Cinco integrantes de la banda de secuestradores que retuvieron a tres personas ligadas al ámbito empresarial de Rosario con finalidades extorsivas fueron procesados por el juez federal. La organización está liderada según los investigadores por Claudio Daniel Coto, un delincuente de 62 años con pesados antecedentes residente en el barrio de Beccar en San Isidro, y la integran al menos otras seis personas, que se ocupaban de tareas de inteligencia del movimiento de las víctimas y de la logística para la concreción de las acciones.
Los procesados son además de Coto su esposa Silvia Beatriz López, Néstor Adrián Santabaya, Emiliano Mario Acuña y Sebastián Pugliese por asociación ilícita para cometer delitos y secuestros extorsivos. A todos les dictó prisión preventiva. A cada uno de ellos el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, les trabó embargo por 50 millones de pesos. En dos de los casos los integrantes de la banda cobraron una fortuna en rescates: más de 660 mil dólares. Hubo un sexto secuestrado ligado a la organización pero solo por asociación ilícita. Se trata de Nicolás Santabaya, hijo de Néstor Santabaya. A él le fijaron un embargo sobre sus bienes de 25 millones de pesos.
Los secuestros en Rosario ocurrieron contra personas que residen en la torre Aqualina de Libertad al 300, frente a la estación fluvial y en adyacencias del bar VIP. En un caso fue en octubre de 2021 con un financista y agente de una entidad de bolsa, Jorge O. que fue secuestrado a la altura del edificio de Prefectura Naval, frente a la Aduana de Rosario, cuando caminaba hacia la zona del silo Davis. El financista estuvo diez horas retenido hasta que un grupo de allegados y amigos pagaron a los secuestradores una suma de 80 mil dólares y 1.600.000 pesos.
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Claudio Coto, de 62 años, de San Isidro, jefe de la banda. Le dieron prisión preventiva y le fijaron 50 millones de pesos de embargo
El segundo de los secuestros ocurridos en Rosario a manos de la misma banda fue el 10 de octubre de este año. Las víctimas fueron la esposa y el hijo de 13 años de un relevante empresario farmacéutico que vive en la torre Aqualina, aunque sus familiares habitan un edificio situado a cien metros, que fue de donde los levantaron, tras obtener el sensor automático del portón del garaje del edificio. Allí los abordaron en una Renault Trafic, los maniataron y les vendaron los ojos y los trasladaron hacia una casa que luego se determinó estaba en San Nicolás.
Los captores iniciaron horas después una negociación con el empresario farmacéutico que durante esa mañana recibió tres llamadas de un celular desconocido. En su sitio de Whatsapp le hacían saber que su esposa e hijo habían sido secuestrados. Le pedían tres millones de dólares. Le dieron instrucciones para ir a un restaurante de la Plaza Alberdi donde recogió un bolso. Adentro había varios celulares y la cartera de su mujer. Con esos celulares, numerados del dos al seis con tinta roja, se canalizarían las negociaciones.
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Le exigieron que no avisara a la policía. No obstante hubo un aviso a fiscales provinciales que trasladaron el caso a la Justicia Federal. Eso llevó a que una división Antisecuestros de la Policía Federal llegara a Rosario y entrara al lugar donde vive el empresario. Frente a esto los captores, que seguían sus movimientos, abortaron el secuestro y liberaron a sus familiares. “Te gusta más la plata que tu hijo, no entendiste, te dije que no digas nada y llamaste a la policía, recién entraron en el Aqualina", le dijo, intimidante, uno de los secuestradores.
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La Trafic que usaron los secuestradores para levantar a la mujer y el hijo del empresario frente a la estación fluvial, el 10 de octubre pasado.
Esto abortó los secuestros. La mujer del empresario y su hijo fueron liberados en un campo vecino a Villa Constitución.
En el medio hubo otro secuestro de Alejo D., que es hijo de un empresario de Ramallo. El hecho fue en esa localidad. Hubo una negociación al cabo de la cual los secuestradores cobraron 580 mil dólares. Este hecho fue denunciado y las pesquisas sobre los teléfonos además de las actividades de cámaras de vigilancia permitieron a los fiscales Matías Di Lello, Javier Arzubi Calvo y Santiago Marquevich identificar a los autores presuntos y establecer sus modus operandi.
