Allanaron una escribanía por otra causa por estafa en el Registro

La Justicia ordenó ayer el allanamiento de una escribanía de barrio Martin en el marco de la investigación de una estafa que, según la acusación, involucra a empleados del Registro de la Propiedad de Rosario, a un escribano y a terceros que se favorecieron con la compra de inmuebles que no podían ser vendidos porque estaban inhibidos por un litigio.

La medida se concretó en la escribanía de 9 de Julio 20. Se trata del segundo procedimiento de este tipo en el año realizado en esas oficinas. El escribano responsable, Gerardo Rubio, ya fue procesado por una causa similar hace dos meses. Y la maniobra investigada tiene el aspecto de una acción continuada en el tiempo con graves consecuencias institucionales: habilita a juicios económicos contra la provincia y pone en duda la seguridad registral que garantiza a cada propietario la idónea inscripción de su dominio.

Venta con trampa. La inspección fue realizada por la Tropa de Operaciones Especiales a requerimiento del juez Juan José Pazos y la fiscal Cristina Rubiolo. Lo que se investiga es un hecho donde se habría borrado documental que certificaba la inhibición, por un concurso de acreedores, de lotes que pese a eso fueron negociados. En el lugar se secuestró el protocolo donde se inscriben las escrituras.

El caso que se investiga es una venta de inmuebles de una persona declarada en quiebra. Según la denuncia, Donato Tomasiello vendió cuatro lotes en la calle Jorge Newbery pese a estar inhibido en una quiebra según orden del síndico Daniel Vidaurre. La venta fue en favor de Francisco José Conde, cuñado de Tomasiello.

Las escrituras de los lotes, según la pesquisa judicial, fueron labradas por el escribano Rubio sin requerir los certificados que destacan la situación de las personas y los inmuebles del trámite, lo que es su obligación profesional.

Lo que presumen en Tribunales es que el serio ardid fue posible porque adentro del Registro había cómplices de la maniobra ilegal. Ocurre que cuando una escritura entra a esa dependencia el empleado que la califica debe certificar, con sello y firma, que el bien está a nombre de la persona indicada, y que no pesan sobre la propiedad embargos, inhibiciones ni hipotecas. Y los inmuebles en cuestión se certificaron con una fórmula —"hecho búsqueda"— que aseguraba que todo estaba en orden.

Siete años después. Estos lotes se vendieron en 2000 y recién el año pasado saltó la maniobra. ¿Cuál fue la razón? En agosto de 2007 el síndico de la quiebra de Tomasiello previó una maniobra y inscribió por ello una acción litigiosa. Ante ello el Registro de la Propiedad informó que los lotes se habían transferido porque no tenían traba. Pero sí pesaba el embargo del síndico.

A los 20 días de ser vendidos los lotes fueron transferidos otra vez: en esta ocasión a Urbano Collina, domiciliado en Buenos Aires. En el tribunal presumen que estaba en la maniobra. "Cuando se le vende a un tercero un inmueble de buena fe no se lo puede tocar aunque en la primera operación haya existido irregularidad", confirmó una fuente del caso.

"Este tipo de delito no se puede cometer sin que haya vinculadas personas de adentro y afuera del Registro", presume la acusación judicial.

Los implicados. En este mismo hecho aparecen vinculados Tomás Campbell, jefe de Certificaciones y Gravámenes del Registro y el abogado Gustavo Stoisa, tercero en la jerarquía de la repartición. Ambos, que tenían 30 años de antigüedad en esa dependencia, ya fueron procesados por el mismo juez que lleva este caso. Ocurrió hace dos meses, por una millonaria estafa concretada en el Registro de la Propiedad con la venta de un terreno que no podía ser transferido porque estaba inscripto como un bien litigioso. En este caso también resultó procesado el dueño de la escribanía allanada ayer.

Con los documentos que confirmen la identidad de las personas que realizaron la supuesta maniobra, el juez Pazos convocaría a los implicados a dar explicaciones.