Un tribunal de la Cámara Penal confirmó las condenas a prisión perpetua de dos policías por el doble crimen de David Campos y Emanuel Medina, ejecutados en un episodio de gatillo fácil tras una extensa persecución que culminó en Callao y Cazadores en junio de 2017. Los jueces Bibiana Alonso, Carina Lurati y Alfredo Ivaldi Artacho sostuvieron ese aspecto esencial de la condena de primera instancia, emitida tras un juicio oral, y aplicaron modificaciones respecto de la pena y la calificación legal a otros de los 17 efectivos implicados en maniobras de adulteración de la escena y falsificación del acta policial.
El fallo que se conoció este viernes fue dictado tras la apelación de la sentencia que en noviembre de 2020 produjeron los jueces de primera instancia María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana. Fue tras un un debate oral que, como dato inédito, incluyó las declaraciones de dos empleadas que dijeron haber sido presionadas a falsear los datos y guardar silencio sobre lo que habían presenciado en la escena. Entonces fueron condenadas, ahora resultaron absueltas.
Los efectivos del Comando Radioeléctrico Alejandro Bustos y de la Policía de Acción Táctica Leonel Mendoza fueron condenados entonces a prisión perpetua como los autores de los disparos letales, tal como requerían los abogados querellantes y el fiscal Adrián Spelta. Ambos fueron considerados coautores de un homicidio calificado por el abuso de su función o cargo como miembros de la fuerza policial, pena y encuadre que fueron avalados por el tribunal de apelación.
En el caso de Bustos, quien efectuó una decena de disparos, existió una controversia sobre su estado de salud mental por haber estado en tratamiento psiquiátrico tras la muerte de un compañero en un enfrentamiento, circunstancia que según un dictamen de una Junta Especial de Salud Mental debió inhabilitarlo para portar armas.
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Un tercer policía que disparó hacia la línea baja del auto, sin herir a las víctimas, había sido condenado a 7 años de prisión. Se trata de Marcelo Adolfo Escalante, para quien los jueces de segunda instancia mantuvieron la pena y la acusación por abuso de armas, aunque revocaron el delito de encubrimiento y añadieron el de falsedad ideológica de documento público.
David Campos, un trabajador metalúrgico de 28 años, y Emanuel Medina, un comerciante de 32, volvían de festejar con amigos un campeonato de Boca Juniors cuando a media mañana del 23 de junio de 2017 varios patrulleros empezaron a perseguirlos por una cuestión de tránsito. Tras casi media hora de corridas por la zona sur, el Volkswagen Up de las víctimas terminó estrellándose contra un árbol en Cazadores y Callao.
Los airbags del auto estallaron y enseguida una lluvia de balas policiales cayó sobre los dos amigos. Medina, al volante, recibió nueve balazos; y tres impactos alcanzaron a Campos. El fiscal Adrián Spelta dividió el hecho en tres momentos. El primero fue el de la persecución policial que se inició “por pasar un semáforo en rojo” y que terminó con el auto estrellado y rodeado de policías. El segundo momento fue cuando al menos tres efectivos empezaron a disparar contra los muchachos. Y el tercero se basó en el protocolo de encubrimiento que llevaron adelante los efectivos, cuando plantaron dos armas y restos de pólvora en las manos de uno de los jóvenes asesinados.
El policía Alejandro Bustos se bajó y disparó por lo menos diez veces, Escalante dos y Mendoza realizó un disparo que le fraccionó la médula a Campos. Por último se activó el llamado “protocolo de encubrimiento”: se ocultaron vainas, se plantaron dos armas en el auto de los muchachos, se bajaron las ventanillas y se falseó un acta que firmaron policías de las dos fuerzas que participaron del episodio: el Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica.
Otro policía que recibió una pena más alta que la mayoría fue Hugo Daniel Baroni, condenado a 5 años de prisión por encubrimiento doblemente agravado. Los camaristas aumentaron la pena a 7 años de prisión efectiva al añadirle el delito de falsedad ideológica.
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Un aspecto interesante del fallo de segunda instancia es que absolvió a las dos empleadas que rompieron el pacto de silencio. Las agentes Roxana María Ramírez y Jésica Elisabet Lezcano revelaron en el juicio que las víctimas fueron acribilladas, les plantaron armas y se levantaron casquillos de la escena. Por decirlo, sufrieron amenazas y debieron recibir custodia permanente de Gendarmería Nacional. Estas empleadas habían recibido 1 año de prisión condicional por el delito de encubrimiento doblemente agravado, pero los camaristas las desligaron de ese delito y quedaron absueltas.
Otros once efectivos fueron condenados a 3 años de prisión condicional por el delito de encubrimiento, pena que cumplirán en libertad. Sin retocar la pena, el fallo de Cámara añadió la figura de falsedad ideológica a estos acusados: Paola Lorena Cano, Fernando Varela, Aldo Benítez, Leandro Cardozo, Claudio Canclini, Alejandro Bolaños, Alexis Tanneur, Walter Ocampo, Germán Mareco, María de los Angeles Ramírez y Daniela Abraham. Por último, los jueces confirmaron las penas a 3 años por encubrimiento impuestas a Rosa D’Angelo y Pablo García.
El fallo de segunda instancia fue bien recibido por los familiares de las víctimas nucleados en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, quienes desde un primer momento hablaron de un caso de episodio de gatillo fácil y siguieron de cerca cada una de las instancias judiciales del caso y que litigaron en la causa a través de los querellantes Santiago Bereciartúa, Marcia López Martín y Federico Garat.
"Las familias y nosotros, sus representantes legales, estamos por demás de satisfechos con el fallo de Cámara. Si bien la sentencia de primera instancia era ejemplar y tan profusamente argumentada que difícilmente se podía fallar en contrario en torno al doble homicidio, la alzada vino incluso a perfeccionar lo que ya era a nuestro entender la mejor resolución judicial en causas de gatillo fácil de nuestra provincia", analizó Bereciartúa.
