Por la cantidad de disparos a dos víctimas indefensas, la extensa persecución policial que precedió a las muertes y la ostensible maquinaria de encubrimiento, el doble crimen de Emanuel Medina y David Campos no sólo condensó los ingredientes típicos del gatillo fácil sino que logró potenciarlos. Desde hace dos meses, el caso de violencia institucional mantuvo a 19 policías acusados de disparar, matar u ocultar en un juicio que, en el mediodía de este miércoles, llegó a su fin. En un fallo unánime, los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana condenaron a prisión perpetua a los dos efectivos que realizaron disparos letales y a penas que van de 1 a 7 años de prisión a otros 17 uniformados implicados.
El juicio fue una instancia muy esperada por los familiares de las víctimas nucleados en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, quienes desde un primer momento hablaron de un caso de episodio de gatillo fácil y siguieron de cerca cada una de las instancias judiciales del caso.
Un punto saliente del debate giró sobre la salud mental de Alejandro Rubén Bustos, el principal acusado, quien efectuó una decena de disparos. Su defensa planteó que era inimputable por haber estado bajo tratamiento psiquiátrico tras la muerte de un compañero en un enfrentamiento, circunstancia que según un dictamen de una Junta Especial de Salud Mental debió inhabilitarlo para portar armas. Si bien no se conocen los fundamentos del fallo, esta cuestión quedó zanjada con la condena a perpetua del policía.
El esperado debate oral y público arrancó en el Centro de Justicia Penal el viernes 4 de septiembre. En el tramo final, el fiscal Adrián Spelta pidió prisión perpetua para Bustos, del Comando Radioeléctrico, y Leonel Emiliano Mendoza, de la Policía de Acción Táctica, por efectuar disparos letales contra los jóvenes que terminaron acorralados y chocando contra un árbol en Cazadores y Callao a media mañana del 23 de junio de 2017. En medio de un aplauso cerrado en la sala, esa es la pena que tanto Bustos como Mendoza recibieron al ser considerados autores del delito de homicidio calificado por el abuso de su función o cargo como miembros de la fuerza policial.
Un tercer policía que disparó hacia la línea baja del auto, sin herir a las víctimas, fue condenado a 7 años de prisión. Se trata de Marcelo Adolfo Escalante, considerado autor del delito abuso de armas calificado por ser funcionario público y de encubrimiento doblemente agravado, tanto por el delito que se encubre como por su carácter de funcionario público.
Otro policía que recibió una pena más alta que la mayoría fue Hugo Daniel Baroni, condenado a 5 años de prisión por encubrimiento doblemente agravado. Por el mismo delito, otros trece efectivos acusados fueron condenados a 3 años de prisión condicional. Estos policías cumplirán la pena en libertad. Deberán asumir como regla de conducta una prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con otras dos empleadas acusadas, quienes rompieron el clásico pacto de silencio al decir que fueron presionadas y amenazadas por sus superiores a firmar un acta con datos falsos.
condena a policias asesinato de David Campos y Emanuel Medina.mp4
En un acto inédito, las empleadas revelaron que las víctimas fueron acribilladas, les plantaron armas y se levantaron casquillos de la escena. Por decirlo, las agentes Roxana María Ramírez y Jésica Elisabet Lezcano sufrieron amenazas y debieron recibir custodia permanente de Gendarmería Nacional. Estas empleadas recibieron 1 año de prisión condicional por el delito de encubrimiento doblemente agravado, aunque es evidente que el tribunal tuvo en cuenta su aporte a la investigación y eso impactó en la reducción de la pena.
Ya el fiscal Adrián Spelta había rebajado su pretensión inicial de pena al solicitar que las condenaran a 5 años por encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica agravada por ser miembros de la fuerza de seguridad. Este fue el único caso en el que el abogado querellante Santiago Bereciartúa difirió con la Fiscalía en su pedido de pena: había pedido 3 años de prisión condicional para las empleadas como una forma de “valorar positivamente ese testimonio sincero, ese valor de decir lo que verdaderamente ocurrió. Es necesario hacerse eco con una condena ejemplar al resto. Ellas fueron amenazadas, pagaron un costo muy alto y los próximos policías que se encuentren en esta situación deben entender que siempre es mejor decir la vedad”.
David Campos, un trabajador metalúrgico de 28 años, y Emanuel Medina, un comerciante de 32, volvían de festejar con amigos un campeonato de Boca Juniors cuando a media mañana del 23 de junio de 2017 varios patrulleros empezaron a perseguirlos por una cuestión de tránsito. Tras casi media hora de corridas por la zona sur, el Volkswagen Up de las víctimas terminó estrellándose contra un árbol en Cazadores y Callao.
Los airbags del auto estallaron y enseguida una lluvia de balas policiales cayó sobre los dos amigos. Medina, al volante, recibió nueve balazos; y tres impactos alcanzaron a Campos. El fiscal Adrián Spelta dividió el hecho en tres momentos. El primero fue el de la persecución policial que se inició “por pasar un semáforo en rojo” y que terminó con el auto estrellado y rodeado de policías. El segundo momento fue cuando al menos tres efectivos empezaron a disparar contra los muchachos. Y el tercero se basó en el protocolo de encubrimiento que llevaron adelante los efectivos, cuando plantaron dos armas y restos de pólvora en las manos de uno de los jóvenes asesinados.
El policía Alejandro Bustos se bajó y disparó por lo menos diez veces, Escalante dos y Mendoza realizó un disparo que le fraccionó la médula a Campos. Por último se activó el llamado “protocolo de encubrimiento”: se ocultaron vainas, se plantaron dos armas en el auto de los muchachos, se bajaron las ventanillas y se falseó un acta que firmaron policías de las dos fuerzas que participaron del episodio: el Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica.
