La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa un período de severa crisis institucional. Un oscuro manto de dudas y cuestionamientos se extiende cada vez más sobre su agobiante realidad. Ayer el presidente Luis Segura fue acusado formalmente por el delito de "administración fraudulenta", en la causa que investiga el manejo irregular de fondos públicos que recibía la entidad a cambio de los derechos de televisión de los partidos de la liga argentina. Otro escándalo más que envuelve su errante transitar.
La medida fue dispuesta por la jueza federal María Servini de Cubría, quien también procesó a tres ex altos funcionarios del anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y a otros seis ex dirigentes de la AFA.
Paradójicamente, Segura se encuentra en Estados Unidos, a la cabeza de la delegación que acompaña al seleccionado argentino en la Copa América Centenario. El presidente fue procesado sin prisión preventiva por el delito de "administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública", según la resolución de Servini de Cubría difundida por el centro de información del Poder Judicial.
Más allá de este marco judicial, el directivo podrá permanecer en Estados Unidos, donde Argentina disputa el domingo la final del torneo ante Chile, ya que no tiene restricciones a su libertad.
En tanto que los ex jefes de gabinete de ministros del anterior gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, Juan Abal Medina y Jorge Capitanich fueron procesados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Servini de Cubría investiga supuestas irregularidades en el manejo de millones de pesos de fondos públicos girados a la AFA entre 2009 y 2015 para la transmisión por televisión abierta de los partidos de primera y segunda división.
En 2009, la AFA rompió el contrato por los derechos de transmisión que tenía con el Grupo Clarín, el grupo de medios más poderoso del país, y se los cedió al Estado a cambio de 600 millones de pesos (41 millones de dólares, a la cotización actual). A lo largo de los años, esa cifra aumentó hasta ascender a los 1.700 millones de pesos (116 millones de dólares), ahora.
La jueza designó el año pasado a un equipo de veedores para las cuentas de la AFA en las que detectó una serie de irregularidades, entre ellas cheques diferidos por el pago de los derechos de televisión que varios clubes, en situación apremiante, canjeaban en financieras de dudosa propiedad.
Toda partida presupuestaria desembolsada por el Estado debe llevar la firma del jefe de gabinete.
"No hay acusación de corrupción, sino que la jueza entiende que el Estado no controló lo suficiente el funcionamiento de la AFA y de los clubes", intentó explicar Abal Medina, actual senador, con un comunicado. Y agregó que tiene "la tranquilidad de haber actuado siempre de acuerdo a mis atribuciones y deberes de funcionario público, continuaré aportando todo lo necesario para una resolución transparente y expeditiva de esta situación".
En su resolución de ayer, Servini de Cubría declaró oficialmente la extinción de acción penal contra Julio Grondona, presidente de la entidad durante varias décadas hasta su muerte en 2014. La jueza consideró que el fallecido dirigente incurrió en "varias de las conductas reprochadas" en esta causa.
Además de Segura, también fueron procesados por administración fraudulenta los ex secretarios generales de la AFA, Rafael Savino y Miguel Angel Silva; los ex tesoreros Carlos Portel, José Lemme y Eduardo Spinosa; y Rubén Raposo, ex gerente financiero.
Asimismo, ex funcionarios de segunda línea, como Gabriel Mariotto y Pablo Paladino, fueron acusados por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Todos los acusados podrán apelar la decisión de la jueza ante la Cámara Federal.
