El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás dictó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos a menos de tres mil y 1.095 metros respectivamente desde el límite de toda la planta urbana de Pergamino. La decisión judicial se adoptó dentro del marco de la causa penal iniciada por la abogada Sabrina Ortíz, integrante de Naturaleza de Derechos y del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, por las fumigaciones con agrotóxicos en las inmediaciones de los barrios La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad de la ciudad bonaerense.
Con anterioridad, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar, en abril de 2019, que restringía las fumigaciones terrestres con agrotóxicos hasta los 600 metros del limite urbano pero que solo alcanzaba a los barrios mencionados. La investigación penal siguió su curso y se logró acreditar como prueba que toda la familia de Sabrina Ortiz —ella, su compañero y los hijos de ambos— presentan daño genético. También se acreditó que a los menores se les detectó glifosato en el cuerpo y que otras personas del barrio tuvieron o tiene enfermedades oncológicas.
Por ello, la parte querellante con la representación de Ortíz, solicitó al juez Villafuerte Ruzo que extendiera la protección cautelar establecida en abril a toda la población de Pergamino y a todas las localidades del interior del partido incluidas las escuelas rurales. Asimismo se solicitó al magistrado que ampliara la medida de resguardo de 600 metros dictada en abril de 2019 hasta los 1.095 metros para las aplicaciones terrestres con agrotóxicos.
El cúmulo de evidencias y principalmente la comprobación del daño genético a través del estudio que realizó la especialista Delia Aiassa, investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a toda la familia Ortíz, más un informe en una causa judicial sobre la misma problemática en Dique Chico (Córdoba) y un trabajo científico de investigación sobre genotoxicidad y agrotóxicos "Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas" publicado en la revista Arch Argent Pediatr, en 2015, de la cual es coautora, se agregaron como pruebas al proceso y fueron contundentes y decisivos para la sentencia cautelar.
Una medida científica
La distancia de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres no es arbitraria. Es un número que surge del trabajo científico de Aiassa, según el cual se observa que "teniendo en cuenta que no existen diferencias entre los grupos de niños en estudio en cuanto a distancias de pulverización hasta un máximo de 1.095 metros, debería tomarse en cuenta este dato al momento de establecer resguardos ambientales en localidades que se encuentren rodeadas de cultivos donde se pulveriza".
La solicitud de la querella recibió un visto bueno del fiscal Matías Di Lelo, quien sostuvo que "se incorporaron elementos de prueba que dan cuenta de la gravedad que podría revestir la contaminación en estudio, donde a la fecha persisten discusiones complejas sobre la calidad del agua que se consume en Pergamino y su posible toxicidad por contener diversos agroquímicos, los que incluso se ven potenciados por otros elementos en cuanto a su daño a la salud humana; sin la intervención activa e informes que deberían estar generando los organismos del Estado sindicados oportunamente y aunado al estudio de genotóxicidad realizado respecto de las víctimas, es que corresponde hacer lugar en un todo a lo solicitado por la querella".
Por esas razones, el juez extendió su decisión y ordenó ampliar las medidas precautorias dispuestas en abril. Ordenó que esas medidas se hagan extensiva a toda la ciudad. Para ello fijó el límite resctrictivo y de exclusión, medidas que comprenden el no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, con glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2,4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full, Roundup Max II,Roundup Ultramax".
Sobre el estudio
En la motivación de la decisión judicial está el trabajo de investigación del equipo de Aiassa. El juez argumentó que "el estudio destaca el monitoreo genotoxicológico en humanos para estimar el riesgo genético de una exposición a un compuesto de químicos, lo cual constituye una advertencia temprana para detectar enfermedades genéticas y cáncer. Entre aspectos de monitoreo en poblaciones humanas bajo esa frecuencia de exposición se evaluaron métodos de monitoreo sobre la base de la mucosa bucal y estudios en sangre. Se advierte la insistente observación en niños, en plantas y en poblaciones de adultos, por inhalación y absorción dérmica".
La sentencia indica que "de dicho informe surgen las distancias que deben tenerse en cuenta para los resguardos ambientales y concluyen hasta un máximo de 1.095 metros cuando los individuos tengan su residencia rodeada de cultivos donde se pulveriza. Siendo que esta opinión excede por su calidad científica cualquier interpretación que de la misma se pueda hacer en una decisión jurisdiccional, en un proceso penal se debe remitir a sus claros conceptos y determinaciones, pero tomando como ciertos y de un alto valor de referencia los parámetros aludidos para decidir al respecto".
La medida judicial sólo comprende a la zona urbana y periurbana de Pergamino. Resta que se resuelva la situación de las escuelas rurales y localidades del interior del partido. El juez solicitó a al Ejecutivo municipal que adjunte un informe en el cual conste la cantidad de habitantes y establecimientos rurales educativos asentados en ese partido, para fijar los parámetros de distancia adecuados".
Por Pablo Mihal
Por Lucas Vitantonio (enviado especial)