La causa que investiga una vasta red de juego clandestino en la provincia dejó este jueves imputado al ex piloto de Fórmula 1 y ex concejal de Rosario Oscar Larrauri. El empresario frigorífico fue acusado de poner a disposición su capacidad económica para permitirle al empresario Leonardo Peiti, también presente en la audiencia, lavar en su favor entradas de dinero provenientes de ese negocio ilegal, que en este caso se cuantificaron en más de medio millón de dólares. El tercer acusado en el trámite fue el abogado José Fernández Chemes, quien intercedió como letrado de Peiti para que este pudiera inscribir a su nombre cerca de 30 lotes en barrios privados, a sabiendas de que lo hacía con plata que no podía justificar.
En la audiencia los fiscales indicaron que mediante las maniobras atribuidas a estas tres personas implicaron una modalidad extendida de apropiarse de lotes de terreno de mucho valor, en especial en Funes y Casilda, que luego se revaloraron. Para tal fin se utilizaron resortes judiciales, mediante engaños, y servicios profesionales. También describieron cómo se usaron estructuras financieras y políticas para darle una fachada de legalidad al juego clandestino. Lo que se hizo porque el flujo de dinero, sostuvieron, es enorme al igual que sus destinos.
De 66 años, con el pelo lacio y la barba blanca asomando en el barbijo puesto, Larrauri escuchó con gesto sereno el despliegue de cargos y evidencia de los fiscales. Este hombre que participó en 21 grandes premios de la máxima categoría del automovilismo aceptó la imposición del pago de una caución económica que los fiscales fijaron en 800 mil dólares. Su abogado, Ignacio Carbone, consideró excesivo el requerimiento que le prohibieran salir del país. "Es una persona solvente que no se va a fugar ni a huir. Es además una figura pública conocida que como concejal presentó 1.070 proyectos de los cuales 853 fueron aprobados. Pero tiene negocios de su empresa de hacienda que le exigen viajar a Uruguay. Por lo que me parece innecesario esa exigencia", dijo.
Peiti está acusado de ser jefe de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal en una red que explota 300 locales en la provincia. Fernández Chemes, que fue secretario legal y técnico de Villa Gobernador Gálvez, era su abogado. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que en 2009 ambos ejecutaron maniobras para engañar en un trámite de escrituración al juez civil Luciano Juárez de modo que el magistrado otorgara la propiedad a Peiti de diez terrenos en el loteo La Rastra en Funes. Esos terrenos, de acuerdo a la acusación, se negociaron con la falsificación de la firma del vendedor a una mujer que se los vendió luego a Peiti.
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Esa mujer llamada Isabel García que no era una compradora legítima transfirió esos inmuebles mediante cesión a Peiti. La transferencia definitiva se concretó en julio de 2015. Y aquí es donde los fiscales señalan que apareció Larrauri en la maniobra delictiva. Lo que hizo fue poner su nombre y su capacidad patrimonial a favor de la empresa criminal de Peiti de manera que éste apareciera vendiéndole esos lotes. El ex piloto suscribió como comprador la escritura de dominio. Después suscribió un contrato donde aparece vendiendo a Peiti el 14 de marzo de 2016 los mismos lotes que él había adquirido cuatro días antes. A la vez celebró contratos de alquiler sobre los mismos lotes como locador para posibilitar que Peiti, como locatario, hiciera uso de esa propiedad desde esa fecha hasta la actualidad. "Peiti necesitaba construir por lo que tenía que tener la posesión. Por eso Larrauri simula que le alquilaba con contratos de locación", dijo el fiscal Edery.
La conclusión es que esas maniobras simuladas con una escritura que trasladaba el dominio a favor de Larrauri le permitieron a Peiti justificar un ingreso financiero a su favor de 536 mil dólares que no corresponden a su realidad económica lícita. Todo habría sido una maniobra simulada porque el dueño de los bienes siempre fue Peiti. Pero el movimiento le permitió blanquear dinero y utilizar parte de ese crédito financiero para la compra de doce lotes en el complejo Tierra de Sueños de Casilda. "No se usó plata de Larrauri", dijo Edery. "Era plata que ya tenía Peiti pero que necesitaba blanquear. Por eso simuló algo que no fue ni compra ni alquiler en realidad", observó.
El abogado Fernández Chemes tuvo según los fiscales una maniobra deliberada para engañar al juez que debía tramitar la venta de los lotes de Funes. La dueña de esos terrenos era la firma Felenpark SA que cuestionaba la legitimidad de la firma de su apoderado para vender los inmuebles. El abogado hoy imputado, enterado de eso, retiró del juzgado civil y comercial 8 el expediente de escrituración, a fin de que la firma no pudiera constatar la maniobra. De esa forma los lotes terminarían quedando para Peiti.
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Por este motivo Peiti y Fernández Chemes quedaron acusados de los delitos de lavado de dinero y estafa procesal contra el juez del trámite. Larrauri fue imputado de lavado de dinero. El abogado del empresario dijo que su cliente desea declarar pero que lo hará recién cuando haya conocido la evidencia. Fernández Chemes pidió la palabra para decir algo parecido.
"No he cometido ningún delito. No me he apartado de la ley ni del código de ética de abogado. Me quiero defender", dijo Fernández Chemes. Quiero contar con tiempo y los medios necesarios para explicar mi accionar que no ha sido ilícito. Vamos a pedir a su tiempo una audiencia para aclarar que no hubo nada ilegal", sostuvo el abogado.
Al final de la audiencia los fiscales señalaron que no pedirían medidas de prisión preventiva contra las personas acusadas. Sí solicitaron la prohibición para los tres de salir del país y una caución económica a cada uno por 800 mil dólares. Los abogados de los tres presentaron copias de escrituras de bienes con valores aproximados a los requeridos que fueron aceptadas tras la pregunta de la jueza Eleonora Verón.
El caso reseñado en la audiencia de esta tarde constituye una segunda etapa del legajo abierto en agosto del año pasado en el que los fiscales investigan a una estructura judicial, política y empresaria a la que adjudican el propósito de lograr ingresos económicos que incluyen el financiamiento de sectores políticos. Es en este trámite en que están detenidos el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el ex fiscal Gustavo Ponce Assahad. Para los fiscales Edery y Schiappa Pietra, estos fiscales cobraban sobornos para hacer la vista gorda a los delitos del juego clandestino y brindar información para hacer fracasar las investigaciones que había en curso como, por ejemplo, la que tenía el fiscal Matías Merlo en Melincué contra Peiti desde 2017.
