Drogas: diez años después, nada cambió

En agosto del año 2009 se podía leer en los principales titulares de los diarios nacionales que la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucional el artículo 14 de la Ley N° 23.737, más conocida como Ley de Drogas, y por ende despenalizaba la tenencia para consumo personal mientras que no afectara a terceros y se tratase de una persona mayor de edad.

En los años siguientes años fueron presentados en el Congreso de la Nación distintos proyectos que buscaban cumplir con dicho fallo y así lograr una Ley de Drogas que se ajuste a nuestra Constitución nacional. Desde las bancadas del Frente Para la Victoria, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y desde Generación para un Encuentro Nacional se presentaron iniciativas que buscaban dejar de castigar y penalizar a quien consume.

En el año 2012 se llegó a un consenso entre todas estas iniciativas legislativas y se redactó un proyecto en función de dicho acuerdo. Todo hacía suponer que nuestro país iba a sumarse a los países del concierto internacional que no persiguen y estigmatizan a usuario/as.

Se decidió además que antes de la discusión en las respectivas comisiones se realizaran jornadas abiertas donde se pudiera mostrar diversas visiones sobre la temática. Durante tres días diferentes actores sociales, religiosos, políticos, jurídicos y especialistas expusieron ante los legisladores y legisladoras la diversidad de miradas sobre políticas de drogas en general, y sobre la despenalización en particular. Como resultaba imposible sostener o argumentar que a quien consume se lo debe encarcelar, perseguir, castigar o estigmatizar, los argumentos de los opositores al proyecto despenalizador fue: "Hay que despenalizar pero no es el momento".

Entonces se impuso el despenalicemos pero "no ahora". El entonces diputado Eduardo Amadeo, defensor del paradigma represivo (la Guerra a las Drogas), sostuvo que "estamos buscando una solución que despenalice, pero a la vez que promueva un rol del Estado en tema de salud y prevención", por citar un solo ejemplo.

Entonces tomó fuerza la idea, y logró imponerse, que para despenalizar se debía primero contar con mecanismos de prevención y asistencia que en ese momento no existían. Producto de ese razonamiento, se aplazó el debate despenalizador y se comenzó a trabajar en la elaboración de un proyecto que propiciara las circunstancias para así después encontrarnos con las condiciones necesarias para despenalizar.

Así llegamos al año 2014 cuando se sancionó la Ley 26.934 que crea el Plan Integral para Abordaje de Consumos Problemáticos (Iacop). Una muy buena ley que establecía acciones preventivas, de asistencia y de reducción de daños. Ley muy interesante pero que, por supuesto, requería de la decisión política para su desarrollo y que se le destinase el presupuesto correspondiente.

Desde entonces pasaron 18 meses de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 44 meses de gobierno de Mauricio Macri. Ninguno ni siquiera reglamentó dicha ley. Haber ignorado la ley es en sí un claro mensaje político. No les interesó avanzar en los mecanismos que la legislación fijó.

Hoy a 10 años de Arriola se sigue persiguiendo y estigmatizando a los y las consumidores/as. Seguimos abriendo causas judiciales a ciudadano/as que solo tienen cantidades para el consumo personal. Seguimos haciendo estadísticas y gastando recursos económicos y humanos en causas que se archivan. Según el informe presentado por el fiscal federal Federico Delgado casi el 65 por ciento de los expedientes abiertos durante un turno con las fuerzas de seguridad son por "consumo personal" de drogas.

No conformes con perseguir a quien consume, también perseguimos y encarcelamos a madres que plantan cannabis para poder suministrarles a sus hijos e hijas una medicina que mejora radicalmente su calidad de vida. Siempre se puede ser más inhumano e irracional en la lucha contra las drogas.

Es hora de sincerar el debate. Los que se opusieron en 2012 a cumplir con un fallo de la Corte son los mismos que no quieren que se reglamente la ley que implementa el Plan Iacop. No tuvieron ni tienen la voluntad de dejar de perseguir y estigmatizar a los consumidores, en especial a los que pertenecen a los sectores más humildes de la sociedad. Lo expuso recientemente la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando afirmó: "Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, fumarse un porro. En algún nivel socioeconómico distinto. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo".

Es el Congreso nacional, son nuestros legisladores y legisladoras los que deben con honestidad intelectual protagonizar un debate que nos lleve a una nueva política de drogas. Donde pensemos en los sujetos de derecho y no en las sustancias. Donde además de cumplir con el fallo de la Corte Suprema (ese solo objetivo debería bastar) dejemos atrás la política represiva que solo trajo aumento de los consumos, del narcotráfico y la violencia, clandestinidad, y avasallamiento de los derechos humanos.