El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una ordenanza que prohíbe la actividad de cuidacoches en todo el ámbito de la ciudad. El impedimento alcanza a los que trabajan sin tarifa fija, y reciben contribuciones solidarias. La normativa sancionada en la sesión de ayer deroga la legislación anterior, del año 2019, que establecía la creación de un registro de “trapitos” con una credencial para regular y controlar ese trabajo callejero, algo que nunca llegó a implementarse.
El edil de la Unión Cívica Radical Carlos Suárez explicó que la aprobación de la ordenanza que prohíbe la actividad de cuidacoches en la capital provincial “se dio a instancias del Departamento Ejecutivo Municipal que envió un pedido formal al Concejo para que se derogue la ordenanza Nº 12. 635, del 2019, que regulaba el funcionamiento de las personas que trabajan en la calle cuidando o lavando autos. El objetivo de aquella normativa era organizar o sistematizar la actividad”.
“Esa ordenanza nunca llegó aplicarse y la actividad de cuidacoches en los últimos 4 o 5 años se fue desmadrando cada vez más, y a partir de ese análisis el Ejecutivo envió al Concejo por la cual nos pidió que derogáramos esa ordenanza y que estableciéramos específicamente la prohibición de ese tipo de trabajo en todo el ejido de la ciudad de Santa Fe”, remarcó.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el legislador radical precisó que “ya en el año 2019, cuando se aprobó la regulación de los cuidacoches, ya se estaba errando el abordaje del tema. Este era un problema social que no se iba a resolver normativizando o regulando la actividad, más bien se iba a dar una señal equivocada y la situación iba a empeorar. Y así sucedió”.
“En 2019 _continuó Suárez_ decíamos que se debía prohibir la actividad y dar una señal clara de abordaje social a las personas que llevaban adelante esta actividad, y eso es lo que planteaba el Ejecutivo. Hoy tenemos una prohibición específica. Y para que su control sea efectivo, lo ideal sería que un inspector municipal actúe junto con un policía, porque frente a la negativa de una persona de retirarse de hacer una actividad prohibida, la consecuencia inmediata tendría que ser la detención”.
Sin embargo, el concejal de la UCR aclaró que “la detención se puede dar porque no cumple la orden importada por el personal municipal; también puede ser arrestado si la policía le pide identificarse y esa persona no accede, o si el trapito, además de llevar adelante una actividad prohibida, pueda estar alcoholizado. Es un control complejo porque si fuera por las potestades propias del municipio, el inspector solo podría hacer una multa, y si actúa con un policía la situación cambia.”
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Suárez aseguró que “hay un compromiso de trabajo junto con la policía. La Guardia de Seguridad Institucional estará acompañada por policías. Este dispositivo contribuiría mucho en el control. Lo primero que se controlará será la zona que tiene estacionamiento medido para evitar esa suerte de doble imposición que se da porque hay que pagarle al municipio por el estacionamiento medido y al trapito. La actividad está prohibida de manera completa, inclusa de aquellos que la ejercen sin cobrar tarifa fija y reciben dinero a voluntad”.
“Esta es una actividad que mucha gente la viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Para ello el municipio brindará un abordaje. En el universo que ya tiene relevado el municipio, que son alrededor de 300 personas, hay un montón de situaciones. Algunas de esas personas podrán ser incorporadas a cooperativas de trabajo o asociaciones que se dedican a tareas de limpieza en barrios como corte de pasto, limpieza de cunetas. Otras serán capacitadas para reinsertarlas en el mundo laboral formal, y hay un grupo que tendrá que ser abordado por la cuestión de la salud mental, porque es gente atravesada por las adicciones”, agregó