“Me estoy fundiendo, en tres meses me carnearon el 20% de mi hacienda”, comenta afligida a La Capital Luciana Brero, una veterinaria rafaelina y además pequeña productora del departamento Castellanos. Allí, en el centro geográfico de la provincia donde además de la producción bovina para faena tiene su epicentro el mayor núcleo lácteo del país, las penurias que afligen a Luciana son cotidianas para muchos otros productores a causa del abigeato. Un delito de pingües ganancias para sus autores y de pérdidas inversamente proporcionales para los que lo padecen en sus pasturas.
“Resulta muy difícil continuar así. Me estoy fundiendo. En realidad sigo por amor al arte, todo lo que tengo son pérdidas”, repite Brero, que además se lamenta porque sus denuncias no lograron respuesta por parte de las autoridades.
Se trata además de una actividad delictiva cuyo esclarecimiento requiere de complejas investigaciones y cuantiosos recursos.
De acuerdo a su experiencia, sostiene que desde el estado provincial “no se tiene un diagnóstico de situación para definir medidas de prevención y persecución penal para combatir el hurto de ganado, y menos aún parece advertir las graves derivaciones de este accionar delictivo. Porque paralelamente a este delito, se desarrolla y fortalece un circuito de venta clandestina de carne sin ningún tipo de control bromatológico y/o sanitario”.
Luciana no habla solamente por la situación personal, se apoya en los trabajos elaborados por entidades que nuclean a productores, entre ellas Carsfe (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe), que viene trabajando desde hace años en el análisis de esta problemática, la creación del Mapa del Delito Rural y en la identificación de los aspectos críticos que se deberían subsanar para lograr un abordaje eficiente en materia de prevención y control de este flagelo.
Hace más de dos años, CARSFE presentó un informe sobre la situación de la provincia al entonces ministro de Seguridad (Maximiliano Pullaro) y al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini. “Si bien el MPA lleva un registro de las denuncias de abigeato, éstas apenas son un pálido reflejo de la realidad. Entonces muchos productores ganaderos, luego de años de realizar denuncias sin resultados, desisten de "perder el tiempo" porque en las comisarías locales no siempre se encuentra un sumariante (se ven obligados a regresar en otro momento), y las Fiscalías o los Destacamentos de la Guardia Rural “Los Pumas” muchas veces se encuentran a decenas de kilómetros del lugar donde ocurrió el ilícito”, grafica.
Cita además que “en 2004, María del Carmen Alarcón (por entonces diputada nacional por Santa Fe) afirmaba que en el año 2003 los productores santafesinos habían perdido 6.000 cabezas por el delito de abigeato”.
En aquel informe de 2018 elevado a las autoridades provinciales y judiciales, Carsfe estimaba que el sector ganadero perdía 95 cabezas diarias por abigeato, es decir, casi 35.000 animales por año. Cada día, de la carne que consumen los santafesinos, entre 40.000 y 50.000 kilogramos serían de procedencia ilícita y de incierta calidad bromatológica, es la tajante estimación que surge del relevamiento formulado por los productores.
Brero termina de repasar los datos que pacientemente recolecta en búsqueda de una salida que a esta altura le parece laberíntica y concluye: “Si yo no puedo salvarme, que al menos esto sirva para otros productores que tienen más espalda. Pero quisiera que se frene esto a nivel provincial”, suplica la veterinaria rafaelina.
