Una vivienda que funcionó como punto de venta de drogas o búnker manejado por una facción de la banda de los Cantero fue derribado este jueves a la mañana en la esquinad e Rueda y Príncipe de Gales, en la zona sur Rosario. Se trató de un procedimiento realizado dentro de lo previsto en la normativa que combate el microtráfico de estupefacientes. La provincia de Santa Fe cuenta desde finales de 2023 con la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La norma habilita la inactivación de puestos de venta de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.
Desde su puesta en marcha, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha intervenido cerca de 70 espacios en todo el territorio provincial. Estos operativos se llevan a cabo desde principios de 2024 en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía santafesina y los gobiernos locales.
En la desactivación del búnker de esta mañana fue supervisada por la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La vicegobernadora Scaglia y el ministro de Pablo Cococcioni supervisaron el operativo en Príncipe de Gales y Rueda.
Foto: Gobierno de Santa Fe.
En declaraciones a LT8, Mercedes Banchio, de la Unidad Especializada en Microtráfico del MPA, brindó detalles sobre el historial de hechos delictivos que se registraban en torno a la casa que fue demolida hoy. “Aquí, según las denuncias de los vecinos al 911, se comercializaban estupefacientes. Había hechos muy violentos a los que se dio prioridad desde la Fiscalía General. Y a partir de las denuncias de los vecinos, esos incidentes se investigaron juntamente con la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones”.
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“Eso permitió detectar a las personas responsables. Entonces emitimos órdenes de allanamientos para este lugar y otro ubicado a la vuelta. En esos procedimientos se incautó material estupefaciente, varios teléfonos celulares que nos permitirán seguir avanzando en líneas investigativas. También había mucho material de fraccionamiento de droga y cuadernos con anotaciones sobre las maniobras que se hacían aquí”, agregó la fiscal.
Efectivos de la Unidad Regional II custodian las tareas de desactivación del búnker en zona sur
Foto: Gobierno de Santa Fe.
Banchio destacó que “en aquel allanamiento realizado en esta casa hubo seis detenidos, algunos quedaron en prisión preventiva y otros quedaron en libertad, pero con restricciones. La gente que operaba en este lugar, de acuerdo con las investigaciones de PDI, serían un desprendimiento de la banda de los Cantero”.
En el operativo, la vicegobernadora Scaglia destacó tanto la vigencia de la Ley de Microtráfico como “la política de seguridad de este Gobierno que, sin miedo y con mucha valentía, trabaja junto a la Justicia y al MPA para poner lo necesario”. En ese sentido, remarcó que el objetivo es que “los delincuentes estén en la cárcel y los lugares donde ellos transitaban no existan más ni sigan perturbando la vida del barrio”, de modo que se pueda “empezar a llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas, para que sepan que no van a ser espacios que ocuparán otros”, subrayó.
Ya son 70 búnkers derribados
El ministro Cococcioni, por su parte, precisó que con la aplicación de la Ley de Microtráfico “hoy se llegó a 70 búnkers derribados en la provincia, la mayoría en Rosario”. Explicó que el inmueble destruido “no solo se utilizaba para vender drogas, sino que también presentaba otros indicadores de criminalidad, como disparos de armas de fuego con heridos, personas armadas y actividades sospechosas”.
En relación con la construcción, indicó que “en su origen no era precaria, pero hoy prácticamente era inutilizable para otro fin que no fuese la actividad ilícita a la que estaba destinada”. En este sentido, sostuvo que “la mejor forma de cortar la actividad y asegurar que no se reinstalen es desmantelarlo y derrumbarlo para que no vuelva a ser utilizado”. Y concluyó que desde el Gobierno provincial “vamos a seguir hasta que los delincuentes no tengan un lugar donde esconderse y continuar con actividades criminales”.
El fiscal del MPA, Franco Carbone, valoró la Ley de Microtráfico como “una medida muy efectiva no solo por el impacto simbólico en el barrio y en la organización criminal, sino por el efecto real”. Recordó que en la zona del derribo “los allanamientos comenzaron en 2023; en un radio de 300 metros tenemos incidencias que reportan violencias de todo tipo, vinculadas a una de las bandas más importantes que operó en la ciudad, a la que venimos encarcelando distintos eslabones de la cadena y cortándoles los lazos”.
