El año pasado cuando Carolina Losada, ex panelista de Baby Etchecopar y del programa Intratables, confundió la localidad santafesina Gobernador Crespo con el barrio porteño de Villa Crespo, estaba en campaña como precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio. Las bromas no se hicieron esperar, entre otras cosas se dijo que hacía "más agua que el Titanic", porque hacía más de 20 años que no vivía en la provincia. Pero este fin de semana y ya siendo senadora por Santa Fe, Losada se volvió a equivocar feo y en este caso, no hay nada de qué reírse.
Decir al voleo, en un programa de televisión y no ante la Justicia, que en Rosario se "vendían bebés a 60 mil pesos en una esquina", cuando quiso referirse a un caso de estafa que a principios de este año cubrió La Capital, tiene que ver con impunidad. O sea, un permiso para decir cualquier cosa y en cualquier ámbito, sobre todo cuando se trata de niños y niñas vulnerables y empobrecidas, menores sobre los que se tejen estereotipos y estigmas de cómo debe ser la crianza, la madre y la familia.
Sí, creo que hay una cuestión de clase en juego y no solo en las aberraciones de la senadora Losada, sino, en gran parte de la sociedad, ya sean legisladores, religiosos, magistrados, agentes de salud, periodistas o simplemente las familias.
¿Por qué digo esto? Por dos casos sobre los que escribí para este diario. Uno sucedió en 2009, en Añatuya y la cercana localidad de Pinto (ambas a unos 194 km de la capital de Santiago del Estero).
A esa provincia fuimos con la reportera gráfica Celina Mutti Lovera a intentar desentrañar cómo operaba el tráfico de bebés entre Santiago y Rosario, tras conocerse públicamente una confusa adopción de un chiquito en el Hospital Provincial de esta ciudad, donde habían intervenido seis imputados, entre ellos dos abogados del foro local.
Dimos con la mamá y el bebito recién nacido. Más de un poblador nos habló del caso, y otros tantos similares con una naturalidad pasmosa. Nos explicaron cómo eran las negociaciones, a cambio de qué y por qué precio. Más historias que pruebas.
Lo que más me sorprendió fue la figura de una monja, menuda, que caminaba por las habitaciones de las parturientas del Hospital Zonal Monseñor Jorge Gottau con familiaridad. El lugar público estaba lleno de altares y crucifijos y por unos parlantes se oían los rezos de la religiosa dos veces al día.
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Infancias en riesgo. La monja que caminaba por las habitaciones de las parturientas del Hospital Zonal Monseñor Jorge Gottau de Añatuya en 2009.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
"Es buena mujer, pero ella es una de las que convence a las madres pobres a dar a sus hijos por una heladera o unas chapas", nos comentaron. No había pruebas de que la monja fuera un eslabón de alguna asociación ilícita o mafia. Buen argumento para una película, pero no para una seria investigación periodística o judicial.
La segunda nota la escribí justamente este lunes a horas de las palabras de Losada.
Es sobre el caso de "María" (en realidad Micaela), la nenita que en 2014 y a los 13 años tuvo a su hijo en la Maternidad Martin, expediente que no solo llegó a la Corte de la Nación sino que escaló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si quedar embarazada a los 12 años por una relación intrafamiliar y ser niña madre no fuera ya un caso de vulnerabilidad social, se agravó mucho más cuando a la madre de María, abuela del nene, le hicieron firmar el consentimiento de dar en adopción al bebé a un matrimonio y sin asesoramiento legal alguno. Es lógico, arreglar una adopción antes que el niño nazca o de forma directa está prohibido por ley en Argentina.
Pero la cadena de irregularidades no terminó allí. En este caso no hubo religiosas en juego, pero según María y su mamá, hubo agentes de salud, que les dijeron a ambas antes del parto que la parturienta era "muy chiquita", que "probablemente no sobreviviría al parto" y qué le sería "difícil criarla y estudiar". Porque era pobre, claro.
Ni la funcionaria de Niñez de la provincia, Analía Colombo, ni las juezas de familia Graciela Topino y Sabina Sansarricq, investigaron qué había pasado en la Maternidad Martin. Tampoco impidieron la entrega de ese niño como hubieran debido. Niño que hace 8 años está desvinculado de su familia biológica, y solo puede ser visitado por su madre biológica dos horas por semana.
