En el caso del exjefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta, el monto asciende a casi más de 240 millones de pesos.
En mayo se realizó la audiencia imputativa y los pedidos de pena de Fiscalía
El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la investigación por maniobras de desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros de Rosario, determinó distintas multas, además de los pedidos de condena. En lo que hace al exjefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta asciende a más de 240 millones de pesos.
De acuerdo a la teoría del caso expuesta por el fiscal, las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas: una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales y la otra, por cargas ficticias o “fantasmas”. Caterina contó que en abril de 2025, un mes antes de los primeros allanamientos, la Unidad Regional II de la Policía había gastado 406.924.155 pesos en combustible. En junio, luego de las detenciones, 348.147.069.
En una audiencia en el Centro de Justicia Penal, el fiscal de la unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional explicó que al elevar el requerimiento acusatorio en mayo pasado, donde se adelantaron las solicitudes de pena para cada imputado, faltó agregar la pretensión de las multas. De momento se cursa la etapa preparatoria del proceso penal. El fiscal Caterina presentó un escrito acusatorio de más de 300 páginas que incluye pedidos de pena que van entre los 14 años y los 3 años y 4 meses para un total de 21 acusados por diversos delitos,
Entre los imputados también se hallan Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería respectivamente.
Los otros agentes acusados, pero de menor rango, fueron Javier Arce, de Infantería; el subinspector Fernando Ceballos, del Grupo Táctico Multipropósito; el subinspector Jorge Delgado, de la División Logística; el subinspector Sergio López, del Comando Radioeléctrico; el subinspector Gustavo Bazán, de la División Logística; el inspector Juan Villordo, de la brigada motorizada; la empleada de la División Personal, Nancy Plomer; y el inspector Franco Cuesta, de la Policía de Investigaciones.
Los montos pedidos por Caterina para los implicados son variados. Para el extitular de la Unidad Regional II Daniel Acosta, 12 años de prisión y $241.920.000 de multa. En tanto que para el secretario privado de Acosta, Rodrigo Domínguez, 14 años de cárcel y una multa de $174.200.000. Por su parte, Mónica Juana Bianconi, titular de la estación de servicio, 8 años y $356.000.000. Para Daniel Alberto Reynoso, encargado de la estación de servicio, 6 años y 8 meses y $25.200.000.
En tanto que para el exjefe del Comando Radioeléctrico Diego Santamaría el pedido fue de 7 años y $54.000.000. El exjefe de la Brigada Motorizada Héctor Saucedo: 7 años y $36.000.000, el exjefe de la Brigada de Orden Urbano Juan Pablo Pigozzi: 8 años y $72.000.000, El exjefe de División Logística Roberto Blanco: 6 años y 8 meses y $12.000.000. Y para Fabián Fantín, de Caballería y Perros: 5 años y $18.000.000, para Adrián Bahl, de Caballería y Perros, 5 años y $13.500.000, para Edgardo Roldán, Roberto Sandoval y Franco Cuesta, involucrados con vehículos específicos asignados para facturación fantasma, $19.620.000, $6.920.000 y $9.000.000, respectivamente.
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Finalmente, para Gustavo Adrián Bazán, Juan Alberto Villordo, Fabián Becerra, Diego Luna, Javier Arce, Fernando Ceballos, Juan Manuel Herrera, Mario Brest: Encargados de cargas y/o jefes menores las multas oscilan entre $3.060.000 y $12.000.000.
La maniobra se gestó en el comedor de la Jefatura. Uno por uno, los jefes de secciones fueron citados a escuchar la propuesta: “Hay que hacer plata con el combustible”. Era mayo de 2023 y acababa de asumir al frente de la Unidad Regional II Daniel Acosta, que esta semana quedó preso como jefe de una asociación ilícita.
Una organización montada en el corazón de la policía rosarina que, de común acuerdo con una estación de servicios, montó un fraude al Estado en millones de pesos. Con estrategias de sobrefacturación y cargas ficticias se generó un flujo quincenal de dinero en efectivo. El 20% era para los civiles. El 80 restante se repartía entre los uniformados y ascendía en la cadena de mando.
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Así describió el fraude un jefe policial detenido en mayo junto a tres civiles y otros catorce policías de distinto rango, en el primer tramo de la investigación. A fines de octubre declaró como imputado colaborador en la causa que investiga el fiscal José Luis Caterina. En una audiencia ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu, con las mismas formalidades de un juicio, detalló la mecánica del engaño. Reveló que sólo el Comando Radioeléctrico, por ejemplo, embolsaba unos 4 millones por quincena.
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