En julio de 2005 Daniel Juan Puebla, un empleado de 50 años de la comuna de Arequito, fue arrestado bajo la acusación de haber abusado sexualmente de dos hermanos de 10 y 14 años. Fue alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional IV de Casilda, donde los cinco reclusos con quienes compartía la celda lo mataron a golpes. Ahora, el juez de Sentencia Nº 4 Julio Kesuani condenó a los autores de la golpiza y también dispuso que la provincia deberá pagar una indemnización de 250 mil pesos a los familiares de Puebla a raíz de que ponderó que los policías que custodiaban el penal cuando ocurrió el suceso no hicieron nada para impedir el feroz ataque que sufrió el hombre fallecido.
En este marco, Francisco Rafael Romero, Fernando Daniel Pacienza, Matías Tolosa, Fabián Alejandro Brollio y Ubaldo Daniel Gómez fueron sentenciados como coautores del delito de homicidio a penas de entre 8 y 11 años y medio de prisión.
Por su parte, los cuatro policías que custodiaban el penal también llegaron a juicio, ya que la jueza penal de Casilda Silvia Nogueras los procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien Kesuani no pudo juzgarlos por ese delito porque ya había prescripto la acción penal, los uniformados deberán pagar —en forma solidaria con el Estado provincial y los presos condenados— el resarcimiento económico a los parientes de Puebla.
Acusaciones. El 5 de julio de 2005 Puebla quedó detenido en la comisaría de Arequito luego de que el padre de dos hermanos de 10 y 14 años lo denunciara acusándolo de abusar sexualmente de sus hijos mientras les enseñaba a jugar al fútbol junto a otros chicos humildes.
Los chicos dijeron a la policía que el empleado comunal los invitaba a su casa a comer para luego alcoholizarlos y vejarlos. Esto ocurría, según afirmaron, al término de las clases de fútbol que el hombre les daba en un campito en las afueras de Arequito.
Puebla ya había sido apresado en el 2003 por un hecho similar cuya presunta víctima había sido un hermano de esos chicos. En aquella oportunidad, el empleado comunal fue sobreseído.
Malas compañías. Puebla fue trasladado a la alcaidía de Casilda, donde lo alojaron en una celda solo. Luego fue llevado a declarar ante la jueza Nogueras, donde "negó el hecho por el que se lo acusaba", explicó Marcelo Lalli, el abogado que representa a los familiares de Puebla.
Tras declarar ante Nogueras, Puebla regresó al calabozo que ocupaba. En ese marco, el entonces jefe de la alcaidía casildense le ordenó al oficial de guardia Angel C. que el hombre fuera al pabellón donde se alojaba a las personas acusadas de delitos sexuales. Pero C. alegó que ese sector estaba sobrepoblado —luego se corroboraría, según Lalli, que "cabían tres o cuatro personas más"— y ubicó a Puebla junto con "los presos más peligrosos".
Tres horas después —ya era 6 de julio— Puebla apareció muerto. La autopsia luego indicaría que murió como consecuencia de 25 lesiones corporales, la fractura de siete costillas y la perforación de un pulmón a raíz de la brutal paliza.
El resultado del examen forense descartó signos de asfixia con lo que se desechó la posibilidad del ahorcamiento como habían sugerido los propios reclusos que lo atacaron.
En su informe, el médico Víctor Frigeri señaló que en la parte frontal derecha de la cabeza, al lado de una ceja, presentaba marcas de golpes o puntapiés coincidentes con los realizados con un zapato o algún calzado duro. Y en la región lumbar (espalda) especies de lonjazos, similares a los dejados por bastonazos.
Huellas. En su momento, fuentes de la departamental casildense señalaron que los presos montaron una estrategia para hacer creer que el homicidio de Puebla se había tratado de un suicidio. Así, luego de asesinarlo intentaron ocultar el crimen atando sogas y cables en una reja y poniendo un banco debajo de la supuesta horca. Pero Puebla nunca estuvo colgado.
Los presos lo llevaron hasta el pasillo del penal para avisar al encargado de la alcaidía que había intentado ahorcarse. "Escuchamos ruidos mientras comíamos. Fuimos a ver qué pasaba y lo encontramos colgado. Lo bajamos y pedimos ayuda", dijeron los presos comprometidos en el ataque homicida.
Para modificar la escena del crimen, los reclusos también lavaron el piso de la celda, pero no eliminaron las huellas de sangre que había sobre la pared ni se desprendieron de la camisa ensangrentada de Puebla que habían tirado en un tacho de basura.
A la jaula. Durante la instrucción de la causa, el primer fiscal del caso le requirió a la jueza de Nogueras que los policías involucrados fueran acusados de partícipes necesarios de homicidio, pero la magistrada rechazó que fueran a juicio con esa imputación.
Según Lalli, los presos condenados se enteraron por los propios uniformados de que Puebla estaba acusado de abuso sexual. "Los policías tiraron un pedazo de carne a la jaula. Y los detenidos que lo atacaron querían hacer aparecer la muerte como un suicidio. Ellos baldearon los rastros de sangre que quedaron en el piso de la celda", afirmó el letrado.
Descontrol. Precisamente, esta cuestión fue ponderada por Kesuani para responsabilizar a los policías por el suceso que los obliga a indemnizar. "La ocultación de los rastros de la agresión y el lavado del piso conforman una serie de descontroles que hacen imposible encontrar algún tipo de duda en la responsabilidad de los funcionarios policiales involucrados", sostuvo el magistrado respecto de los policías Angel Javier C., Marcelo Oscar M., Raúl Daniel D. M. y Apolinario G.
"No es posible aceptar que ninguno de ellos escuchara los gritos y los pedidos de auxilio" de Puebla cuando lo golpeaban, consideró en su fallo el juez Kesuani.
