Miradas

Poderes en pugna: fácil o imposible

El conflicto que sacude a la provincia a raíz de los casos de Sain y Traferri muestra a tres poderes que adoptan medidas de racionalidad extraña y acusan a los otros de hacer lo mismo. Las tensiones no bajan en un marco de difícil comprensión

Domingo 11 de Julio de 2021

Después de tocar "Revirado", un tango cargado de variaciones diabólicas, le preguntaron a Piazzolla si era difícil tocar el bandoneón. "Es fácil o imposible", contestó. No hay remedio, las cosas son así de simples. Lo que sale con sencillez se disfruta o al menos se entiende. Todo lo que se torna de difícil ejecución o comprensión es un problema. La administración del Estado de Santa Fe tiene uno grueso. Lo que hacen sus tres poderes no se está comprendiendo. Un berenjenal enorme donde los movimientos son desconcertantes. Eso está en la base del conflicto de poderes mayúsculo que plantea dificultades de salida.

Hace diez días la Corte Suprema de la provincia avaló que la Legislatura tenga el control disciplinario sobre los fiscales cada vez que los legisladores así lo decidan. De esta manera pusieron broche, en la provincia, a un irresuelto litigio que seguirá en la Corte Suprema de la Nación. Este conflicto empezó cuando cinco senadores fueron denunciados en 2016 por el manejo de los subsidios que recibían. Advirtieron entonces que no podían tener esos aprietos y dado que la Legislatura hace las leyes sancionaron una para evitarlos en el futuro. Se dieron para ellos mismos, sin debate y a libro cerrado, la facultad de sancionar a fiscales de primera instancia y defensores. Al fiscal que los investigaba lo denunciaron primero y lo sacaron de su lugar enseguida.

El máximo tribunal de Santa Fe después de una dura batalla jurídica, por un sonoro fallo dividido, le dio la razón a los legisladores. Lo significativo es que cuatro de sus ministros habían rechazado, hace once años, que un organismo autónomo como el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que es donde están los fiscales, fuera controlado por otro poder del Estado. No solamente votaron contra sí mismos dado que no es que es la misma Corte con otros integrantes. También lo hicieron en contra de sus inferiores camaristas que advirtieron dos veces que este era un transparente mecanismo encontrado por los legisladores para que no los persiguieran. Y que generaba una forma de disciplinar a cualquiera que intentara una investigación.

El nuevo sistema de juicio oral tiene un problema pero también ventajas. Una es que investiga más rápido y llega a actores más robustos. Un argumento muy aludido es que los fiscales tenían demasiado poder. "Crearon un monstruo", decían. En realidad lo que pasó es que el monstruo mostraba cierta eficacia en llegar a alturas poco exploradas. Figuras antes no rozadas de segmentos empresariales, financieros, judiciales y de la función pública empezaron a quedar más seguido en la mira. Si algo medianamente eficiente se ve como monstruoso en una de esas lo monstruoso era lo que estaba ocurriendo antes. En definitiva que los legisladores investiguen a los fiscales es lo que la Corte provincial acaba de decir que está bien.

Casi al mismo tiempo, el lunes pasado, un camarista penal determinó que es inconstitucional el artículo 51 de la Constitución provincial que impide que el senador Armando Traferri (PJ/San Lorenzo) pueda ser investigado por dos fiscales que aducen acumular evidencia de que es parte de una estructura de juego ilegal que financia la política. Lo que dijo el camarista José Luis Mascali es que los fiscales no pueden detenerlo ni allanarlo pero sí imputarlo. Lo que plantea muy fuerte es que si por el solo hecho de ser diputado o senador no se puede investigar a una persona se crea una pasmosa desigualdad y esa situación de inequidad es inconstitucional.

Los juristas suelen confrontar en debates sublimes. Pero cuando la aplicación del derecho no se entiende, mientras los especialistas dialogan en sus cumbres, algo anda mal. Y Mascali recurre a la simpleza. Dice que los fiscales hacen un planteo que deslumbra por lo claro. Lo escribe en la página 9 de su fallo. "Un legislador nacional puede perfectamente ser imputado, acusado e incluso enjuiciado por fiscales y jueces de la provincia de Santa Fe sin necesidad de desafuero. Sin embargo, en flagrante contrasentido, por los mismos hechos, un fiscal o juez de la provincia de Santa Fe no puede imputar, acusar o enjuiciar a un legislador provincial, sin previo desafuero".

¿Hay algo más que explicar? Es por eso mismo que dice que Traferri, si los fiscales lo deciden, debe ser imputado. Luego habrá un juez que controlará si la investigación tiene o no sustento. Hay garantías. ¿Es aceptable que un ciudadano de Santa Fe sospechado de un delito deba salvarse de ser puesto frente a un juez solo porque es senador? No hay racionalidad. No hay sencillez. Eso dijo Mascali. Es el mismo camarista que hace siete años no se dejó embaucar por un juicio abreviado que a miembros de la banda de Los Monos acusados de asesinatos agravados les daban siete años en lugar de veinte cambiando el rol de ejecutor por partícipe secundario sin ninguna explicación. Lo que dijo entonces, como ahora, es que no cualquier cosa que tenga una pátina de legalidad es incuestionable si carece de lógica.

Cuando los legisladores se dieron para ellos la facultad de investigar fiscales se olvidaron de los órganos de apoyo del MPA. Y ahí ganó por concurso en el Organismo de Investigaciones Marcelo Sain, quien luego pidió licencia para ser ministro de Seguridad de Omar Perotti. En conflicto político permanente con la mayoría de los legisladores opositores, éstos se inventaron otra ley para ser también los jueces de esos órganos del MPA, pensando exclusivamente en Sain como enemigo. Denunciaron a Sain por cuatro delitos o faltas presuntas que eran previas por lo que éste dijo que no podían juzgarlo con un esquema retroactivo. Presentó un amparo y una jueza laboral ordenó a la Legislatura que archivara las actuaciones en su contra.

Pero la forma por la que esto pasó es inédita. Omar Perotti, que tenía a Sain en su gabinete, firmó un decreto ordenando al fiscal de Estado Rubén Weder que se allane al pedido de Sain. El fiscal de Estado representa los intereses de toda la provincia y una parte –la Legislatura– quiere perseguir a Sain. La representación jurídica de la provincia la tiene el gobernador pero él no es toda la provincia. Weder como fiscal de Estado tiene acuerdo legislativo. Como Perotti le pidió a su fiscal de Estado que se allane al pedido de Sain la jueza falló a favor del ex ministro de Seguridad porque valoró que entre las dos partes (Sain y el Fiscal de Estado) no hay conflicto. Pero la Legislatura dice que Weder representa a la provincia, es decir también a ellos, y no los consultó ni los notificó. Por consiguiente le pidieron a la Corte Suprema de la provincia que dirima este problema en donde legisladores y gobernador están en colisión por el caso Sain. Y pidieron el juicio político a Weder

La Corte no le dijo de entrada a la Legislatura que no está legitimada para pedir seguir actuando contra Sain. La Legislatura dice que Perotti tomó una actitud que lo perjudica y ni siquiera ha sido oída. Cómo se terminará resolviendo esto es un enigma. ¿El fiscal de Estado actuó bien al obedecer a Perotti? ¿Se hizo responsable por eso? ¿Podría haber dicho que representaba a la provincia toda y no podía desairar a la posición de Legislatura? ¿Debió acatar a una parte (gobernador) y no a otra (Legislatura) en medio de una guerra de poderes? Sobre todo esto la Corte, si acepta intervenir en el caso, deberá pronunciarse. Se verá si es capaz de bajar las tensiones o de echar más leña al fuego.

En el medio la convivencia de los tres poderes del Estado parece el disturbio de habitantes de palacios de nácar. Y para los que miran un jeroglífico. El orden institucional está alterado porque nadie entiende lo que se hace. El Poder Legislativo de repente quiere controlar a los otros poderes y lo logra porque la Corte lo valida. El Poder Judicial que está para resolver conflictos se mete en favor de una de las partes como no pasa en otra parte del país donde ninguna Legislatura de manera exclusiva lleva al estrado a los fiscales. A Sain lo quieren juzgar desde otro poder con una ley retroactiva y como miembro del MPA cuando él estaba de licencia de ese cargo. La misma Corte convalidó esa licencia. Además el MPA ahora persigue a Sain contraviniendo un dictamen de su propia auditoría que dijo que no tenía competencia para acusar a un funcionario que cometió presuntas faltas mientras estaba no en el MPA sino en otro poder.

El escenario institucional es un cambalache. Todo la Legislatura se abroquela –en voz alta o en silencio– con un senador acusado por un delito que tiene preso al ex fiscal regional de Rosario. Además se da leyes para que no los toquen y seguir siendo, en especial el Senado, la verdadera aduana de la gobernabilidad. El Poder Judicial a través de la Corte está dividido y le están fallando en contra a las instancias inferiores.

Cuando las cosas no se entienden al nivel del sentido común hay un problema. El voto de la Corte Suprema en favor de la Legislatura parece tener que ver más con abroquelamientos políticos que con principios técnicos jurídicos. Hace once años, en la acordada 33 de la Corte, cuando el ex procurador Agustín Bassó sostuvo que era inconstitucional la autonomía de las nacientes fiscalías y el servicio de defensa, el pavor del máximo tribunal era clarísimo, y está en la acordada que lo desconoció: perder la influencia del control del nombramiento de cargos y del personal en esos ámbitos nuevos. Quien regulaba antes las designaciones y los ingresos controlaba el poder. Pero la reforma que entró a regir en 2014 no se podía hacer con ese modelo. Antes el personal lo nombraba el Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte. Luego fue el MPA y la Defensa que proponían las designaciones de personal para que la Corte, como control de legalidad, elevara las nóminas al Poder Ejecutivo. No podía haber órganos autónomos si el supremo tribunal, los jueces máximos, metía mano en quien entra o no.

Este zafarrancho institucional es una crisis más política que legal. El problema para los tres poderes del Estado es que termina generándose una dinámica donde nadie queda legitimado para impugnar al otro, aun cuando esgrima argumentos razonables, porque se comportó en algún momento de manera dudosa o no razonable. Para ser creíble, problema de la legitimidad democrática, la sociedad civil debe entender a los poderes que la administran. Es fácil o imposible. "Revirado" es un tangazo porque el que lo escucha lo entiende. También quiere decir torcido, sinuoso, torturado.

Revirado. (Astor Piazzolla)

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