El abogado Iván Carlos Méndez fue imputado formalmente por la Justicia federal luego de ser detenido a mediados de septiembre. Lo acusan de formar parte de una asociación ilícita en la cual utilizaba su título profesional para intermediar entre reclusos ligados al narcotráfico. Entre sus contactos habituales estaban los criminales rosarinos Mario Alberto Segovia, conocido como "Rey de la efedrina", Julio Andrés "Peruano" Rodríguez Granthon, Uriel Luciano "Lucho" Cantero y Cristian "Pupito" Avalle.
La Procuraduría de Narcocriminalidad también le imputó a Méndez, de 53 años, por acopio de armas de guerra y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los acusadores Diego Iglesias, Matías Scilabra y Matías Mené expusieron evidencias del contacto habitual que el abogado tenía con estos reclusos de cárceles federales entre los que hacía de intermediario.
“El principal objeto de este grupo criminal fue mantener la vigencia del patrimonio ilícito y las actividades delictivas de grupos criminales que los demás internos integraron, a través del intercambio de información, triangulación de comunicaciones, la retransmisión de mensajes mediante visitas y las gestiones que realizo por cuenta y orden de cada uno de ellos”, le endilgaron los fiscales al abogado.
Presos rosarinos
Los presos rosarinos con los que Méndez tenía vínculo son considerados de alto perfil y líderes de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y comercio de armas. Todas actividades que tuvieron de por medio fuerte enfrentamientos callejeros con otras bandas. Parte del contexto que en los últimos años puso a Rosario a la cabeza de la tasa de homicidios a nivel nacional, incluso con la mayoría de jefes criminales ya presos.
En ese sentido este caso expone las distintas maniobras con las que las bandas pudieron continuar operando a pesar de tener a sus referentes presos. Respecto de Méndez, la hipótesis de los investigadores es que abusó de su condición de abogado. "Recibía las directivas que emanaron de cada uno de los criminales presos mencionados para retransmitirlas a distintos actores operativos del exterior, y de esa manera eludir los controles penitenciarios del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo", expresaron los fiscales.
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Así fue que intercedió en las operaciones de distintos criminales rosarinos. Uno de ellos fue el Peruano Rodríguez Granthon, condenado a 21 años de cárcel por narcotráfico y a prisión perpetua por el homicidio del exconcejal rosarino Eduardo Trasante. También con Uriel Luciano "Lucho" Cantero, hijo del asesinado líder de Los Monos, Claudio "Pájaro" Cantero, que está preso por integrar una asociación ilícita. Otro de los reclusos de la región con los que tenía vínculo era Pupito Avalle, también con condena a prisión perpetua. Además se supo que también había mantenido correspondencia por carta con René "Brujo" Ungaro, otro preso por narcotráfico y homicidios.
Diálogos con el Peruano
Parte de las evidencias expuestas por los fiscales fueron las comunicaciones que Méndez tuvo con el Peruano Rodríguez Granthon el 6 de agosto pasado. El recluso le pedía a Méndez que intercediera para concretar la venta de drogas a Pupito Avalle.
"Cuentan con el dinero, para hacer de última un pasamanitos y ganamos los dos", le dijo el Peruano al abogado. "¿A quién le digo?", preguntó Méndez y el recluso le adelantó: "Déjame a mí que yo le propongo a Avalle que hay para pasar...y nos pueden pagar hasta tres, ocho, por ahí nueve".
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"Capaz que a Avalle compre cuatro o cinco ¿entendés? Por lo menos ochocientos dolaritos para cada uno para arrancar un poquito del año", le dijo el Peruano. “Yo le comento a Avalle por el tema de la mercadería actuemos ahí. Ojalá que me quiera comprar algo con la plata y después vamos a cuadrar cómo hacemos el viaje", siguió Rodríguez Granthon. Los fiscales indicaron que en el extracto de la conversación con Rodríguez Granthon se reafirma la hipótesis sobre el caudal de droga que seguía coordinando desde prisión y su intención de reactivar el volumen de negocios a partir de la transacción con Avalle.
Título pantalla y armas
Según los fiscales, la relación del abogado con los presos no tuvo vínculo con el ejercicio de la abogacía. “No estamos frente a una relación profesional. Lo que hace es invocar su título para violar las restricciones que, por razones de seguridad, se imponen a los detenidos para comunicarse con el mundo exterior. No asesora jurídicamente a ninguno de los internos. No diseña estrategias procesales, no ejerce el derecho de defensa”, explicó Iglesias.
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De acuerdo a la hipótesis de los fiscales, lo que hizo Iván Carlos Méndez fue “garantizar la comunicación de los condenados con el exterior”. De esa manera, indicaron, buscaba asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel. “La conducta de Méndez consiste en usar su matrícula de abogado como pantalla para burlar las normas penitenciarias y facilitar la continuidad de los planes criminales. Ese es su verdadero rol: ser el enlace entre los presos de alto perfil y el mundo exterior”, agregó el fiscal.
Los acusadores también le atribuyeron el acopio en su domicilio de un arma considerada de guerra con alto poder lesivo: una carabina Anderson AM15, calibre .223, con numeración suprimida, desarmada en partes con accesorios para el armado, y un cargador de pistola Glock calibre 9 milímetros con capacidad para quince municiones. Además en la casa hallaron dos cajas cada una con 50 municiones calibre .223, y una caja con 20 municiones de fusil del mismo calibre. También se le atribuyó la tenencia con fines de comercialización de un envoltorio de 10,8 gramos de cocaína, y una balanza de precisión.