Tiene 21 años y trabajaba en la Brigada Motorizada. Aceptó en un juicio abreviado haber participado de delitos por los cuales otros 11 policías siguen imputados
La agente Lucila Aylén Bellizzi, de 21 años, aceptó una condena por varios delitos.
Una agente policial de 21 años fue condenada este martes en el marco de una causa que investiga el armado de causas relacionadas a la ley de microtráfico. La suboficial Lucila Aylén Bellizzi, con poco tiempo en la fuerza, aceptó en un procedimiento abreviado la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para la función pública y otras medidas no privativas de la libertad. La acusaron de plantarle cocaína a una persona para justificar su detención, entre otros delitos.
La suboficial Bellizzi es la primera condenada en una causa por la cual también hay otros once policías imputados por distintos delitos relacionados a una misma trama. En prisión preventiva están los agentes Dylan Ezequiel Pérez, de 23 años; Rodrigo Tomás Ramírez, de 23 años; Ricardo Font, de 27 años, Marcelo Borovachi, de 26 años y Jesús Soria, de 31 años.
La médica policial Mara Romano, el agente de la Motorizada Oscar Alberto Pérez fueron acusados pero quedaron libres. Al igual que la cúpula de la comisaría 10ª: el comisario Mario Humberto Trejo, los subcomisarios Alejandro Marcelo Medini y Amador Pablo Ferrer, y la suboficial Fátima Aldana Bustamante, involucrados en la detención irregular de una de las víctimas de una causa armada.
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En el caso de Bellizi, fue condenada por falsedad ideológica de instrumento público con abuso de función pública, cohecho pasivo, omisión de persecución penal y omisión de denuncia, hurto calificado por ser miembro de fuerza de seguridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. También le atribuyeron el delito de privación ilegítima de la libertad y detención ilegal. La pena aceptada fue de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por el plazo de seis años, inhabilitación especial para la función pública perpetua y multa por el monto de cuatro millones de pesos.
Parte de los delitos que los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci investigaron y atribuyeron a los efectivos de la Brigada Motorizada ocurrieron en noviembre de 2024 en el barrio Parque Casas. Los agentes Soria, Ramírez, Pérez y Bellizzi interceptaron en la calle dos personas que llevaban consigo dos armas de fuego, tres cargadores y una caja de municiones. Allí solo aprehendieron a uno y al otro, identificado como Rubén "Rana" Gusmaroli, lo dejaron libre luego de acordar un pago de dos millones de pesos.
El origen del operativo fue irregular, mediante el vínculo que los policías tenían con Sandra Álvarez, una vendedora de drogas del barrio Parque Casas que también fue imputada. La mujer le informó a los agentes que "Rana" le había ofrecido armas de fuego y con ese y otros datos lograron emboscarlo.
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Entre la información proporcionada por Álvarez estaba el número de teléfono de Rana, a quien el suboficial Dylan Pérez le escribió haciéndose pasar como posible comprador de las armas de fuego. Así fue que coordinaron encontrarse en el domicilio de Álvarez, pero lo interceptaron en el camino. Fue el 22 de noviembre pasado cerca de las 18.30 en la zona de Antequera y Fournier, donde finalmente pactaron un pago de 2 millones de pesos para no detenerlo.
Otro de los hechos por los que fue condenada Bellizi ocurrió el 27 de enero pasado e involucra también a los policías Jesús Soria, Marcelo Borovachi, Ricardo Font y Dylan Pérez. En esa ocasión acudieron a los alrededores de un punto de venta de drogas de Superí y Cavia. Allí aprehendieron a un hombre de 31 años, consumidor de estupefacientes, y lo hostigaron para que brindara información.
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El hombre se negó a darles información y como consecuencia fue sometido a una golpiza con patadas y con el bastón policial. Minutos después llegó la suboficial Lucila Bellizi, quien sacó dos bolsas con cocaína de su chaleco y le preguntó a su compañero dónde la ponía.
Así fue que le plantaron la droga para motivar su detención y luego plasmaron esa información falsa en el acta de procedimiento. Después se dirigieron al punto de venta, donde terminaron llevándose detenida a Graciela González, presunta vendedora de drogas.
La causa sumó la imputación a los jefes de la comisaría 10ª por cómo accionaron tras la detención del consumidor en esa seccional. El comisario Mario Trejo, los subcomisarios Alejandro Medini y Amador Ferrer, junto a la sumariante Fátima Bustamante, según los fiscales "tomaron diferentes decisiones administrativas tendientes a ocultar el verdadero estado de salud" del detenido.
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En ese marco los acusaron de no haber realizado la constatación de domicilio del hombre, porque esa medida podía alertar a sus familiares sobre la detención. "De esa forma retrasaban la posibilidad de que la familia pueda advertir el estado de salud del mismo y los golpes que había recibido", indicaron los fiscales.
La sumariante, de acuerdo a la imputación, introdujo datos falsos en el acta al afirmar que habían verificado el domicilio del hombre. El día siguiente le impidieron la visita a la madre del hombre, a quien le dijeron que regresara la semana siguiente. Todo con la presunta intención de continuar ocultando el verdadero estado de salud de la víctima. En ese sentido también desobedecieron la orden judicial del 30 de enero para que el hombre fuera trasladado a un consultorio médico para constatar su salud, oficio que luego desapareció de la comisaría 10ª.
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