• “Andá a buscar el fierro, vos ya sabés cómo es”, le dijeron a Eber, de 18 años, tras una pelea a trompadas en la puerta de una chatarrería en la calle Salvat de Nuevo Alberdi. El chico se retiró en moto, regresó con una nueve milímetros y disparó contra una familia, hiriendo en el abdomen a un joven de 23 años desde un metro de distancia. Podría haberlo matado pero no ocurrió. Solo por ese azar el 29 de octubre pasado a Eber L. el juez Rodolfo Zvala le impuso 5 años y cuatro meses de prisión. El que le dio el encargo, Ezequiel T., de 31 años, recibió tres años y medio como instigador.
• Todas las mañanas del año pasado Joan se levantaba para trabajar con su tío en una verdulería familiar. A los 19 años no tenía ningún antecedente penal y era apreciado en la zona de Olegario V. Andrade al 1800. Pero quedó preso cuando saltó en una escucha que se lo recomendaban a Brandon Bay, vendedor de drogas en el barrio Flammarion y líder de la banda de Los Gorditos, para hacer trabajos que implicaban acribillar lugares o personas. Quedó claro que cumplía los encargos cuando en una llamada el pasado 8 de octubre lo escucharon decir: “A tres le clavamos: dos pibes y una nenita. A un pibe en el pecho y en la pierna y a la nenita en la mano. Uno me parece que ya murió”.
• Iván Emanuel H., de 22 años, recibió una llamada de la cárcel de Piñero. “Hay algo para hacer ahora. Cochabamba antes de llegar a Garzón, la última casa. A cualquiera que esté ahí adentro tenés que darle. Bajás a uno o a 29, la plata va a ser la misma. Ochenta palos, apenas lo hagas me avisás”. Lo llamaba un tal “Enano”. Una investigación previa lo tenía identificado como tirador por encargo pero esa comunicación interceptada lo confirmó. Hace tres semanas lo imputaron por acribillar el frente de una casa en Cochabamba al 6000 el 15 de octubre pasado. También por disparar seis balazos, tres días antes y en pleno mediodía, contra una oficina del Servicio Penitenciario en Alsina y Pellegrini.
Ricardo Piglia dijo al ganar el premio Rómulo Gallegos que la revelación de la verdad de una sociedad está en el crimen y no en lo que la sociedad cuenta de sí misma. Los detalles inaccesibles que asoman en el género policial producen fascinación, el hechizo de la intimidad de los hechos, pero iluminan una zona solo en apariencia desconocida. Quizá el deslumbramiento esté en la forma concreta en que el campo de la violencia toma contacto con zonas habitadas por quienes no se perciben ni son percibidos como criminales.
Las historias aludidas muestran un costado rutinario de las balaceras en Rosario: ataques ordenados por personas jóvenes a tiradores que aún transitan o apenas salieron de la adolescencia en un contexto de venta de drogas. Eso explica según el Ministerio Público de la Acusacion (MPA) el 75 por ciento de los hechos con muertos o heridos de arma de fuego del año pasado. Esta violencia moviliza mucho dinero. Las últimas dos semanas cierran un círculo donde las zonas más acomodadas de Rosario se anudan en alianza con las más rezagadas.
El hilo que las conecta es la sangre. Marcelo “Coto” Medrano tenía condena por narcotráfico y lo mataron el mismo día de septiembre que compró 17 mil dólares en la financiera Cofyrco de Corrientes y Córdoba. Dany Godoy, que es el hombre sospechado de ordenar su asesinato, adquirió 10.241 dólares en enero pasado en una financiera del edificio Alto Buró de Puerto Norte. Víctima y victimario están ligados al comercio de drogas, ostentan relación regular con financistas que les venden divisas y los estimulan a continuar un negocio que en Rosario se gestiona con ametralladoras.
Los tres ejemplos iniciales de chicos captados para ejercer violencia, todos detallados en los últimos seis meses en audiencias judiciales, son un fenómeno cotidiano en Rosario. Exponen no ya conductas desviadas sino un prototipo acabado que nuestra sociedad fabrica en serie y con éxito. Los que salen de circulación porque van a la cárcel o son ejecutados tienen una larga hilera de reemplazantes. Son pibes que acatan de modo obediente las reglas del consumo en una sociedad donde, según la medición del Indec difundida el miércoles pasado, el 57 por ciento de los argentinos menores de 14 años viven en un hogar pobre. En Rosario a 98 mil personas no les alcanza para comer. Y 506.419 son pobres porque aunque coman no tienen club, o ropa suficiente, o movilidad, o plata para el cine, o vacaciones.
Hay entonces una primera dificultad para quienes tuitean indignados que vieron un arrebato en la puerta de su casa o por lo que hacen los que a cambio de “ochenta palos” le disparan a una casa donde puede morir un niño. Lo que están viendo, sin conectar con lo que pasa en su tiempo histórico, es inseguridad civil. Y eso no lo resuelve un ministro de Seguridad. Ni Lagna, ni Sain, ni Lamberto, ni Rosúa, ni Harry Potter.
El criminólogo italiano Vincenzo Ruggiero analizó el modo en que la organización del mercado de la droga produjo en Londres, entre los 70 y los 90, una profunda modificación social al establecer al crimen como trabajo. La expansión de la compraventa de sustancias, heroína y cocaína, implicó que mucha gente entrara en esta actividad percibiendo lo que hacía como un rol ocupacional que requería especialización, profesionalismo, aprendizaje y una cadena de producción con papeles más rústicos.
Lo que la interesante exploración de Ruggiero encontró en el Londres de los 90 parece tener, con sus diferencias, zonas de enlace directo con lo que pasa hoy en Rosario. Lo que vio es que individuos en situación de riesgo social encontraron en las drogas una fuente suplementaria de ingresos. Pero que esto no pasaba solo con marginales sino en una vasta franja de personas con experiencia en el mercado de trabajo formal.
El trabajo que no alcanza
En su libro “Delitos de los débiles, delitos de los poderosos”, Ruggiero registró que los inmigrantes caribeños de Londres, como los chicos rosarinos de los ejemplos del inicio, ocupaban los segmentos más peligrosos y violentos de la distribución. Sobre ellos recaía el blanco mayor de estigmatización. Pero no tanto sobre sectores un poco más ventajosos, aunque acechados por la carencia, que habían comenzado en esa carrera con el deseo de escapar al aburrimiento del trabajo regular y mal pago.
La medición de empleo del Indec muestra el afianzamiento de una catástrofe social cuando expone que el 57 por ciento de chicos adolescentes argentinos, casi seis de cada diez, viven en la pobreza. Y que 19 millones de personas tienen, contadas todas las variantes, problemas de empleo. Esta semana, cuando se difundan los guarismos de la canasta básica, se sabrá que una familia tipo precisará de 60 mil pesos para no ser pobre. Hay ahí una portentosa novedad sociológica: una persona puede tener un trabajo registrado, obra social, hacer aportes jubilatorios y estar bajo la línea de pobreza. Esto significa que cada vez más personas no encuentran soluciones para comer bien, para comprar ropa, para tener ocio recretivo. Para cumplir con la invitación indiscriminada a ser consumidores.
Hay prosperidad en una economía criminal cuando parte de los procedimientos ilegales se convierten en empresas legales. Los seis financistas rosarinos que en las últimas dos semanas fueron detenidos por venderles dólares a dos narcotraficantes están insertos en segmentos de actividades lícitas y en algunos casos pertenecen a familias con prestigio.
Las formas de ganarse la vida con este panorama cambian abruptamente. También las de morir si en este presente en disgregación no hacemos algo para advertir donde estamos. Cada época fabrica sus muertos. La verdadera inseguridad actual es el repliegue del Estado protector que destruye una sociedad de semejantes y deja libradas a sí mismas a casi cinco de cada diez personas. Si eso pasa es perfectamente comprensible que la calle se llene de arrebatadores de celulares y de chicos que se hacen un toco de billetes gatillando balazos contra una fachada.
Si la política institucional no responde con energía y audacia a este desastre comunitario la impugnación contra la actual política, la misma que hace surgir experiencias antipolíticas calamitosas, difícilmente se frene. Pero eso no es un problema exclusivo de los dirigentes políticos sino de los que creen que las obligaciones de reducir la desigualdad, simbólica o real, es siempre de los otros. ¿Debe seguir la provincia pagando haberes de casi 500 mil pesos a jubilados de la Justicia? ¿Son lógicos los impuestos inmobiliarios actuales? ¿Qué rol les cabe a los gobiernos en una situación de regresividad tributaria en la que los pobres pagan en impuestos directos proporcionalmente más que los ricos?
Hay 506 mil pobres en Rosario. El contrato de construir una sociedad de semejantes que el Estado armó atendiendo el desempleo, la vivienda, la vejez o los enfermos camina década a década a la bancarrota. El riesgo no es que solo se mantenga la pobreza. La intimidación aumenta, como dice el sociólogo Robert Castel, porque la carencia actúa como principio desmoralizador que desintegra los lazos sociales y las estructuras psíquicas de las personas. Si alguien no domina el presente ni la aridez del porvenir, los que encargan tiros, y los que reciben sus dividendos en la City, tienen buenas noticias para perdurar. Estamos en la mierda. No crecen ahí jardines de tulipanes. No cambiaremos esta verdadera violencia, la de la inseguridad civil que es un gran motor para la otra, sin ser capaces de pensar más allá de lo personal, más allá del propio origen.
