El fiscal de Cañada de Gómez, Santiago Tosco, quien fuera suspendido por 10 días el 10 de junio, pidió una licencia de 30 días más por cuestiones de salud. Esto motivó la reacción del Consejo de Seguridad Ciudadana de esa localidad, que solicitó sendas reuniones con carácter "urgente" tanto al fiscal General, Jorge Baclini, como a su par Regional, María Eugenia Iribarren. Ocurre que, pese a que Iribarren ordenó ciertas medidas para suplir la ausencia de Tosco, en los hechos, y así lo interpretan las autoridades e instituciones de la ciudad, la Unidad Fiscal está "acéfala". Y esto le pasa luego de sufrir el alejamiento de los dos funcionarios que tenía.
El fiscal Tosco había sido suspendido por 10 días el 10 de junio.
La licencia de Tosco fue confirmada por fuentes del Ministerio Público de la Acusación a La Capital, que accedió a las notas enviadas por el organismo cañadense a los fiscales General y Regional, donde piden "urgente reunión" para resolver la acefalía en la dependencia del MPA.
El fiscal Santiago Tosco recibió el 10 de junio una sanción disciplinaria por la cual quedó suspendido de sus funciones por 10 días. El motivo de la decisión es anterior a las acciones del funcionario en el caso del policía Luis Pais, cuya detención en Cañada de Gómez, pedida por Tosco, generó una fuerte polémica. Pais fue arrestado el 10 de marzo luego de perseguir a un sospechoso que se resguardó en un estudio jurídico. La suspensión del fiscal se debió, oficialmente, al tratamiento que le dio a un hecho de robo calificado con uso de arma de fuego.
Pese a las medidas dispuestas por Iribarren para la suplencia, hubo reacciones en la ciudad.
Luego de la sanción, María Eugenia Iribarren dispuso una serie de medidas para paliar la situación de acefalía. Entre otras, estableció que no se agenden nuevas audiencias al fiscal Tosco y se reprogramen las ya agendadas; que la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual disponga quién cubrirá las cámaras Gesell agendadas; que la Unidad Fiscal de Casilda atienda las funciones propias del turno de Cañada de Gómez, y que la fiscal coordinadora interdistrital y jefe de fiscales de San Lorenzo, Natalia Benvenuto, "incremente la frecuencia de su concurrencia" a la Unidad de Cañada, "quedando a disposición del servicio para todo lo que requiera la presencia personal de un fiscal en el lugar".
Reunión "urgente"
Sin embargo, estas medidas no frenaron a las autoridades y las instituciones de la ciudad. Con la firma de 11 integrantes, entre ellos la intendenta Stella Clérici, el Consejo de Seguridad Ciudadana de la ciudad envió el urgente pedido de audiencia a Iribarren y Baclini. Ambos textos, con el mismo contenido y por separado, piden "urgente reunión para tratar a la mayor inmediatez posible la búsqueda de soluciones a fin de atender la crisis institucional generada por la carencia de fiscales en la Unidad Fiscal con asiento en la ciudad de Cañada de Gómez".
El fiscal General, Jorge Baclini, uno de los destinatarios del pedido elevado por el Consejo de Seguridad Ciudadana.
El Consejo es un espacio conformado por autoridades, instituciones y vecinos para diseñar medidas de prevención comunitaria, en tanto se exige a los organismos pertinentes las acciones necesarias.
Desde 2009 se sostiene el Buzón de la Vida, herramienta de denuncia anónima contra el narcotráfico, que los vecinos han sabido emplear. También se trabaja de forma conjunta para la instalación de cámaras de seguridad y hoy el 911 funciona en un espacio edilicio cedido por la Municipalidad.
Desde la coordinación de seguridad ciudadana se acompaña de forma diaria a las víctimas de hechos delictivos y se impulsan reclamos permanentes ante las instituciones responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos.
Tal como lo publicó este diario, la crisis que se desató en el Distrito Judicial Nº 6 ante la suspensión de Tosco, el único fiscal a cargo, dejó sin acusadores a la repartición local del MPA. Al conocerse la sanción para Tosco, la intendenta Clérici presentó, junto a la subsecretaria de gestión jurídica del Municipio, Mónica Rizzi, un recurso de amparo para solicitar la designación de funcionarios para la Unidad Fiscal (UF).
En el medio hubo cruces con el senador departamental, Hugo Rasetto, quien aseguró que “Cañada de Gómez no se quedará sin fiscales”, algo que finalmente sucedió en la práctica tras la resolución del MPA que reorganiza el funcionamiento de la UF con apoyo de acusadores de otros distritos.
