Por Marcelo Castaños
La Calamita fue un centro de detención por el que pasó un centenar de víctimas.
El edificio ha sido y sigue siendo un lugar de reconocimiento y testimonio.
La imagen del centro de detención fue tomada por la Conadep en 1984.
El reclamo por la expropiación lleva ya más de dos décadas.
El compromiso de la ciudad de Baigorria y el interés de sus estudiantes han sido constantes.
El ex centro de detención clandestino La Calamita, ubicado en Granadero Baigorria, será finalmente donado a la provincia para que funcione allí un "espacio dedicado a la memoria". El traspaso se formalizará el lunes próximo en la Estación Esperanza, de esa ciudad, con la presencia del intendente Adrián Maglia y de Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos provincial.
El anuncio fue hecho en vísperas del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y confirmado por la secretaria de Cultura y Educación municipal, Estefanía Hereñú.
Se espera que del acto participen representantes del colectivo "Documenta Baigorria", que durante décadas trabajó para rescatar la historia de ese centro de detención por que el que, se estima, pasó un centenar de víctimas del exterminio, y del que sobrevivieron 29 personas. Desde la ONG piden que el lugar sea rescatado poro conservado como monumento histórico porque aún hoy es un sitio de testimonio y reconocimiento. Quieren, además, que se investigue todo el predio, ya que hay una parte importante de las 11 hectáreas originales que no están sujetas a la donación, y que lo que se genere allí sea también un espacio de trabajo social para el barrio que se formó con el tiempo alrededor del predio.
"Esta es una lucha que el intendente Adrián Maglia viene dando hace mucho tiempo, y es muy simbólico que justo se logre este año, cuando festejamos los 40 años del retorno de la democracia”, señaló Hereñú.
La Calamita es un viejo casco de estancia que la dictadura cívico-militar convirtió en un centro de secuestro y tortura. Este lugar integró un circuito represivo junto con la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco y La Intermedia, entre otros centros clandestinos de detención que operaron dentro del Área Militar 211, Sub zona 21, bajo responsabilidad del II Cuerpo de Ejército. Los delitos de lesa humanidad cometidos fueron investigados por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario que condenó a doce de los represores imputados.
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En el marco del Decreto provincial Nº 481/13 el lugar fue declarado "Sitio de Memoria" y luego, en 2015, se sancionó la Ley provincial Nº 13.455 que ordenó la expropiación del predio donde funcionó el centro clandestino, para la construcción de un espacio de memoria. La expropiación no se llevó acabo, y en su lugar la provincia acordó con los dueños del terreno _la firma Benzadón_ la donación del lote de dos hectáreas donde está ubicado el casco.
En un recorrido que hizo este diario en 2018 podían verse los restos del galpón ubicado en la parte posterior de la estancia, donde la maleza y desechos de metal oxidado se acumulaban sobre sótanos y grandes piletones de material que en otras épocas sirvieron para almacenar la producción de los viñedos de Calamita.
La casona había sido construida por el 1920 en lo que fuera entonces comuna de Paganini, luego Granadero Baigorria. El dueño de casi todas las tierras era el inmigrante español Juan Sala, quien empleaba a más de 150 obreros que sembraban árboles frutales, olivares, flores y vides. El edificio que ahora será donado era el casco central de la estancia.
Sala, quien fue presidente comunal entre 1928 y 1934, falleció a principios de los 40. Sus descendientes vendieron las tierras al italiano Angelo Calamita (de ahí como se conoce popularmente al lugar), quien volvió a producir los campos y fabricó el vino conocido como hidromiel Pontón. Pero en 1969, vendió esas mismas tierras a la firma Raúl Benzadón Saci, propietaria de la tienda La Buena Vista. En 1975, Osvaldo Rodenas y Natalio Wainstein, dirigentes de Rosario Central, alquilaron el predio y se lo cedieron al II Cuerpo del Ejército mediante un contacto que tenían con el coronel Juvenal Pozzi. Pascual Guerrieri (ex agente Batallón inteligencia 601 y jefe del centro clandestino Quinta de Funes) eligió La Calamita como centro de tortura y detención bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército. La Calamita funcionó desde fines del 76, durante el año 77 y probablemente hasta los primeros meses del 78.
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La recuperación de la democracia mostró rápidamente los horrores allí ocurridos. Denuncias de vecinos y de la Municipalidad motivaron una inspección del entonces juez de instrucción Luis Juan Giraudo en enero de 1984. También en ese año se concretó la visita de la Conadep, que estableció fehacientemente el funcionamiento de un centro clandestino de detención en el predio. Pero el 8 de octubre de 1984, los Tribunales de Rosario sufrieron el robo de una importante cantidad de expedientes sobre el terrorismo de Estado, que significó una gran pérdida de material muy valioso sobre la causa Feced y sobre el accionar represivo en la región.
Recién en 1998, una movilización convocada por organismos de Rosario señaló a La Calamita como sitio de secuestros, torturas y muerte. Y el anuncio de la venta del predio en 2001 generó nuevas manifestaciones e intentos de organización en Baigorria. En junio de 2003 los propietarios derrumbaron los galpones que estaban en la parte trasera porque habrían sido dañados por un temporal que hubo en la zona. Fue entonces que se realizó la primera marcha multitudinaria para exigir la expropiación del lugar.
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Desde entonces comenzó la lucha por el rescate de la memoria, que tuvo al menos dos antecedentes: las leyes 12.192, de 2003, y 12.462, de 2005. Sin embargo, la iniciativa cayó porque se vencieron los plazos de ejecución. En 2015 se sancionó la Ley provincial Nº 13.455, pero la expropiación tampoco se concretó, y se acordó la figura de la donación.
Documenta Baigorria es una agrupación de vecinos y vecinas que promueven la recuperación de la memoria popular sobre el accionar del terrorismo de Estado en La Calamita. En la región, las fuerzas represivas habían hecho hincapié "en los delegados sindicales, logrando desarmar cualquier forma de organización de los trabajadores en las fábricas del Cordón Industrial", afirman sus integrantes en su carta de presentación.
Desde la conformación de esta agrupación, se ha promovido el trabajo en redes con otras organizaciones para involucrar y concientizar a la comunidad acerca de la importancia de la preservación de este espacio. "Sabemos que La Calamita y su historia tienen para los baigorrienses un enorme valor simbólico. Esto se evidencia en el conocimiento que demuestran la mayoría de los niños y adolescentes que concurren a las escuelas de la ciudad acerca de lo que allí sucedió. Porque el trabajo con las escuelas de la ciudad ha sido una constante", puede leerse en la página de Documenta Baigorria.
María Celia Fernández forma parte de esta ONG. En diálogo con La Capital, recordó que se viene "luchando por la expropiación de La Calamita desde hace más de 20 años". Si bien reconoció que no les ha llegado la documentación sobre la donación del predio ni los términos en que se concretará, celebró que se haya dado este paso.
"Durante varios años vivió en la casona una familia que estaba encargada del lugar, hubo mucho deterioro, se tiraron galpones, se construyeron espacios, se subalquilan casitas, se han hecho negocios de lo más insólitos, hasta hubo tanques con gas. Desde la movilización hemos luchado para evitar más deterioro, porque a ese lugar todavía vienen testigos a reconocerlo", contó la mujer. Y recordó la visita que hizo hace un mes el sobreviviente Antonio Huerta (detenido en el lugar cuando tenía 15 años) en el marco de la causa Guerrieri IV.
Fernández expresó el anhelo colectivo de que se siga investigando el predio completo de 11 hectáreas, aunque las sujetas a la donación sean dos. Además, sostuvo lo que viene pidiendo Documenta Baigorria, y es que "se reubique a las familias que viven ahí. Y también nos parece importante, porque tiene que ver con los ideales de quienes perdieron la vida allí, que se hagan actividades para al barrio donde quedó inmersa La Calamita, que sea un lugar para el crecimiento de esa población", remató.
En febrero había 754 cuidacoches identificados; en junio son 1.019. En Senadores pedirán preferencia para aprobar la ley que regresó de Diputados
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