Un nuevo caso de corrupción policial en Rosario vuelve a poner sobre la mesa una de las problemáticas históricas para los gobiernos de la provincia de Santa Fe. En esta ocasión se destapó una causa por irregularidades en los fondos para combustibles en las distintas divisiones locales, lo que provocó la intervención de la Unidad Regional II y el desplazamiento de sus jefes. Pero a lo largo de lo que lleva la gestión de Maximiliano Pullaro salieron a la luz muchas otras investigaciones sobre delitos cometidos por uniformados, la mayoría de ellos relacionados al narcotráfico. Un trasfondo que contrasta con el respaldo y la legitimidad que el gobernador y su Ministerio de Seguridad manifiestan hacia la institución policial.
Desde el gobierno provincial ya expresaron en más de una ocasión su postura sobre los casos de corrupción policial. Este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni volvió a hacerlo respecto de esta última causa. “Siempre hemos dado a la policía el más enérgico de los respaldos, pero la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos. Valoramos y destacamos el aumento del patrullaje y la operatividad, pero no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”, sostuvo el funcionario. "Creo que los primeros indignados son los policías que cumplen correctamente con su trabajo", había dicho el ministro en marzo pasado ante otro caso.
De hecho fue el propio gobierno el que le dio a esta investigación la dimensión de un asunto institucional grave, anunciando el desplazamiento de la jefatura de la URII y su intervención. Lo cierto es que se trata de un caso más en una larga lista de investigaciones que apuntan a distintos tipos de corrupción en la fuerza. Un contexto que muestra las verdaderas complejidades que enfrenta un gobierno al momento de gestionar la seguridad pública y que van más allá de la persecución a bandas criminales.
Desplazamientos en la URII
Según explicaron en la conferencia de prensa de este lunes, la investigación por malversación de fondos se inició en julio de 2024 por una denuncia anónima. Se trata de un mecanismo de sobrefacturación en la venta de combustibles. “Había vehículos que cargaban 10 litros y se les facturaban entre 20 o 30 litros”, explicó este martes Omar Pereyra, secretario de Seguridad Pública provincial.
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El funcionario explicó que la causa compromete también a civiles, sobre todo a dueños o encargados de estaciones de servicios, por lo que describió un caso de “corrupción compartida”. El fiscal a cargo de la investigación, José Luis Caterina, estimó que la sobrefacturación alcanzaba unos 45 millones de pesos mensuales.
En ese contexto la investigación por el momento alcanza a 16 policías con cargos jerárquicos en distintas divisiones de la fuerza y a cuatro civiles. La situación de cada uno se resolverá en los próximos días, pero desde el gobierno tomaron la decisión de intervenir la Unidad Regional II. Por ese motivo, si bien no aparece como sospechoso en la causa, fue desplazado el jefe Daniel Acosta y reemplazado por el interventor Claudio Romano.
Una Policía con respaldo
El gobierno provincial comenzó su gestión marcando un fuerte respaldo a la policía provincial. Uno de los pilares fue el anuncio, finalmente concretado, de la Ley Luciano para modificar el tratamiento judicial en casos de legítima defensa. Pero también hubo un paquete de leyes que apuntó a empoderar a la policía en su trabajo diario en la calle. La ley de Emergencia en Seguridad Pública para ampliar los presupuestos destinados a equipamientos y salarios, entre otras inversiones. La modificación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la policía, para permitir a los uniformados a detener personas por un plazo de seis horas para poder identificarlas en caso que no porten documentos. Y, sobre todo, la Ley de Microtráfico.
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Esta última se formalizó en la adhesión de la provincia a la Ley nacional de Desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. Habilitó la intervención de la policía y la Justicia provincial en asuntos de narcomenudeo, fenómeno muy ligado a la violencia urbana. En ese marco se creó una unidad de investigación dependiente de la Fiscalía General de la provincia. Otra herramienta que habilitó esta ley fue el cese antijurídico para derribar o inhabilitar puntos de venta de drogas.
Con el tiempo comenzaron a aparecer casos de corrupción ligados al uso ilícito que policías provinciales hacen de las atribuciones que contempla la Ley de Microtráfico. Hechos que se judicializaron en investigaciones a policías imputados por utilizar las herramientas que brinda esta ley para recaudar dinero, robar droga, armas procedimientos y causas u obtener información de manera ilegal.
Casos de corrupción en microtráfico
Uno de los casos más impactantes ocurrió el 13 de agosto pasado en una casa de la zona oeste. Agentes de la Policía de Acción Táctica comunicaron a la Fiscalía de Flagrancia la detención de dos sospechosos que habían huido al ver a los agentes y a los que les habían secuestrado un trozo de medio kilo de cocaína. Lo que se supo luego fue que, en verdad, habían armado el procedimiento para robarles 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares. Por esta causa, que terminó en la Justicia federal, hay nueve policías imputados y entre ellos el jefe de la PAT.
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En diciembre pasado fiscales de Rosario imputaron a Marcelo “Frentudo” Fernández y a otras cuatro personas en una causa por nacomenudeo en el barrio Parque Casas. Durante la audiencia se ventilaron evidencias de filtraciones de información reservada. “Supuestamente van a allanar”, decía un mensaje visto en un celular secuestrado, lo que dejaba en claro que policías con los que tenían connivencia les habían avisado. El operativo fue dos días después de ese mensaje y el resultado fue magro: en 30 domicilios allanados secuestraron 100 gramos de cocaína.
Con un trasfondo similar en marzo pasado fueron imputado seis agentes de la Brigada Motorizada por armar una causa con información que les había proporcionado una vendedora de drogas del mismo barrio Parque Casas. La mujer les entregó el dato de un vendedor de armas al que un grupo de agentes abordó en la calle y dejó libre tras extorsionarlo con el pago de dos millones de pesos. Parte del mismo grupo, luego, le plantó cocaína a un consumidor que fue aprehendido en la calle y se negó a brindarles información.
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"Desde que se implementó la ley se empodera a la policía de la provincia. Para qué, para que pise fuerte en el territorio en orden a la venta de drogas. Con lo cual está más que claro que necesariamente tiene que haber una connivencia para generar ese método de control del territorio", analizó sobre este fenómeno un investigador consultado.
Policías en bandas criminales
En un nivel de mayor complejidad también se tomó conocimiento de policías que forman parte de bandas criminales. Acaso un fenómeno histórico en la provincia, sobre todo si se tiene en cuenta que las dos organizaciones más conocidas -Los Monos y Esteban Alvarado- tienen entre sus condenados a varios ex miembros de la fuerza. Pero durante la gestión del gobierno actual aparecieron al menos dos casos con una relación muy estrecha a hechos violentos que generaron conmoción social e institucional.
A dos días de iniciado el gobierno de Pullaro ocurrieron varios atentados a tiros contra entidades públicas y privadas en los que los autores dejaron amenazas para el mandatario provincial. Con el tiempo se supo que las armas utilizadas en al menos seis de esos hechos estaban en manos de tres policías. Trascendió dos meses después, cuando esos agentes intentaron plantárselas a un hombre vinculado a una banda del barrio Parque Oeste. Después de estar preso unos días, esta persona declaró y se comprobó que los policías les habían puesto las armas en un auto junto a un cartel que mencionaba al gobernador. La hipótesis de la Fiscalía es que lo hicieron a cambio de cinco millones de pesos para favorecer a una banda rival a la que intentaron incriminarle los atentados.
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Otro botón de muestra aparece en abril pasado, tras la imputación del suboficial Jonatan Garraza. La Fiscalía le atribuyó ser organizador de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico y otros delitos, liderada por Lisandro “Limón” Contreras. Sus nombres trascendieron públicamente tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, por la presunta cercanía de ambos con la banda “Los Menores”, investigada por el asesinato del jefe de la barra de Rosario Central. Los dos se habían mantenido en el anonimato y lejos de la lupa judicial gracias a la protección de la que gozaban por la información privilegiada a la que Garraza accedía como policía.
