes del Comando Radioeléctrico (CRE) perseguían a un ladrón que minutos antes había robado una juguetería de San Martín al 3500. Luego de descartarse la moto en la que huía, siguió a pie por el carril norte de Seguí hacia el este. Pero en ese momento y casi en paralelo por el carril norte circulaba un micro de la linea 133 de la Semtur, también hacia el este.
"Los agentes del PAT que viajaban en el colectivo observaron lo que sucedía e hicieron detener al colectivo. Ramiro y Alejando fueron por detrás del micro y Luis y Francisco por delante. Desde esos lugares, y una vez que el Comando ya había reducido con disparos de arma al presunto autor del robo, (los efectivos de la PAT) continúan disparando contra Herrera, ajeno al hecho y en circunstancias que se trataba resguardar de la persecución inicial entre su VW blanco y unos tambores de agua. En ese momento recibe los tres disparos: uno en la arteria hipogástrica que se aloja en la cadera derecha, otro en el pie derecho y uno que le roza el cráneo", ilustró Spelta.
Esa exposición fue acompañada con fotos y un un croquis muy claro confeccionado por la policía científica. En ambos registros se observa el escenario del crimen con las marcas de los más de 20 balazos, la posición de colectivo, la línea de persecución y las perspectivas de tiro, tanto del PAT como del Comando, el lugar donde Jonathan quedó herido de muerte y donde cayó el delincuente.
Para reforzar la ide de que los policías acusados tiraron a mansalva donde estaba la víctima, Spelta mencionó el relato de algunos testigos. "Cuando llego a Ayacucho hago 4 disparos y cae (el delincuente herido). En ese momento escucho un montón de disparos más. Veo que el muchacho (por Jonathan) se tira detrás de los tachos en el mismo momento que la TAC disparaba. Una vez que nosotros habíamos dejado de tirar se escucharon mas disparos", aportó el empleado del Comando.
También fueron parte de las evidencias las declaraciones de al menos 10 compañeros de los acusados del PAT, quienes reconocieron dónde estaban ubicados al revisar un video que Spelta les mostró de una cámara de videovigilancia de Ayacucho y Seguí, y de otro domo privado instalado en la estación de servicio.
El uniformado Ramiro Rafel R. fue acusado de la autoría material del homicidio, ya que el proyectil extraído en la cadera de Herrera se condice con el arma oficial calibre 9 milímetros desde donde partió la bala homicida.Este tiene una causa penal por amenazas de 2011.
Escasa formación. En tanto, Spelta dejó en evidencia la actuación imprudente de los uniformados o al menos su escasa formación. Y tras recordar que hay otros dos agentes del PAT acusados de encubrimiento por levantar vainas servidas del lugar, remarcó: "son personas inexpertas que levantaron las vainas antes de que llegara la división criminalística".
El juez Gonzalo López Quintana, que presidió la audiencia habló de "una notable actuación del fiscal, con numerosa evidencia, con actas, secuestro de armas, vainas, entrevistas (destacó la de los playeros, el chofer y la de los agentes de CRE), fotos, filmaciones, croquis demostrativo, análisis balístico. Indicó que a Rosales le cabría la pena más grave contemplada en el Código Penal (reclusión perpetua), mientras que sus tres compañeros les correspondería entre 8 y 25 años de prisión.
Para el juez hubo a esta altura del trámite no hubo acción negligente sino un "acto irresponsable de disparar indiscriminadamente contra civiles en su rol de funcionario públicos".
"Los largan con seis meses de instrucción"
Cuando la defensa de los cuatro policías acusados se opuso a la prisión preventiva, y como medida alternativa solicitó su arresto domiciliario, no sólo elaboró una estrategia para tratar de imponer una idea del hecho como accionar alejado de toda intención de matar (dijeron que la víctima se cruzó imprevistamente en la línea de fuego), sino que apoyaron esa hipótesis en la insuficiente instrucción de los empleados de seguridad.
“Son agentes inexpertos, de 20 años de edad, que debieran tener dos años de preparación y el gobierno los larga a la calle con apenas 6 meses de instrucción. Uno de ellos ni siquiera aprobó el examen de tiro”, advirtió casi en tono de denuncia el abogado defensor Romeo Diaz Duarte sobre un dato que, de comprobarse, aparece como una grave deficiencia de gestión, que apunta directamente al poder político provincial.
En ese sentido el profesional no ahorró críticas hacia el Poder Ejecutivo: “Esto es producto de la soberbia e imprudencia del gobierno; son otros los que deberían estar acá dando explicaciones”, recalcó el letrado acerca de alegada falencia en la preparación de los uniformados de la PAT.
Junto a los abogados Alberto Tortajada y Natalia Giordano, pidió 48 horas de plazo para revisar las pruebas que expuso el fiscal Adrián Spelta contra sus clientes. Recalcaron que no fueron incorporadas al expediente las pericias balísticas (que aparecen como contundentes), y en virtud del origen de los acusados y que no existe peligro procesal, de entorpecimiento de la investigación ni de fuga, solicitaron la prisión domiciliaria, la que finalmente negó el juez Gonzalo López Quintana.
