La Fiscalía había pedido el derribo del departamento, pero la Justicia rosarina sólo autorizó la inactivación para prevenir que se reanude la venta
Foto: Maxi Klanjscek.
El búnker está ubicado en Anchoris al 1600.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe bloqueó este miércoles un búnker de drogas en la zona norte de Rosario. El fiscal encargado de la causa confirmó que es el tercer departamento inactivado en el mismo pasillo en los últimos seis meses de trabajo alrededor de una red de microtráfico.
Al igual que en la mayoría de los domicilios denunciados en causas sobre narcomenudeo, el inmueble sólo se utilizaba para la venta de estupefacientes y era inhabitable. Los investigadores comprobaron que los delincuentes fueron desplazándose dentro de una propiedad con cinco viviendas para sostener el negocio tras los sucesivos allanamientos.
En este caso, la Justicia provincial ordenó la prisión preventiva de seis personas por la comercialización de drogas en el último búnker detectado. Otras dos ya fueron condenadas en procedimientos abreviados, según apuntaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La primera intervención en el pasillo de Anchoris al 1600 se llevó a cabo en abril. El fiscal Diego Giro recordó que habían recibido denuncias de vecinos por la venta frecuente de drogas. Los primeros sospechosos fueron detenidos en flagrancia; es decir, mientras trabajaban con la mercadería ilegal en inmediaciones de los barrios La Esperanza y Parque Casas.
El primer departamento inactivado fue el más cercano a la calle. Sin embargo, el MPA constató que la red de microtráfico se había reactivado e impulsó un segundo allanamiento en el mismo lugar.
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Los reportes de la Policía de Investigaciones (PDI) daban cuenta de que los consumidores siempre ingresaban a las casas del pasillo. "En los diversos departamentos intervenidos, la gente entraba y era atendida por moradores del lugar. Hacían un breve intercambio y se retiraban", resumió Giro.
Cuando se inactivaba un inmueble, los vendedores se trasladaban a otro en esa propiedad. Ante esta sucesión, el fiscal remarcó: "Vemos una vinculación que trascendía casi todos ellos".
Después del tercer allanamiento, el MPA pidió el derribo del búnker. Sin embargo, la jueza sólo autorizó la inactivación para impedir el ingreso y evitar un daño a los titulares registrales. Hasta el momento, los investigadores no recibieron ningún reclamo de posibles dueños de los departamentos vacantes. "La realidad es que eran meras construcciones que decantaban en la venta de drogas", explicó Giro.
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Por Rodolfo Parody