El colectivo Documenta Baigorria envió una carta formal a la Legislatura para que los diputados y diputados traten en la sesión de este jueves la expropiación deLa Calamita, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) más emblemáticos de la región durante la última dictadura cívico militar clerical. Con la promesa desde el pasado 24 de marzo de este año, el gobernador Omar Perotti remitió el proyecto recién el 14 de septiembre respecto a la donación de los terrenos donde pretenden construir un espacio destinado a la memoria en el marco de un proyecto integral que sirva para los vecinos del barrio lidero a a la casona que fue donada "de palabra" por la familia Benzadón.
Ese acto de donación quedó rubricado el pasado 27 de marzo, pero desde la ONG Documenta Baigorria le explicaron a La Capital que desde 2006, toda donación de palabra merece el tratamiento de los legisladores provinciales, por eso los integrantes de esta organización civil como organismos de derechos humanos de la región y la provincia reclaman la inmediata sanción, prometida por la gestión del gobernador Perotti.
Para tal fin, los activistas por la memoria y defensa de los derechos humanos mantuvieron reuniones con los legisladora del denominado "campo popular" tales como Matilde Bruera, Carlos del Frade y Leandro Busatto, entre otros para lograr que la Legislatura pueda tratar este jueves el proyecto de donación de los terrenos cedidos "de palabra" por la familia Benzadón, quienes fueron los dueños de la famosa tienda La Buena Vista, ubicada en el corazón del barrio Agote de Rosario.
"Pasaron todos estos años y este tiempo para que el gobernador firme el proyecto de ley donde acepta la donación. Y recién semana pasada ingresó al parlamento santafesino y este jueves podría tratarse, por eso hacemos fuerza para que se trate de una vez por todas después de tantos años de lucha", reclamó María Celia Fernández, militante de Documenta Baigorria.
Como mencionaron en reiteradas oportunidades, el colectivo baigorriense como integrantes de organismos del Encuentro Provincial de Derechos Humanos y el mismo Espacio Juicio y Castigo pretenden armar un proyecto integral con la gente del barrio. "La idea es restaurar el casco de la casona, crear un sitio de memoria en el cual se pueda relatar la historia de lo que fue el Centro Clandestino de Detención y promover un polo eductivo, cultural y de salud para los vecinos linderos, ya que en aquellas épocas oscuras era prácticamente una zona rural y ahora está rodeado de villas miseria", planteó.
>>Leer más: La provincia tomará posesión de La Calamita en Baigorria
De las 11 hectáreas que ostenta el predio, la donación incluye a casi dos, mientras que el resto queda en manos de la familia propietaria de los terrenos. "Siempre propusimos que queden a resguardo ante la posibilidad que aparezcan cuerpos enterrados. Por eso necesitamos que haya un compromiso formal de denunciar lo que aparezca en esas poco más de nueve hectáreas restantes", puntualizó Fernández.
En ese sentido, recordó que la ley de expropiación fue ejecutada y no se concretó y lo mismo está ocurriendo con la donación, ya que si en el plazo de dos años no se concreta ese trámite, la familia puede volver a reclamar el predio y eso echaría por tierra años de militancia y reclamos de vecinos y organismos de derechos humanos para resguardar un monumento histórico para la mamoria de la región, puesto que ese fue uno de los lugares elegidos como centro clandestino de detención y tortura bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército, con el ex agente del Batallón de Comunicaciones 601 y encargado del CCD "Quinta de Funes", Pascual Guerrieri a la cabeza.
La Calamita
La Calamita es un viejo casco de estancia que la dictadura cívico-militar convirtió en un centro de secuestro y tortura. Este lugar integró un circuito represivo junto con la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco y La Intermedia, entre otros centros clandestinos de detención que operaron dentro del Área Militar 211, Sub zona 21, bajo responsabilidad del II Cuerpo de Ejército. Los delitos de lesa humanidad cometidos fueron investigados por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario que condenó a doce de los represores imputados.
La imagen del centro de detención fue tomada por la Conadep en 1984.
En el marco del Decreto provincial Nº 481/13 el lugar fue declarado "Sitio de Memoria" y luego, en 2015, se sancionó la Ley provincial Nº 13.455 que ordenó la expropiación del predio donde funcionó el centro clandestino, para la construcción de un espacio de memoria. La expropiación no se llevó acabo, y en su lugar la provincia acordó con los dueños del terreno la donación del lote de dos hectáreas donde está ubicado el casco.
En un recorrido que hizo La Capital en 2018 podían verse los restos del galpón ubicado en la parte posterior de la estancia, donde la maleza y desechos de metal oxidado se acumulaban sobre sótanos y grandes piletones de material que en otras épocas sirvieron para almacenar la producción de los viñedos de Calamita.
