Los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra decidieron profundizar la investigación sobre la ruta del dinero producto del juego clandestino que ya le costó la cabeza, por el momento, al ex fiscal regional Patricio Serjal y al adjunto Gustavo Ponce Asahad. En particular hicieron foco en la ruta del dinero de Leonardo Peiti, empresario del juego ya imputado en este expediente. La investigación que inició con el asesinato de Enrique Encino, en enero de 2020 en las instalaciones del casino City Center, sumó en las últimas 48 horas siete nuevos allanamientos ejecutados por efectivos de la la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“Son allanamientos para determinar el patrimonio de la gente que participa de esta investigación. Se buscó documentación específica y encontramos muchísimo material sobre las personas investigadas, que ahora será analizada y puesta en contexto en la causa”, indicó el fiscal Edery. Los últimos tres operativos, realizados este viernes, fueron en la oficina céntrica de un abogado y en dos domicilios de Peiti. “Todavía hay mucho por definir en esta causa”, agregó Schiappa Pietra.
Este viernes los fiscales citaron a una rueda de prensa en la que hicieron foco en dos nombres puestos bajo la lupa: el ex piloto de Fórmula 1 y ex concejal Oscar “Poppy” Larrauri y el senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri. Sobre “Poppy” Larrauri, a quien el jueves le allanaron una propiedad en el country del Rosario Golf Club de Fisherton, explicaron que quedó en la mira de la investigación ya que “tenía vínculos comerciales y económicos con Leonardo Peiti. Y queremos saber en que medida participaba o no de la organización”, explicó el fiscal Edery.
“En diciembre realizamos unos allanamientos en estudios contables. Entonces se encontró material que nos amplió el panorama de personas presuntamente involucradas y ahora fuimos a buscar en base a eso. Por eso decimos que estos allanamientos son escalonados. Ahora habrá que que analizar toda la documentación encontrada para determinar si hay que realizar nuevas medidas”, explicó Edery.
Sobre el senador Trafferi los fiscales habían pedido su desafuero para llevarlo a indagatoria pero el trámite fue rechazado por los integrantes de la Cámara alta de la provincia, por lo que Edery y Schiappa Pietra avanzaron sobre un pedido de inconstitucionalidad al artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia que impide su imputación en la causa. “Somos respetuosos de los fueros parlamentarios porque son sumamente importantes. Pero en ninguna provincia argentina, y en el Estado federal tampoco, existe una legislación como la nuestra. En Santa Fe no se puede imputar o acusar a un legislador, y eso es algo inédito”, afirmó Schiappa Pietra. “Tenemos una investigación que no se puede librar con el alcance necesario”, indicó.
“Hicimos una petición con el objetivo de imputar al senador Traferri. Creemos que hay pruebas contundentes en su contra. Y lo cierto es que la normativa que regula el Código Penal, es un impedimento”, comentó. Y reafirmó que los fiscales estiman que tienen pruebas suficientes como para acusar al senador como parte de la estructura investigada de juego ilegal.
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Mientras la política santafesina sigue dando vueltas como perro que se quiere morder la cola, los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada lanzaron la tercera etapa de la investigación que puso en la mira al juego clandestino en la provincia. Una fase en la que se busca establecer cómo se lavaba o blanqueaban los ingresos que se obtenían por el juego clandestino. Este jueves se concretaron operativos en la residencia de Larrauri en el country del Rosario Golf Club de Fisherton y oficinas céntricas de Rosario. Se llevaron adelante en avenida Real al 9100, Santa Fe al 1300 y España al 800. En tanto este viernes efectivos de la Tropas Operaciones Especiales (TOE), coordinados por los fiscales de la Agencia y personal del Organismo de Investigación completaron operativos en dos propiedades de Peiti (en Callao al 500 y Mendoza al 4300) y en las oficinas que el abogado José Francisco Chemes, Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, tiene en Corrientes al 800. De allí los investigadores se llevaron “documentación, celulares y soportes electrónicos de almacenamientos, pero no hubo detenciones”, comentaron los fiscales.
“Estamos investigando personas que tenían algún contacto económico con Peiti. Queremos saber de qué manera se utilizaba el dinero, de dónde provenía, cómo se utilizaba, cómo eran esos contactos y transacciones comerciales y financieras. El análisis de la documentación encontrada consiste en ver la ruta del dinero que provenía del juego clandestino”, contó Edery. “Se llega a Larrauri por sus relaciones económicas y financieras con Peiti”, amplió Schiappa Pietra.
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Según pudo conocerse entre la información que se analiza está la compra de “decenas de lotes en localidades cercanas a Rosario que habría realizado el ex piloto y que estarían en poder de Peiti”. Esos los lotes fueron comprados por Larrauri a Peiti e inmediatamente éste se los habría alquilado al nuevo dueño. Esos acuerdos y otros posibles préstamos mutuos entre ambos son parte de las maniobras que se presume vincularían al empresario de juego con el ex piloto y concejal de Rosario.
Esta investigación quizás pueda considerarse de las más resonante de los últimos tiempos, ya que le costó el cargo a dos fiscales de alto perfil. Patricio Serjal, ex fiscal regional, permanece detenido e imputado por haber cobrado dinero por parte de Peiti para protegerlo de posibles investigaciones sobre juego clandestino que pudieran perjudicarlo. En esa trama quedó expuesto en su accionar el desplazado Gustavo Ponce Asahad. Con el correr de la pesquisa los ex fiscales acusados de coimear al empresario terminaron imputados como miembros de una asociación ilícita creada para obtener dinero de la actividad de casinos clandestinos.
Como parte de ese engranaje, a fines del año pasado los fiscales quisieron imputar como uno de los organizadores al senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, para quien pidieron el desafuero, trámite que fue rechazado por los legisladores de la Cámara alta que consideraron poco oportuno que la Justicia avanzara sobre uno de sus pares. En ese marco, también los fiscales Edery y Schiappa Pietra presentaron ante el Colegio de Jueces de Primera Instancia el pedido formal para declarar inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que permite a Traferri no presentarse a la audiencia imputativa a la que fue citado. Ahora un juez deber resolver el pedido.
