El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a dos funcionarios de la Municipalidad de Pergamino, dependientes de la Secretaría de Producción y la Secretaría General, por del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma continuada por la omisión de controles en las tareas de aspersión de agrotóxicos en campos adyacentes a las viviendas de particulares y la contaminación de las aguas subterráneas en el partido de Pergamino.
Se trata de Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, ex titular y ex auditor respectivamente de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, a quienes además les trabaron embargos sobre sus bienes por la suma de tres millones de pesos a cada uno. Los agentes públicos fueron apartados de sus funciones por el intendente, Javier Martínez, cuando se conoció el avance de la investigación y la imputación a ambos profesionales.
La causa que se les inició a los agentes es un desprendimiento del conocido caso Cortese que tramita en el mismo Juzgado Federal para cuestionar las fumigaciones con agrotóxicos en tres barrios periféricos de Pergamino, que tiene como querellante a la abogada, Sabrina Ortiz, de la ONG Naturaleza de Derechos y cuyo testimonio sobre las afecciones a su salud y la de su familia fue clave para la decisión judicial, según consta en los fundamentos del auto de procesamiento, que ya fue notificado a la defensa y a la Fiscalía.
Tras los descargos de ambos imputados, el Juez determinó que hay elementos harto suficientes para dictar el procesamiento de Tocalini y Naranjo. Para ello consideró, la denuncia de Ortiz, en su carácter de querellante, en la que se apuntó un hecho nuevo e íntimamente vinculado a la denuncia original que está abocada a investigar las posibles responsabilidades que les podría caber a siete productores agroindustriales por la afectación al medio ambiente a lo largo del tiempo en el partido de Pergamino, producto del uso indiscriminado de agrotóxicos y que habrían contaminado el suelo, aire, agua y afectado la salud de la población.
Tras reunir un importante cúmulo de pruebas, a través de la investigación se estableció que por la inactividad de los máximos responsables de Ambiente Rural se realizaron aplicaciones con agroquímicos en distintos campos de la zona urbana y otros aledaños a la ciudad sin los correspondientes controles, según lo establece la normativa municipal, provincial y nacional vigente. Esa conducta omisiva, que fue repetida, permitió que se desarrollaran aplicaciones sin ningún tipo de control desde 2015 en adelante.
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La Dirección de Ambiente Rural tenía el poder de policía de fiscalización y control para comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones en materia de utilización de productos agroquímicos e intervenir ante las actividades que se realizaban en los establecimientos agropecuarios. Los funcionarios investigados, que continuarán el proceso en libertad, tenían la obligación de preservar el ambiente y no controlaron las aplicaciones efectuadas en las inmediaciones del casco urbano y tampoco hicieron cumplir el margen de los 100 metros de exclusión determinados por ordenanza municipal.
De acuerdo a la investigación, obran en la causa diferentes declaraciones testimoniales de vecinos de los barrios afectados por las fumigaciones, quienes además coinciden en señalar que cuando advertían situaciones anormales en los campos cercanos a sus viviendas efectuaban reclamos al número telefónico 147 para denunciar, pero no encontraban respuestas acordes o directamente no eran atendidos.
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También quedó acreditado que, en las oficinas de la Municipalidad, a partir de las diligencias de la Policía Federal, no se encontraron registros físicos ni tampoco antecedentes administrativos de las autorizaciones para las fumigaciones que se realizaron en los distintos establecimientos agropecuarios del partido de Pergamino.
Emblemático
Desde Naturaleza de Derechos señalaron que “el caso es emblemático en muchos aspectos. Primero y ante todo, por la intervención de la Justicia Federal con la aplicación de la ley 24.051 de residuos peligrosos; en los números de procesamientos determinados (nueve), en las dos detenciones de los productores agroindustriales procesados por el delito in fraganti, en los allanamientos a los productores agroindustriales, locales de comercialización de agrotóxicos de Pergamino y las oficinas del municipio; en el rol activo y comprometido del fiscal y la doble funcionalidad jurisdiccional del juez Villafuerte Ruzo, tanto en la esfera penal como en la ambiental, dictando medidas cautelares ambientales que resultan inéditas en la jurisprudencia argentina al tratarse de un caso penal, fijando distancias de protección de las fumigaciones con agrotóxicos: 1.095 metros para las terrestres y 3.000 para las aéreas”.
“A todo ello debe sumarse el rol fundamental de la ciencia digna haciendo sus aportes objetivos y precisos sobre los impactos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente, que fueron fundamentales para la esfera ambiental que aborda la causa penal”, señalaron y destacaron “el rol objetivo de la ingeniera agrónoma, Virginia Aparicio, realizando una pericial real y actualizada al analizar en las muestras de agua de Pergamino, los agrotóxicos que efectivamente se utilizan en el modelo agroindustrial y no el poco más de una decena de principios activos que contempla el Código Alimentario Argentino pero que ya no se usan más por estar prohibidos en la Argentina desde la década del 90 del siglo pasado”.
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También mencionaron el estudio sobre genotoxicidad de Delia Aiassa de la Universidad de Río Cuarto realizado sobre la familia Ortíz. Los informes significativos de los especialistas Rafael Lajmanovich, Medardo Ávila Vasquez, María del Carmen Sevesso, Javier Souza Casadhino y Marcos Tomassoni. Además, los trabajos científicos de Estela Leite-Benitez de Paraguay sobre daño genético. “Un auténtico seleccionado por la verdad científica sobre un modelo de agricultura que enferma, contamina y mata, aportando elementos de convicción para el establecimiento de las medidas cautelares ambientales ordenadas efectivamente por Villafuerte Ruzo”, concluyeron.
Tercer revés para el intendente
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario denegó la solicitud del intendente de Pergamino, Javier Martínez, para que la causa por contaminación ambiental no continúe en el fuero federal. Es el tercer revés judicial respecto de la incompetencia reclamada por el intendente. Primero lo rechazó Villafuerte Ruzo y luego hizo lo propio la Cámara de Casación Penal.
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A través de su representación legal, Martínez consideró comenzó a desandar un camino para impugnar la causa y buscó abrir el debate sobre la competencia del fuero federal. Su estrategia era que ese expediente, que derivó en la cautelar que estableció un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros para aplicar agroquímicos en forma terrestre y tres mil para las aéreas, tramite en el Departamento Judicial Pergamino.
