Seis agentes de la policía de la provincia fueron imputados por una serie de delitos llevados a cabo en un contexto de microtráfico. Utilizaron información proporcionada por una vendedora de drogas del barrio Parque Casas acerca de un hombre que vendía armas de fuego, a quien extorsionaron a cambio de no detenerlo. También falsificaron un procedimiento por narcomenudeo y privaron ilegítimamente de la libertad a un consumidor al que golpearon y le plantaron cocaína, por lo cual terminó preso durante 17 días.
Una investigación judicial volvió a exponer cómo agentes de la policía santafesina utilizan de manera ilegal y para beneficio propio los instrumentos que les otorga la ley de microtráfico. La norma, impulsada por el gobierno provincial a comienzo de su gestión a fines de 2023, tiene el objetivo de agilizar en el fuero provincial investigaciones sobre venta de droga al menudeo, un delito estrechamente ligado a la violencia urbana. En este caso, los policías utilizaron las herramientas que brinda esta ley para recaudar dinero, falsear procedimientos y obtener información de manera ilegal.
La mayoría de agentes involucrados en esta causa son muy jóvenes. Lucila Aylen Bellizzi, de 21 años; Dylan Ezequiel Pérez, de 23 años; Rodrigo Tomás Ramírez, de 23 años; Ricardo Font, de 27 años, Marcelo Borovachi, de 26 años y Jesús Soria, de 31 años fueron imputados por varios delitos por parte de los fiscales Karina Bartocci y Pablo Socca. El próximo martes, luego de un cuarto intermedio que fijó el juez Hernán Postma, se resolverá si continúan en prisión preventiva. Además, una médica policial fue imputada pero en libertad.
Una consecuencia colateral de este tipo de procedimientos es que fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que actúan a partir del accionar policial, terminan imputando a personas incriminadas por medio de evidencias plantadas. Tal es el caso de la fiscal Noelia Navone, que a fines de enero dejó preso a un hombre de 31 años y una mujer de 72, a quienes luego tuvieron que liberar al archivarse sus acusaciones.
Contexto de microtráfico
Parte de los delitos que los fiscales investigaron y atribuyeron a los efectivos de la Brigada Motorizada ocurrieron en noviembre de 2024. Los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Bellizzi interceptaron en la calle dos personas que llevaban consigo dos armas de fuego, tres cargadores y una caja de municiones. Allí solo aprehendieron a uno y al otro, identificado como Rubén "Rana" Gusmaroli, lo dejaron libre luego de acordar un pago de dos millones de pesos.
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La raíz del operativo fue el vínculo que los policías tenían con Sandra Álvarez, una vendedora de drogas del barrio Parque Casas que también fue imputada. La mujer le informó a los agentes que "Rana" le había ofrecido armas de fuego y con ese y otros datos lograron emboscarlo.
Entre la información proporcionada por Álvarez estaba el número de teléfono de Rana, a quien el suboficial Dylan Pérez le escribió haciéndose pasar como posible comprador de las armas de fuego. Así fue que coordinaron encontrarse en el domicilio de Álvarez, pero lo interceptaron en el camino. Fue el 22 de noviembre pasado cerca de las 18.30 en la zona de Antequera y Fournier, donde finalmente pactaron un pago de 2 millones de pesos para no detenerlo.
Extorsionado
La decisión de no detener a Rana tuvo como motivo continuar extorsionándolo bajo la amenaza de dejarlo preso. Ante la negativa de brindarle información, el agente le exigió 20 millones de pesos a cambio de no denunciarlo a las autoridades.
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En esta trama de traiciones forzadas por la presión policial, tanto Sandra Álvarez como Rubén Gusmaroli terminaron imputados y detenidos. A la mujer los fiscales le imputaron el delito de cohecho pasivo por brindarle información a la policía de manera ilícita. A Rana, en tanto, le atribuyeron el mismo delito y la portación ilegítima de dos armas de fuego.
Droga plantada
Otro hecho desarrollado en la audiencia ocurrió el 27 de enero pasado e involucra a los policías Jesús Soria, Marcelo Borovachi, Ricardo Font, Dylan Pérez y Lucila Bellizzi. En esa ocasión acudieron a los alrededores de un punto de venta de drogas de Superí y Cavia. Allí aprehendieron a un hombre de 31 años, un consumidor de la zona, y lo hostigaron para que brindara información.
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En ese marco, de acuerdo a lo expuesto por los fiscales, ante la negativa de brindarles información esta persona fue sometida a una golpiza con patadas y con el bastón policial. Minutos después llegó la suboficial Lucila Bellizi, quien sacó dos bolsas con cocaína de su chaleco y le preguntó a su compañero dónde la ponía.
Así fue que le plantaron la droga para motivar su detención y luego plasmaron esa información falsa en el acta de procedimiento. Después se dirigieron al punto de venta, donde terminaron llevándose detenida a Graciela González.
Irregularidades en la comisaría 10ª
El fiscal detalló que Marcelo Borovachi simuló falsamente haber recibido una orden de la fiscal Noelia Navone para trasladar a Graciela González a la comisaría 10º haciéndole creer que tenía que declarar como testigo. Pero en realidad buscaban armarle una causa por tenencia de estupefacientes. La mujer se enteró recién en la comisaría que iba a quedar detenida y que no era testigo.
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A la misma seccional fue trasladado el hombre al que le habían plantado la cocaína. Allí le exigieron que diera información y continuaron pegándole. Por la negativa a brindar datos, finalmente esta persona fue incriminada como vendedor de drogas. Así fue que el 30 de enero la fiscal Navone imputó a los dos, por lo cual pasaron presos 17 días hasta que fueron liberados por archivo de causa.
También en la comisaría los agentes insertaron en el acta declaraciones falsas que supuestamente había hecho el hombre detenido. Se trataba de datos sobre la organización vinculada a Marcelo "Frentudo" Fernández, recientemente detenido y sobrino de Graciela González. Buscaban incriminar a esta banda con el presunto objetivo de favorecer a otra.
Imputados
Los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Belluzzi fueron imputados por falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, omisión de denuncia agravada por ser funcionario público e incumplimiento de deberes de funcionario público. Soria, individualmente, fue acusado también por tentativa de extorsión. Estas acusaciones están relacionadas a las extorsiones a Rana Gusmaroli en el marco de su intento de vender armas de fuego.
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Por detener ilegalmente a dos personas y plantarles cocaína, los mismos policías junto con Borovachi fueron imputados, además por privación ilegítima de la libertad, otros hechos de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de deberes y amenazas coactivas. Para Soria, Pérez, Borovachi y Font también recayó la acusación de falso testimonio agravado, mientras que solo Pérez fue imputado por los apremios ilegales a uno de los detenidos en la comisaría 10ª.
En ese marco también fue imputada la médica policial Mara Romano. Los fiscales le atribuyeron haber insertado declaraciones falsas en su informe sobre el estado de salud del hombre al que detuvieron luego de plantarle la droga con el fin de "encubrir los apremios ilegales sufridos". La imputaron por falsedad ideológica de instrumento público y por encubrimiento agravado.
