El fiscal Claudio Kishimoto, funcionarios, concejales, universidades y organizaciones debatieron sobre las causas judiciales y las deudas pendientes
Incendios en las islas del Paraná: organizaciones y funcionarios expusieron en una jornada pública en el Concejo
En un recinto colmado y con carteles en defensa de los humedales, se llevó adelante este jueves una jornada pública en el Concejo Municipal para debatir el estado de las causas judiciales que investigan los incendios en el Delta del Paraná. La audiencia reunió al fiscal federal Claudio Kishimoto, autoridades locales y provinciales, universidades, organizaciones socioambientales y vecinos afectados.
“Para nosotros no es una causa más. Rosario sufrió los efectos del humo en su salud y en su ecosistema”, remarcó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, al abrir la actividad.
Uno de los momentos centrales de la audiencia pública en el Concejo Municipal fue la exposición del fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, quien detalló el estado actual de las causas judiciales vinculadas a los incendios en los humedales del Delta del Paraná.
El funcionario explicó que, tras la reforma constitucional de 1994, el derecho a un ambiente sano quedó garantizado en el artículo 41, y que de allí se desprenden tres vías de acción: la administrativa, que busca prevenir daños mediante el principio precautorio; la civil, que apunta a la reparación e indemnización; y la penal, que contempla sanciones.
Kishimoto recordó que la Fiscalía tomó intervención en 2020, a raíz de una denuncia presentada en Rosario por incendios que afectaron 400 mil hectáreas de islas. En 2022, la Justicia también investigó la quema de más de 300 kilómetros cuadrados de humedal.
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“El marco legal nos permite avanzar en diferentes figuras penales: desde la Ley de Residuos Peligrosos en su artículo 55, hasta los delitos de daño o el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señaló. Y agregó que, si bien no podía adelantar estrategias judiciales, todas las causas permanecen en trámite.
El fiscal destacó que desde 2022 la cantidad de denuncias fue en descenso gracias a la actuación inmediata de las autoridades policiales. Sin embargo, enfatizó que la persecución penal sigue activa y que existen causas en curso por terraplenes en humedales y uso indebido del territorio, derivadas de un amparo ambiental vigente.
Antes de cerrar su intervención, Kishimoto remarcó: “La Justicia habla, a veces tardíamente, pero habla”, en referencia a los tiempos procesales, y recordó que los ciudadanos cuentan con herramientas legales para denunciar en el marco de la Ley de Manejo del Fuego.
Desde la Municipalidad, la subsecretaria Juliana Conti repasó la estrategia judicial que permitió a Rosario ser querellante y recordó que ya en 2008 la ciudad había planteado denuncias por los incendios.
Poco antes del inicio de la pandemia, el Delta del Paraná se vio afectado por reiterados incendios en las islas. El fuego se propagó casi sin control durante casi el 2020, su intensidad bajó al año siguiente, pero en 2022 volvió a repuntar. Se estima que se quemó alrededor de un millón de hectáreas.
Ante ello, varias denuncias se presentaron ante la Justicia, donde actualmente existen dos grandes causas: una en el fuero civil y la otra, en el penal. La primera se encuentra en curso aunque, según la consideración de abogados consultados por La Capital, demorada a propósito a través de un recurso judicial; la segunda quedó al borde del cierre luego de que el Juzgado Federal de Paraná sobreseyera a 43 imputados.
Las exposiciones de las organizaciones socioambientales pusieron en primer plano las consecuencias sanitarias y sociales. “Creo que aún no dimensionamos el impacto del humo en nuestra salud”, alertó Rodolfo Martínez, de Multisectorial Humedales.
En la misma línea, Matías De Bueno (UNR) subrayó que en 2025 se registraron más de 30 mil hectáreas incendiadas: “El fracaso es no saber quién prende fuego”.
También hubo voces de vecinos isleños y de productores que rechazaron ser responsabilizados por las quemas y apuntaron a la falta de controles, el turismo desordenado y los intereses económicos detrás del fuego.
El Observatorio Ambiental de la UNR presentó los resultados de monitoreos recientes que confirman daños profundos en la biodiversidad. “La base técnica y científica debe traducirse en acciones concretas”, sostuvo su directora, Graciela Klekailo.
En tanto, el director provincial de Gestión de Riesgo, Carlos Dolce, destacó la coordinación interjurisdiccional y las inversiones en equipamiento para brigadistas, aunque advirtió que el desafío es permanente porque “el fuego no reconoce límites territoriales”.
La jornada cerró con un compromiso del Concejo y de la Municipalidad de dar continuidad a las querellas y sostener la información pública sobre el avance de las causas. “El ecocidio no se detuvo, necesitamos sanciones a los responsables y un plan que impida nuevos focos”, coincidieron las organizaciones presentes.
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