El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe es generalizado y responde, según el gobierno provincial, a una decisión política del gobierno nacional de abandonar el mantenimiento vial, pese a contar con recursos específicos para ese fin.
La situación afecta a corredores estratégicos para la producción, la logística y la seguridad vial, y ya obligó a la provincia, legisladores y municipios a recurrir a la Justicia Federal para forzar reparaciones mínimas.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, aseguró que los reclamos fueron realizados por todas las vías administrativas posibles y que no hubo respuestas concretas por parte de Nación. “Los hicimos por escrito, de manera personal, ante los entes correspondientes, por teléfono y a través de funcionarios. Yo viajé 12 veces a la Casa Rosada, pero nos boludearon y nos mintieron. Sinceramente, no existe ningún interés del gobierno nacional en reparar las rutas”, sostuvo.
Tensión política
Según detalló el funcionario, se realizaron múltiples pedidos formales de cesión de rutas o de financiamiento de obras, sin resultados. Entre ellos se destaca el reclamo por la ruta A012, corredor logístico clave hacia los puertos del Gran Rosario, cuya transferencia fue solicitada en febrero de 2024 y nunca concretada. “No pedimos un peso. Queremos que nos cedan la ruta y la arreglamos nosotros”, enfatizó.
Enrico fue especialmente crítico con el gobierno nacional y apuntó contra su conducción política. “Es difícil pedirle a un gobierno integrado por gente que vive en un radio de dos kilómetros alrededor del Obelisco y viaja en avión que se interese por las rutas de Santa Fe, Formosa o Chubut. No les importan las rutas nacionales”, disparó.
También cuestionó el rol de Romina Diez, referente nacional de La Libertad Avanza en la provincia y quien definió la conducción de Vialidad Nacional en Santa Fe. “Si quieren saber si van a cortar el pasto, tapar un pozo o levantar la clausura del puente de la ruta 9, pregúntenle a ella”, ironizó.
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Corredores críticos
La situación crítica se extiende sobre las rutas nacionales 9, 11, 33, 34, 8, 178 y A012, además de la Circunvalación de Santa Fe y la de Rosario. En muchos tramos, el abandono es visible: yuyos de más de un metro que tapan carteles, banquinas inexistentes, pozos y baches sin señalizar y falta total de corte de pasto.
Uno de los casos más graves es el de la ruta 9, que permanece cortada desde hace más de 50 días por un puente roto entre Carcarañá y Correa, sin fecha de reapertura. También preocupa la obra inconclusa de conexión entre Wilde y Circunvalación en Rosario, abandonada por Nación y considerada hoy un punto de alto riesgo vial.
La desatención llegó a tal punto que en algunos sectores, municipios debieron salir a cortar el pasto en rutas nacionales, a pesar de que esa tarea le corresponde a la jurisdicción nacional.
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Impuesto al combustible
Desde la provincia remarcan que no se trata de falta de fondos, sino de una decisión política. Cada 50 litros de combustible cargados incluyen aproximadamente 8.500 pesos del impuesto a los combustibles líquidos, que por ley tiene destino específico para el mantenimiento de rutas, pero que actualmente queda en manos del Estado nacional.
“Tienen plata pero se la guardan. Y no cumplir con ese destino es caminar por la cornisa del delito. Es lo mismo que pasó en la tragedia de Once, donde murieron 50 personas por la desidia del gobierno nacional: no invertir en seguridad ferroviaria y vial mata gente”, advirtió Enrico.
De hecho, varias reparaciones recientes se realizaron solo por orden judicial. La ruta 33 y la ruta 11 comenzaron a ser intervenidas luego de fallos de jueces federales, tras la presentación de recursos de amparo. “Las rutas que se arreglan hoy son las que tienen una orden judicial atrás, porque algunos tienen miedo de terminar con una causa penal”, afirmó el ministro.
Riesgo vial
Si bien no hay cifras consolidadas unificadas, desde el Ministerio de Obras Públicas advierten que los siniestros viales en rutas nacionales santafesinas en mal estado aumentan especialmente en contextos de lluvia, debido al ahuellamiento, la necesidad de esquivar pozos y la invasión de carriles, especialmente por parte del transporte pesado. “La gente esquiva pozos, los camiones se cruzan y los choques frontales ocurren. Las muertes en rutas no son accidentes, son consecuencias de ”, sostienen desde la provincia.
Como pasos a seguir, la provincia no descarta avanzar unilateralmente con obras de seguridad vial, como ocurrió en el cruce de Ybarlucea y ruta 34, donde se colocaron semáforos aun sin autorizaciones formales, y profundizar la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales.
“Entendemos que esto no se resuelve de un día para el otro. Pero acá no hay plan. En marzo de 2025 disolvieron todos los contratos de mantenimiento y prometieron concesiones que avanzan al ritmo de las placas tectónicas. Mientras tanto, la gente sigue circulando por rutas destruidas”, concluyó Enrico.