El religioso recibió tres años de prisión y fue inhabilitado de por vida para ejercer funciones eclesiásticas
La Justicia condenó a tres años de prisión a un cura santafesino por un hecho de abuso sexual contra una adolescente durante un campamento. Además, fue inhabilitado de por vida para ejercer funciones eclesiásticas. Se trata de Marcelo Ferrero, quien admitió su culpabilidad en un juicio abreviado.
El episodio ocurrió en enero de este año, en Córdoba, durante un campamento. Según detalla Rafaela Noticias, los abusos ocurrieron mientras el cura, de la Diócesis de Rafaela, acompañaba a un grupo de scouts de la localidad santafesina de Ramona, en un viaje a Río Ceballos.
El juez Javier Bottero condenó al religioso por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso, mediando violencia. Además de no poder ocupar un cargo en la iglesia y recibir tres años de prisión, se le impusieron ciertas normas de conducta como la fijación de un domicilio en una congregación religiosa de Córdoba, el sometimiento al control de la Dirección de Asistencia y Control Post Penitenciario, la prohibición de contacto y acercamiento con la víctima, la prohibición de ingreso a la localidad de Ramona y la asistencia a talleres de masculinidades o terapias alternativas.
La Diócesis de Rafaela difundió un comunicado en sus redes sociales. En ese texto, confirmó la implementación del protocolo en casos de violaciones en perjuicio de niños y adultos.
“Como es de público conocimiento a raíz de la denuncia por un delito contra la integridad sexual simple (según carátula) que involucra a un sacerdote de nuestra diócesis, informamos que, conocidos los acontecimientos en el mes de enero, se actuó inmediatamente en conformidad con el protocolo previsto por las Normas Diocesanas para la prevención y el abordaje de abusos de menores y adultos vulnerables en los ámbitos eclesiales”, reza parte del mensaje.
“Ante esta situación, que nos genera dolor y perplejidad, se decidió tomar contacto con los familiares de la víctima, informándoles del derecho que les asiste para realizar la correspondiente denuncia ante la Justicia, quien ya realizó las actuaciones pertinentes”, continuó el texto.
Las autoridades eclesiásticas aseguraron que la reacción fue inmediata. "Desde el momento de tomar conocimiento de los hechos y conforme al derecho de la Iglesia, el Obispo de la Diócesis de Rafaela resolvió una serie de medidas cautelares”. Por ejemplo, “que el ministro en cuestión cese en el acompañamiento de todas las actividades pastorales que tenía a cargo hasta entonces; que ya no resida en la localidad donde ejercía su ministerio ni preste servicios en otras comunidades; que no tome contacto con la víctima u otros menores, ni con sus familiares o testigos”.
Remarcaron que quedaron “desde el primer momento a disposición de la justicia en aquello que se requiera” y “reafirmaron su compromiso en la protección de los menores y adultos vulnerables”. Añadieron que “se decidió tomar contacto con los familiares de la víctima, informándoles del derecho que les asiste para realizar la correspondiente ante la Justicia”.
Por Mariano D'Arrigo
Por Juan Iturrez
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