“La pericia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) sobre el agua de Pergamino es la punta de iceberg que está mostrando una realidad que se quiere ocultar, que prefieren no se sepa”, dijo con contundencia el abogado Fernando Cabaleiro, investigador, ambientalista, integrante de Naturaleza de Derechos y referencia obligada a la hora de apoyar la lucha de los pueblos fumigados del país. El profesional, quien acompaña a su colega Sabrina Ortíz en la penosa tarea de denunciar cómo los agrotóxicos afectaron la salud de la profesional, su familia y la de muchos vecinos de Pergamino, hizo una amplia exposición en la que valoró el alcance del reciente fallo del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás. En el mismo la Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos a menos de tres mil y 1.095 metros respectivamente, desde el límite de toda la planta urbana.
“En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal”, explicó Cabaleiro a La Capital.
—¿Por qué razones en este caso tiene competencia la Justicia Federal?
—Los acuíferos son interjursdiccionales y las aguas subterráneas se contaminan con los agrotóxicos que hoy son de uso corriente como el glifosato y la atrazina, entre otros. El tema agua es muy grave, no sólo porque se encontraron agrotóxicos, que no son fitosanitarios para las personas, son venenos que pueden provocar cáncer o con el tiempo producir enfermedades hormonales, sino también por los altos niveles de arsénico. Hablamos de un promedio de entre 70 a 100 microgramos cuando el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Hospital de Niños de La Plata, desde una mirada de salud pública preventiva, recomiendan que no debe exceder los 10 microgramos por litro, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires es obligatoria a través del Código Alimentario Argentino. A lo que se suman investigaciones científicas de la Universidad Pública que indican que la sinergia entre el arsénico y glifosato, dos sustancias que se encuentran en el agua de Pergamino, agrava sus efectos nocivos.
—¿Cómo fue la reacción de las autoridades municipales y qué medidas tomaron?
—Es abiertamente repudiable el proceder de las autoridades de Pergamino. Pretenden presentarse como parte querellante junto a los vecinos y vecinas de los barrios fumigados en la denuncia iniciada por la colega, Sabrina Ortiz. Inclusive fueron hasta la Cámara Federal de Rosario — que en estos días debe resolver sobre su admisibilidad— y en simultáneo y ante la última decisión judicial del juez Villafuerte Ruso de ampliar razonablemente y con fundamento científico las distancias de protección en relación a las aplicaciones con agrotóxicos, se alinean con los sectores rurales que utilizan estos venenos, para articular y coordinar cómo atacar la medida cautelar ordenada.
—¿Por qué esa dualidad de criterio?
—El municipio esconde el problema de los agrotóxicos. Las autoridades en todos los niveles le temen a los datos epidemiológicos. No quieren hacer el estudio de genotoxicidad que se estableció por ordenanza en Pergamino respecto de los barrios principalmente afectados porque saben que no van a salir bien. De la misma manera, cuando se analizó el agua, nunca se había analizado la presencia de los agrotóxicos que se utilizan hoy en la agricultura industrial sino los que prevé la legislación vigente, los que, casi en su totalidad y salvo el 2,4-D, no se usan más porque están prohibidos desde hace casi 30 años.
—¿Cómo se puede conmensurar la intervención judicial?
—La medida cautelar es inédita en materia de justicia federal, ya que casi la totalidad de las medidas adoptadas judicialmente son de los poderes judiciales provinciales. También es inédita porque se adopta en el marco de una investigación penal, la cual no debe estar exenta de este tipo de medidas. La Corte Suprema de Justicia en el caso Kersich bajó un mandato a todos los jueces federales y provinciales, cualquiera sea el fuero, que indica que cuando esté en juego el derecho humano al agua potable, se debe actuar de inmediato. Por eso la medida adoptada por el Juez Villafuerte Ruzo es ejemplar. Es el camino que deben seguir todos los jueces. La cuestión ambiental no tiene un fuero especializado como el resto de las materias del derecho. El derecho ambiental es multifuero. El caso de Pergamino corresponde que lo investigue la justicia federal porque los recurso afectados, son los acuíferos Pampeano y Puelche, que son interjurisdiccionales. Ya está harto demostrada la contaminación en la causa judicial. Además la causa es federal porque se debe investigar a las autoridades del Senasa, que son las que habilitan estas sustancias, supuestamente con la seguridad que no van a contaminar las aguas ni los suelos, ni van a terminar en los cuerpos de las personas.
—¿Las propuestas de los productores pueden menguar el problema?
—Está demostrado que aún cuando se apliquen con rigor las mentadas buenas prácticas agrícolas es imposible detener la deriva por la sencilla razón que sólo del 25 al 30% de los venenos que se aplican hacen objetivo en el cultivo. A esto lo dicen y lo reconocen los investigadores del Inta pro agronegocio, el resto se transforma en residuo volátil incontrolable. De ahí la necesidad de poner límites. Solo como una medida paliativa urgente, porque la solución definitiva, es empezar el cambio del modelo productivo y abandonar el uso de transgénicos y agrotóxicos.
—¿Qué ocurre con los organismos reguladores?
—El Senasa también es responsable, quizás el principal. Los funcionarios encargados de autorizar los agrotóxicos, analizar los riesgos y exigir las revisiones ante evidencias científicas, son cómplices del agronegocio. Funcionarios que están en lugares claves desde hace más de 15 años y operan adentro del Estado como gestores de las corporaciones. Ahí hay delito penal que debe ser también investigado. Hay que avanzar en ese camino también. Los que fumigan cometen delito porque contaminan y no les importa la vida de los vecinos y vecinas y son conscientes que son venenos y no respetan mínimamente las ordenanzas. Pero el que autoriza y ni siquiera les advierte a los que usan los venenos que son cancerígenos también comete delito, junto a la empresa que lo produce y comercializa, con el guiño del Estado, en este caso, el Senasa. Por eso los funcionarios de ese organismo deberían empezar a desfilar por San Nicolas y mostrar, como primera medida, los estudios que presentaron las empresas para obtener las autorizaciones. Sabemos que es una caja de Pandora, ellos lo saben, por eso se niegan a exhibirlos. Pero ya vamos a llegar eso y seguramente por una orden judicial sorpresiva y la verdad saldrá a la luz para toda la sociedad, porque también lo que está vulnerado, además de los derechos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, es del derecho a la información.
—¿Es posible cuantificar el daño por contaminación?
—En la Argentina se usan más de 525 millones de litros de agrotóxicos por año y 4.300 millones de litros/kilos de fertilizantes sintéticos también por año. Si hacemos un cálculo desde que empezó el modelo de producción agroindustrial se utilizaron más de seis mil millones de litros/kilos de agrotóxicos. Es decir que 4.500 millones de litros/kilos fueron deriva. Si los buscas los tenés en el suelo, en el agua, en los alimentos, en la sangre, en la desaparición de las abejas y los polinizadores. Eso es daño y una externalidad que no se computa en el balance económico del modelo, porque si se lo tuviera en cuenta, es decir si le asignáramos un valor económico, —que lo tiene claramente— se les irían las ganas rápidamente de usarlos si quienes usan estos venenos, supieran que tendrían que asumir esos costos.
