Tuvieron a un niño en guarda casi dos años y les denegaron la adopción

Ayer, el matrimonio integrado por Sergio Gigliotti y Cristina Morla restituyó a la Subsecretaría de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes al niño de tres años que le habían depositado en guarda hacía casi dos años en el marco del programa provincial de Familias Solidarias.

Se vivieron momentos desgarradores de angustia y llanto en la puerta del organismo, donde un grupo importante de vecinos acompañó al matrimonio con una marcha de apoyo. La prensa siguió las alternativas del caso que, como otros, conmovió a la ciudad y alimentó los debates y los posicionamientos de los santafesinos.

Gigliotti es un conocido periodista que trabaja en LT10 Radio Universidad y eso fue, si se quiere, coadyuvante para incrementar la visibilidad del caso y atraer protagonistas a la polémica pública. ¿Hasta dónde quienes olvidaron al niño con la misma familia solidaria por casi cuatro veces el tiempo permitido por la ley podían ampararse en su cumplimiento para quitárselos ahora, cuando los Gigliotti habían manifestado su decisión de adopción?

La familia solidaria supo siempre que no podría aspirar a ser adoptante y al inscribirse como tal incumplió la ley y rompió su compromiso. ¿Alcanzan las falencias del organismo estatal para convalidar su nueva conducta contraria a la ley vigente?

La Subsecretaría de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (junto con la ausencia absoluta de los controles que sobre el área deberían actuar) es un espacio del Estado provincial que los santafesinos, al menos en la capital, miran con desconfianza y, se diría, no sin cierto prejuicio.

Es que no han sido pocos los casos como el de los Gigliotti que han conmovido a la polémica pública. En casi todos alguna falencia estatal fue la génesis en el devenir de los hechos en esas situaciones, siempre complejas porque los afectos no entienden de plazos ni prescripciones legales. Y, los funcionarios sí deben ajustarse a éstos. Se supone que la ley fue pensada y rige —luego de los convenientes estudios de especialistas y los debates legislativos— para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes.

Un caso conmocionante

La duda que asalta a muchos y pone a flor de piel la indignación es si esa garantía funciona o no. Es que en noviembre de 2016 ya no sólo la ciudad de Santa Fe, sino el país todo se sobrecogieron frente al horror: Nicolás Almada fue asesinado a golpes por el padrastro. Tenía cinco años, fue tan ferozmente golpeado que la autopsia revelaría que tenía todos los órganos destozados.

El detalle que enardeció fue la ineficacia oficial, cuando a sabiendas de que hay un menor torturado por sus propios padres no hizo nada. Nicolás debía estar a resguardo estatal desde hacía un año. Una madrugada de octubre de 2015, en medio de una tormenta de lluvia y viento, una policía lo encontró en calle llorando. Se había escapado de la casa tras recibir un brutal castigo.

Este incidente reverdeció en las últimas horas en los debates de los medios. Está muy presente en la memoria de la ciudad. Y el caso Gigliotti sirvió para reanimar la desconfianza en las autoridades del área que no son las mismas que estuvieron cuando mataron a Nicolás. Pero debieron en este caso comenzar las explicaciones que dieron en declaraciones públicas, aceptando "que el Estado se demoró" al dejar al niño con los Gigliotti más allá de los seis meses legalmente permitidos, pero que "no hubo abandono del Estado", lo que no aclara demasiado.

Dilaciones "contempladas"

La directora de Niñez de la zona centro-norte, Mónica Barroso, negó que los plazos no se hayan cumplido, y añadió que las dilaciones están contempladas en la firma de acuerdo del Programa Familias Solidarias. Lo que Gigliotti, a quien el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, se negó a recibir, negó. Pero Andrea Travaini, Subsecretaria de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, reconoció que hubo una extensión de los plazos, pero dijo que no fue por responsabilidad de esa dependencia.

"No son tiempos administrativos, hay una parte que nos corresponde a nosotros y otra es responsabilidad del Poder Judicial", comentó. En este caso, las demoras se debieron a que no se podía localizar a la madre biológica para informarle sobre el estado de adoptabilidad del menor: "Se enviaron más de 10 notificaciones a distintos lugares", detalló.

El periodista argumentó que "el plazo de acogida es de seis meses y en este caso se extendió a dos años. Todo esto no pasaría si las cosas se hicieran correctamente". Y su esposa se preguntó: "¿Qué pretendían que hiciera? ¿Que yo a los seis meses y un día les dijera «chicas, yo ya cumplí, devuélvanme el contrato que firmé y me voy. Hagan lo que quieran con el niño»?".

"La misma irresponsabilidad"

En el mismo sentido, el titular de la asociación Niños Visibles, Rodolfo Di Terlizzi, señaló que en estos casos el Estado "incurre sistemáticamente en la misma irresponsabilidad", que es no cumplir con la ley de adopción, que impone ese máximo de 180 días para encontrarle un hogar al menor en situación de vulnerabilidad. "Nosotros como adultos, y el Estado y las instituciones vinculadas, no tenemos ningún derecho a revictimizar a los chicos y a no resolver su situación judicial en tiempo y forma", apuntó.

Todo indica que cuando los Gigliotti, a quienes el niño en guarda comenzó a tratar de "papá" y "mamá" ("él no adoptó", dicen) tomaron la decisión de inscribirse en el Ruaga, el registro único de aspirantes a guardas con fines adoptivos, se decidieron a enviarlo a otra familia que tendría a su cargo a hermano de 8 meses del niño en una ciudad que no es Santa Fe. Hubo argumentos que no suenan descabellados pero que a la hora de subsanar las heridas afectivas resultaron poco eficaces como parece ser el mismo sistema estatal.

la devolución. Sergio y Cristina debieron restituir al pequeño de tres años, quien, aseguran, ya los trata de "mamá" y "papá".Y estalló la polémica.