El fiscal federal general Claudio Palacín convalidó hoy el planteo de que cinco policías de Asuntos Internos (AI) actuaron de manera irregular ex profeso para encubrir a personal de la comisaría 7ª por el homicidio y desaparición forzada de Franco Casco. Sostuvo la validez argumental de la resolución con la que el juez federal Carlos Vera Barros procesó a 30 policías y distintas figuras conectadas con el delito mencionado. Adujo que los funcionarios de AI no pudieron no haber interpretado que los efectivos de la comisaría de Cafferata al 300 no habían tenido responsabilidad en el destino del joven que apareció sin vida en aguas del río Paraná luego de haber sido visto por última vez con vida en esa seccional. "No puede ser que no hayan visto un elefante adentro de un bazar", afirmó.
Los defensores pidieron que la Cámara Federal de Rosario, donde se desarrolló la audiencia, se expida sobre los pedidos de moderar la prisión preventiva de los cinco efectivos acusados, que llegaron a esta instancia sin antecedentes penales, y que desde el procesamiento en septiembre pasado están privados de libertad, ahora en la cárcel de Piñero. Los pedidos de libertad de la defensa se resolverán el jueves. Quedará pendiente la cuestión de fondo, es decir, la resolución sobre si a criterio de la Cámara está o no bien fundamentada la acusación contra ellos.
Para el juez Vera Barros, Franco Casco, de 22 años, fue detenido ilegalmente en la comisaría 7ª entre el 6 y 7 de octubre de 2014. Apareció muerto 22 días más tarde en aguas del río Paraná. Los policías de Asuntos Internos fueron acusados de encubrir a los policías de la 7ª donde, en la tesis del juez, comenzó el camino del fin del joven oriundo de Florencio Varela.
"Este es un drama que afecta a muchas personas que se llevó la vida de un joven argentino que tenía una vida por delante y tuvo que abandonar este mundo transitando por el oscuro túnel del martirio al que fue sometido. Por eso ante la crítica de las defensas volvemos a releer la causa que fundamentan el procesamiento. Y debo decir una vez más que las pruebas son suficientes para sostener la probabilidad positiva de los hechos por los cuales se endilgaron figuras penales a los procesados", dijo ayer Palacín en la audiencia.
"Está demostrado que las actuaciones policiales relativas a la desaparición de Franco Casco están plagadas de irregularidades, inconsistencias, contradicciones, errores y falsedades. Partiendo de esa premisa las actuaciones labradas por Asuntos Internos no escapan a esa realidad", dijo Palacín.
El fiscal general rechazó el planteo de las defensas de que se consignó por error, en un radiograma para la búsqueda de paradero de Casco cuando aún se desconocía su destino, el nombre de Lucas Ezequiel Casco en lugar del auténtico, Franco Ezequiel Casco, lo que para el juez fue la adulteración deliberada de la identidad del chico desaparecido con fines de encubrimiento. "No coincidimos. Dicen que el error proviene de su tía al denunciar su desaparición y que fue ella la que dio ese nombre. Pero contrariamente a eso de la carátula del legajo del caso surge su nombre en la foja 74 y en el reverso de la carátula". Sostuvo que el nombre apropiado estuvo también en la foja 82 y en una nota periodística que está en la misma carpeta.
"¿No hubiera sido correcto determinar con certeza el nombre de que buscaban antes de emitir el radiograma a nueve fuerzas de seguridad teniendo en cuenta de que ya entonces todos los medios hablaban de la desesperada búsqueda de Franco Casco? ¿Mandaron al advertir el error el nombre correcto?", preguntó Palacín, para sostener la existencia de conducta dolosa de encubrimiento. "Si algo entorpece la búsqueda es adulterar el nombre del que se busca", añadió.
Otro reproche de Palacín es, como dijo el juez Vera Barros, que supuestamente personal de AI plantó pistas falsas para favorecer a la comisaría 7ª, cuando alguien dijo que había visto a Casco en una iglesia evangélica cercana a la terminal, sin que AI hubiera interrogado a los policías de esa seccional. "Ya para entonces estaba claro que había algún tipo de relación entre la desaparición forzada de Casco y los oficiales de la comisaría 7ª, lo que el personal de Asuntos Internos no podían desconocer. Sobre todo porque era personal especializado. No puede ser que no hayan visto un elefante adentro de un bazar (...) Esa seccional fue el último lugar donde se lo vio con vida a Franco, y el legajo que se les dio se titulaba «Desaparición forzada de persona». El fiscal (provincial Guillermo) Apanowicz les pidió colaboración y les ordenó que revisaran el libro de registro de la comisaría 7ª. Por lo cual el argumento de que los hombres de AI no tenían conocimiento (de la desaparición forzada) no puede prosperar".
Uno de los fundamentos de que Franco fue golpeado en la comisaría 7ª y que la consecuencia fatal de este ataque fue lo que se quiso encubrir está dado por testimonios de presos que estuvieron en calabozos de esa seccional en el mismo momento y que dieron cuenta de los tormentos inferidos a Franco que no pudieron ver pero sí oir. Palacín refutó con ironía las objeciones de las defensas que indican que esos testimonios son parciales o mendaces. "Supuestamente estos chicos, que tienen una vida espectacular en la comisaría, se pusieron de acuerdo para declarar en contra de la policía". Agregó que por tener todo para perder al imputar con sus palabras a policías a los dichos de los presos se les debe asignar toda credibilidad. "¿Qué se pretende? ¿Que haya testigos civiles que hayan visto todo este horror adentro de en una comisaría?".
El abogado querellante Salvador Vera, que representa a los familiares de Franco Casco, se adhirió a los argumentos del fiscal general, para requerir la confirmación de los procesamientos a los policías. Los camaristas Aníbal Pineda, Jorge Gallino y Fernando Barbará deberán resolver este caso.
