El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión en la causa Vialidad. Cristina cumple arresto domiciliario en San José 1111
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111
El 10 de junio de 2025 marcó un antes y un después en la historia política argentina. Ese día, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
La decisión del máximo tribunal cerró el recorrido judicial de uno de los expedientes de corrupción más relevantes de las últimas décadas y convirtió a la expresidenta en la primera dirigente que ocupó la jefatura del Estado en recibir una condena firme por delitos contra la administración pública.
Un año después de aquel fallo, Cristina Kirchner cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución y ya comenzó a correr el reloj hacia una posible libertad condicional. Si se contabilizan los plazos previstos por la legislación penal, podrá solicitar ese beneficio dentro de 1.095 días, es decir, en junio de 2029.
La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento de 51 contratos de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez.
La Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta y dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2 y confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal.
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La condena fue por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal la absolvió del delito de asociación ilícita, aunque consideró acreditada su responsabilidad en el esquema que favoreció a Báez mediante la adjudicación irregular de obras públicas.
Además de los seis años de prisión, la sentencia incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Una semana después de que la Corte dejara firme la condena, el Tribunal Oral Federal Nº 2 dispuso que Cristina Kirchner cumpliera la pena bajo arresto domiciliario en su vivienda de Constitución.
La Justicia consideró factores vinculados a su edad, a su condición de expresidenta y a las cuestiones de seguridad asociadas a su figura pública.
La resolución incluyó el uso obligatorio de tobillera electrónica y restricciones respecto de las visitas y las actividades que pudieran alterar la convivencia en el barrio.
Según el Código Penal argentino, las personas condenadas a penas temporales pueden acceder a la libertad condicional una vez cumplidos dos tercios de la condena, siempre que reúnan los requisitos legales exigidos.
En el caso de una pena de seis años, el plazo equivale a cuatro años efectivos de cumplimiento.
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Tomando como punto de partida el 10 de junio de 2025, fecha en la que la condena quedó firme, Cristina Kirchner podría solicitar la libertad condicional en junio de 2029, dentro de 1.095 días.
Sin embargo, la concesión del beneficio no es automática. Deberá ser evaluada por la Justicia sobre la base de informes penitenciarios, conducta y demás requisitos previstos por la ley.
La ratificación de la condena tuvo consecuencias inmediatas en el escenario político.
La expresidenta había anunciado días antes su intención de competir como candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral. La confirmación de la sentencia dejó firme la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que quedó imposibilitada de presentarse a elecciones.
La decisión judicial generó movilizaciones, pronunciamientos de dirigentes nacionales e internacionales y reconfiguró el mapa interno del peronismo, que desde entonces debió reorganizar su estrategia política sin la posibilidad de una candidatura de quien sigue siendo una de las principales figuras del espacio.
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