Las autoridades de Entre Ríos publicaron una resolución donde se impuso la suspensión de todas las actividades en el predio Wakeland, un espacio de práctica de deportes náuticos al aire libre donde se llevó a cabo una fiesta electrónica no autorizada el domingo pasado. El lugar donde se hizo la fiesta es parte de una zona natural protegida, donde no están permitidos los eventos masivos nocturnos y con música alta. Los dueños del terreno fueron apercibidos por la Justicia federal durante la semana y el espacio quedó al borde de la clausura.
La resolución 100 de la Secretaría de Ambiente entrerriana impuso “la suspensión preventiva, total y temporal de toda actividad vinculada al establecimiento denominado ‘Wakeland’", el cual se encuentra en el kilómetro 7,3 de la Ruta Nacional N° 174 y está dentro de la jurisdicción del municipio de Victoria “por ejercicio de actividades de fiestas y espectáculos públicos y musicales sin contar con certificado de aptitud ambiental y en flagrante violación a la reglamentación establecida”.
La medida inició un proceso sancionatorio contra los dueños registrados del complejo, Enzo Federico Vignale y Mónica Elisa Cisneros, “estableciendo un plazo razonable de diez días hábiles para realizar el descargo y ofrecer medios de prueba” contra el apercibimiento por haber violado las normas establecidas en el plan de manejo de la área natural protegida “bajo apercibimiento de clausura definitiva de la actividad”.
La fiesta electrónica tuvo lugar la madrugada del pasado domingo 4 de febrero, con organización por parte de una productora que convocó al evento por medio de la red social Instagram bajo el nombre “Exiled - Private Party”. El costo de la entrada estaba entre los $6 mil y los $11 mil, sumado al hecho de que los promotores de la fiesta ofrecían un servicio de transporte a $6 mil adicionales. Las imágenes compartidas por el bioespacio Wakeland en sus redes sociales y por los asistentes al evento dan cuenta de una gran convocatoria, la cual siguió allí hasta cerca del mediodía del domingo.
Fiesta "Exiled - Private Party " en pleno proceso de armado. Imágenes tomadas horas previas al comienzo del evento. Gentileza: organizaciones ambientalistas.
En sus considerandos, la resolución enumera que la realización de eventos de estas características está prohibida por medio de una medida cautelar dictada por el juzgado federal de Victoria. A esto se le debe sumar que la fiesta viola las normas del plan de uso de la reserva de usos múltiples, las cuales establecen que toda convocatoria masiva debe tener un autorización previa, no deben “exceder los aforos establecidos normativamente en los lugares habilitados por la jurisdicción pertinente, cuyos niveles sonoros no podrán exceder los 60 decibeles medidos a 100 metros del punto que los origina”, deben ser “exclusivamente en horario diurno” y tener características “compatibles con el entorno del área protegida y con la idiosincrasia de sus habitantes”.
La fiesta “Exiled” no cumplía con ninguna de estas características. Assimismo, el texto emitido por la Secretaría de Ambiente apunta dos cuestiones: la primera es que el predio “Biopiscina Complejo Wakeland” se presenta con un certificado de aptitud ambiental cuando en realidad no lo tiene -el documento se encuentra en trámite no oficializado- y que el inmueble ya había sido amonestado por la Justicia ante el inicio de obras de construcción que no estaban declaradas.
Por otro lado, el documento expresa que “no existe carta de presentación relativa a la actividad de espectáculos públicos, fiestas o servicios de salones de baile, discotecas y similares, por lo cual nos encontramos ante una situación de riesgo ambiental significativo”.
Viejos conocidos
El apellido Vignale es conocido en Victoria, debido a sus múltiples apariciones en situaciones de gran gravitación mediática y judicial. En abril de 2023, el juez federal Federico Martin denegó el pedido realizado por el ganadero Federico Andrés Vignale, hijo de Enzo, para iniciar una serie de obras para construir un complejo turístico en los humedales del Delta. Federico fue señalado por diferentes organizaciones ambientalistas como el organizador de la fiesta cuestionada.
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Por otro lado, Enzo Vignale fue acusado por la justicia federal de Paraná por estar involucrado en los incendios que asolaron los pulmones de los rosarinos a inicios de 2020, pero dictaron falta de mérito “por ausencia de pruebas suficientes”. En 2022 negó que los propietarios de los campos de la isla tuvieran algo que ver con los incendios, acusó al gobierno nacional por persecución y deslizó que quienes estaban detrás de las llamas eran las propias organizaciones ambientales bajo la anuencia de los gobiernos nacional y de Santa Fe y Entre Ríos.
Al año siguiente, fue denunciado por realizar una fiesta irregular a 500 metros al norte de la conexión vial Rosario-Victoria para celebrar fin de año, en la cual se contabilizaron cerca de 300 autos que ingresaron al terreno. El terrateniente declaró que era un evento privado.
