Los locales de más de 85 metros cuadrados deben abonar entre $250.000 y $750.000 mensuales. Un proyecto en el Concejo busca que los comerciantes conozcan que existe una vía para solicitar excepciones
Por Nicolás Maggi
La actividad de los gastronómicos es una de las que más sufre la recesión, con cierre de locales icónicos de la ciudad y alta rotación de comercios en ubicaciones clásicas.
La actividad de los gastronómicos es una de las que más sufre la recesión, con cierre de locales icónicos de la ciudad y alta rotación de comercios en ubicaciones clásicas.
En un contexto de crisis de demanda e incremento de los costos operativos, el Concejo Municipal volvió a poner en agenda el debate por el costo de la recolección diferencial de residuos gastronómicos. La actividad es una de las que más sufre la recesión, con cierre de locales icónicos de la ciudad y alta rotación de comercios en ubicaciones clásicas.
Por ese concepto, los locales de más de 85 metros cuadrados deben contratar un servicio especial, cuyos valores se ubican entre los $250.000 y $750.000 mensuales, aunque existen establecimientos que abonan montos superiores, ya que el costo depende de la frecuencia contratada.
Atendiendo esas cuestiones, la concejala Anahí Schibelbein presentó un proyecto de decreto para retomar la discusión sobre el valor de ese servicio y que los comerciantes conozcan que existe una vía para solicitar excepciones al régimen.
La iniciativa pone el foco no sólo en el precio de la prestación sino también en el criterio utilizado para determinar qué comercios deben contratarla. El régimen vigente toma como referencia la superficie del establecimiento, aunque los fundamentos del proyecto advierten que los metros cuadrados no necesariamente reflejan la cantidad, calidad o condiciones de los residuos que genera cada actividad.
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Con esa inquietud, la edil realizó un sondeo de opinión entre empresarios gastronómicos locales de diferentes rubros, entre ellos restaurantes, panaderías y heladerías. De allí se desprende una fuerte disconformidad con el servicio, centrada especialmente en el costo de la prestación, que los comerciantes consideran desproporcionado respecto del volumen de residuos que retiran y de la situación económica actual.
"También nos manifestaron que existe poca competencia entre las empresas habilitadas para prestar el servicio de recolección diferencial", situación que limita las posibilidades reales de contratar un servicio más barato. Además, varios comerciantes señalan que el sistema actual no contempla las diferencias existentes entre rubros ni la cantidad real de residuos generados, aplicando criterios uniformes para situaciones comerciales por rubro muy diversas entre sí", consideró Schibelbein.
Los fundamentos del proyecto agregan otro cuestionamiento: la prestación fue considerada poco flexible y deficitaria por la mayoría de los establecimientos consultados. Para la concejala, el canon mensual representa un costo operativo cada vez más difícil de afrontar en un escenario marcado por la caída de la actividad económica.
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La obligación de contratar el servicio diferencial para los establecimientos de más de 8 5 metros cuadrados surge del Decreto Reglamentario Nº 2.921/18, dentro de un conjunto de ordenanzas que regulan la gestión de residuos comerciales en Rosario.
El esquema municipal contempla además la figura del "gran generador" o "generador especial", que no se define exclusivamente por la superficie del establecimiento sino también por la cantidad, calidad y condiciones de los residuos producidos. Ese criterio está contemplado en la ordenanza Nº 8.084/06.
Para Schibelbein, la superficie constituye un parámetro objetivo para aplicar la reglamentación, pero puede resultar insuficiente para determinar qué comercios necesitan efectivamente una recolección diferencial.
"Es prioritario desarrollar propuestas que colaboren con el sostenimiento de emprendimientos locales en este contexto signado por la caída de la actividad económica; y implementar una política pública que dé respuesta a las deficiencias evidenciadas en el sondeo de opinión respecto a la prestación del servicio de recolección diferencial", plantea el proyecto.
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La iniciativa no propone eliminar la recolección diferencial ni crear un nuevo régimen de excepciones. Busca que los comerciantes sean informados de que ya existe una vía para solicitar que su caso sea evaluado.
Según los fundamentos, actualmente el municipio puede analizar determinadas situaciones y exceptuar a comercios de la contratación del servicio diferencial cuando las características de los residuos generados así lo justifican. El problema, sostiene Schibelbein, es que esa posibilidad no está siendo comunicada de manera eficiente a quienes tramitan una habilitación.
"Existen mecanismos exceptivos del presente régimen", por ejemplo los hoteles de 1 y 2 estrellas que no prestan servicios gastronómicos al público no hospedado en sus instalaciones, están exceptuados pese a que sus superficies superan los 85 metros cuadrados, al igual que aquellos comercios que tienen separación de residuos en origen. Es decir, que actualmente existe la posibilidad de quedar exceptuados de esa erogación, sólo que no hay una comunicación eficiente al respecto", destacó la concejala.
La iniciativa también menciona a los establecimientos que realizan separación de residuos en origen.
Por eso, el proyecto apunta a modificar el procedimiento administrativo de las nuevas habilitaciones. En concreto, propone que cuando un comercio de más de 85 metros cuadrados quede alcanzado por el régimen, el municipio le entregue información clara y operativa sobre la posibilidad de solicitar una evaluación de la generación de residuos. La idea es que esa información forme parte del propio proceso de habilitación y que el comerciante pueda conocer la existencia de la vía de excepción antes de asumir el costo del servicio.
Actualmente, según los fundamentos de la iniciativa, los comercios alcanzados deben exhibir la contratación y el pago efectivo del primer mes del servicio diferencial. El proyecto busca que, en esa instancia, también se informe expresamente que pueden solicitar la evaluación correspondiente. El texto presentado encomienda al Ejecutivo municipal instrumentar este mecanismo informativo y establece un plazo de 60 días para su puesta en marcha.
De esta manera, la discusión que vuelve al Concejo no se limita al precio que pagan los gastronómicos por retirar sus residuos. También pone sobre la mesa si la superficie de un local alcanza como único criterio para determinar la obligación y si los comerciantes están siendo adecuadamente informados sobre las alternativas que contempla la normativa vigente.
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