La Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió a los legisladores provinciales que incluyan en el Presupuesto 2022 las partidas necesarias para realizar obras viales que ayuden a mejorar la situación de los vecinos de Villa La Ribera, aquejados por la permanente afluencia de camiones que llegan a las terminales del cordón industrial y portuario. El organismo santafesino se hizo así eco del reclamo formulado por los habitantes del lugar, que fue formalizado ante los defensores y autoridades de distintos ámbitos durante una reunión pública celebrada el 24 de septiembre. En esa ocasión, el defensor a cargo, Gabriel Savino, reconoció la necesidad de que "las propuestas que surgen desde el Estado como solución estén en consonancia con las soluciones que los vecinos de la zona necesitan". Para los residentes de La Ribera, lo importante es que "el Ejecutivo mande al Senado como punto anexo las partidas para las obras que se necesitan en la zona". Así lo expresó Gisella Signorelli, vocera del colectivo de habitantes. Y especificó: "Lo que necesitamos es que los camiones esquiven el poblado, que tomen rutas, caminos y puentes alternativos para no congestionar la ruta 91".
La Defensoría emitió la resolución 288, en la que recomienda a las cámaras de Diputados y de Senadores de Santa fue que "al momento del tratamiento del Presupuesto Provincial para el Año 2022 se contemple la inclusión de una partida presupuestaria específica para la realización de las obras". Del mismo modo, se recomienda "a las distintas autoridades provinciales involucradas –con responsabilidad y poder de decisión en el presente conflicto– que, en forma articulada con las demás autoridades a nivel nacional, municipal, comunal, y con las distintas organizaciones involucradas en la temática, acuerden un plan de acción a concretarse en el futuro inmediato con el propósito de brindar soluciones integrales y definitivas a quienes ven vulnerados sus derechos cotidianamente".
Presentación de vecinos
El 16 de junio de este año, vecinas y vecinos de Villa La Ribera, departamento Iriondo, hicieron una presentación, con patrocinio legal, en la Defensoría. Advertían los habitantes sobre los peligros y daños personales y colectivos que sufren, tanto los residentes como quienes transitan por la ruta 91, como el impacto al medioambiente, producto de la afluencia del tránsito tanto vehicular como de camiones de carga, que representan más del 70 por ciento de las exportaciones de nuestro país. Estos rodados confluyen en la zona de las terminales portuarias ubicadas en la región comprendida entre Rosario y Timbúes, sobre todo en época de cosecha gruesa, que comienza en marzo. El tema mereció reiterados artículos en La Capital, que también se hizo eco de los reclamos.
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La presentación que hicieron los vecinos en la Defensoría.
En la presentación hecha ante el ombudsman, los vecinos también solicitaron que se notificara la radicación de la denuncia y consiguiente promoción de actuaciones a todas las autoridades competentes con jurisdicción nacional, provincial y comunal. Y enumeraron los permanentes peligros e inconvenientes: "Riesgo de vida, daño a la salud, daño al medio ambiente, ruidos molestos, riesgo por la dificultad de acceso a la ruta provincial N° 91, dificultad para circular por las vías de comunicación, mal estacionamiento de los camiones, dificultad para acceder y/o salir de sus viviendas a los fines de realizar diversas actividades, entorpecimiento de la circulación del transporte público, caída de cereal de los transportes, destrucción de propiedades particulares y caminos, dificultades para el acceso y tránsito de ambulancias, transporte público y Bomberos", entre otros.
Acceso Norte Timbúes
Entre los proyectos en danza para arribar a soluciones en el mediano plazo, figura el presentado por el presidente comunal de Timbúes, Amaro González, denominado "Proyecto Acceso Norte Timbúes", considerado el más apropiado para resolver la problemática de la ruta 91. Esa iniciativa contempla el desvío de esa carretera por caminos rurales de Oliveros, cruzando las vías del ferrocarril Belgrano Cargas, donde se encuentra la playa de maniobras, además de un desvío de la ruta 11, y un nuevo puente sobre el río Carcarañá (también en la 11). Los camiones que circulan por autopista Rosario-Santa Fe ingresarían al mismo desvío por el llamado puente Giardino, que cruza la doble traza.
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El puente Giardino, donde oportunamente se presentó el proyecto Acceso Norte Timbúes.
Este proyecto, que ya había sido presentado al ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue también notificado a las autoridades provinciales actuales y al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. Esto es porque el Estado nacional tiene proyectado construir un puente vial que elevará la ruta 11 para que el tren que ingresa a los puertos de Timbúes lo haga por debajo de ese viaducto. Ese proyecto ya se encuentra aprobado e incluido dentro del presupuesto de la Nación y entre las obras a ejecutarse en un futuro inmediato.
La Defensoría llegó a esta resolución después de solicitar numerosa información a distintas dependencias provinciales y nacionales sobre impacto ambiental en la zona, número de vehículos que circulan por la ruta y en la región, estadísticas de accidentes viales, operativos de seguridad en la zona y proyectos para solucionar la problemática planteada por los vecinos de La Ribera.
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En rojo aparece la obra del desvío proyectado para sacar a los camiones de la villa.
"Esta Defensoría decidió intervenir, de forma activa y en coordinación con quienes de una u otra manera se encuentran involucrados en la problemática abordada en la presente resolución", manifestó el organismo. "En primer lugar, se convocó, escuchó y trabajó con cada uno de los actores gubernamentales, civiles y privados para conocer propuestas proactivas en busca de soluciones, y posteriormente convocándolos a una Mesa de Diálogo para tratar el tema y cotejar distintos proyectos en análisis, pues ello se presentaba como la forma más apropiada para disminuir una conflictividad que se encontraba en ascenso y que podía acarrear, en un futuro inmediato, consecuencias aún más gravosas que las ya existentes".
También manifiesta que "la materia abordada en la presente Resolución ha sido analizada en profundidad por quienes tienen un interés real en la solución definitiva de la problemática que les aqueja duramente y desde hace muchísimos años. Creemos que seguir postergando las acciones y obras que, de manera inmediata, deben comenzar, es un compromiso de quienes tenemos responsabilidades ante la comunidad toda que ha depositado su confianza en el Estado como garante de sus derechos. Se supone que las personas enajenamos parte de nuestra independencia y libertad frente al Estado para que como contrapartida, nuestros representantes, elegidos democráticamente, breguen por nuestros derechos y libertades; para que los mismos sean respetados y se nos asegure una vida digna de ser vivida, creando el verdadero calor público de una gestión".
Concretamente, la Defensoría insta a las distintas autoridades provinciales involucradas que, en forma articulada con las demás autoridades a nivel nacional, municipal, comunal, y con las distintas organizaciones involucradas en la temática, acuerden "un plan de acción a concretarse en el futuro inmediato con el propósito de brindar soluciones integrales y definitivas a quienes ven vulnerados sus derechos cotidianamente"
Reunión clave
A raíz de una presentación realizada en la institución por parte de vecinos de la localidad de La Ribera, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe convocó a una mesa diálogo, que se concretó el 24 de septiembre con el objetivo de acordar un camino común de acción para llegar a una solución de la problemática que aqueja desde hace años a la zona.
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Savino, en la mesa de diálogo que organizó la Defensoría el 24 de septiembre.
En aquella ocasión, el defensor del Pueblo a cargo, Gabriel Savino, reconoció que "muchas veces el principal impedimento está en la falta de comunicación y lo que buscamos es subsanar esa cuestión, que las propuestas que surgen desde el Estado como solución estén en consonancia con las soluciones que los vecinos de la zona necesitan. Planteamos este camino para construir soluciones entre todos e impulsar aquellas iniciativas presentadas. Es necesario un Estado presente, en acción y comprometido con el desarrollo”, dijo entonces.
Los vecinos de la zona que realizaron la presentación manifestaron sus dudas sobre los pasos que hay que dar para alcanzar una solución, cómo lograr la partida presupuestaria para la obra y también plantearon la posibilidad de abrir caminos judiciales en busca de la solución. “Estamos en presencia de una vulneración de derechos y una negligencia del Estado nacional y provincial”, enfatizaron.
Sobre el final de aquel encuentro, Federico Ávalos, técnico de Vialidad provincial, habló del proyecto de “desviar la ruta 91 utilizando ese puente que cruza la autopista”. Al respecto abundó: “Estamos definiendo la traza. Son tres puentes los que tenemos que construir, el del Carcarañá, el puente sobre la ruta 11, que incluso van a hacer un puente para levantar esa carretera a fin de dar paso al tren, así que estamos definiendo con ese proyecto para que no se superpongan. Y después está el tercer puente sobre las vías. Hay unas torres de alta tensión que también tenemos que sortear. Es un proyecto bastante complejo. La traza la tenemos bastante definida y ahora estamos avanzando en generar el pliego técnico de esa obra”.
"Para nosotros lo más importante es la incorporación en el presupuesto –dijo Signorelli a La Capital–. Estamos intentando gestionar que el Ejecutivo lo incorpore al proyecto de Presupuesto ya enviado, que todavía no se aprobó. En principio, el Senado sesionará el 14 de diciembre, y en Diputados ya se trataría el año próximo. El proyecto Acceso Norte Timbúes tendría un costo de 30 millones de dólares, algo que el Estado provincial está en condiciones de costear. Lo más costoso son los puentes, pero nosotros queremos hacen hincapié en que esto no es sólo una solución para nosotros, sino para toda la región. Para Villa La Ribera, lo indispensable es que en corto plazo nos esquiven y los camiones no pasen por ahí. Nos falta la decisión política del Ejecutivo", remató.
