La planta se levanta sobre la avenida San Martín, nombre urbano de la ruta nacional N° 11, y su entrada está a la altura del 1700, en el cruce con Avellaneda, en Fray Luis Beltrán. Pero el predio se extiende hasta el Paraná y ocupa unas 50 hectáreas que ahora están bajo la lupa.
“Este problema lo venimos planteando desde la década del 80, cuando advertimos el daño que producía entre los trabajadores la manipulación de químicos altamente tóxicos. Cuando Glencore cerró la fábrica en 2016 tenía que cumplir con el retiro del pasivo ambiental y eso no se hizo”, aseguró a La Capital el gremialista Daniel Santillán desde el sindicato de químicos. “Aunque nosotros como gremio no tenemos más injerencia, porque la compañía dejó en la calle a los 400 trabajadores y la planta se está desmontando, sabemos que los problemas siguen por el total incumplimiento por parte de la firma”, agregó.
El dirigente advirtió que todo el pasivo ambiental con los productos que se manipulaban va penetrando por las napas terrestres, por más que circulen por las zanjas. “Eso es ahora tierra inerte, contaminada con plomo, cadmio y azufre”. Se trata de la materia prima con la que elaboraban el ácido sulfúrico. “Ahora tenemos las cañerías con químicos, que además se han filtrado al terreno”, se explayó.
Santillán recordó que en su momento el abogado del sindicato, Carlos Calvo (ya fallecido), representó a vecinos por el daño ambiental que producía la fábrica. “El reclamo comenzó porque el taller estaba sellado con chapa y el ácido sulfúrico que salía de las torres caía sobre ellas, que emanaban el químico. La empresa tuvo que hacer un resarcimiento económico y hacer cambios en el edificio”. Pero ahora los habitantes del lugar siguen intranquilos por la presencia de contaminantes en las napas, que se terminaron filtrando porque, aseguran, nunca fueron debidamente retirados.
El dirigente contó además una experiencia personal de la época en que la planta estaba en funcionamiento. Trabajaba en un sector llamado Purificación, donde se manipulaba polvo de arsénico que los operarios podían inhalar porque siempre quedaba un remanente. “Cada tres meses nos hacían análisis para verificar nuestro estado de salud, y nos daba que teníamos un nivel alto de arsénico en sangre. El médico de la empresa me dijo que me pasaba eso porque yo comía mucho pescado, achuras y manzana, cuando yo trabajaba con arsénico puro. No era dulce de leche lo que manipulábamos, eran productos químicos de alta toxicidad”, contó. Y abundó: “Nunca supimos si la muerte de muchos compañeros no fue consecuencia de los efectos que producían los productos que manipulábamos”.
El rol del municipio
El intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, recordó que el municipio, tanto en esta gestión como en la anterior, hizo numerosos reclamos al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático planteando la situación generada a partir del cierre de la planta. “Hemos pedido que se realicen tomas de muestras por parte de organismos oficiales en tierras y napas para ver cuál es el pasivo ambiental, y yo he planteado que el plan de cierre ambiental se cumpla y que obliguen a retirar el material contaminante y contaminado sin importar el riesgo económico. Es crucial que dejen el terreno como estaba antes de que la planta funcionara. El plan de cierre no se lo aprobaron ni en la gestión anterior ni en la actual. La última cuestión que presentamos es la toma de muestras para tener una contraprueba a la que pueda presentar la empresa. Si no se hace en forma conjunta y debidamente certificada, que la lleve a cabo el Ministerio. Como municipio nos ofrecemos a colaborar, pero no es nuestra competencia”, advirtió.
La partida de la empresa representó además para la Municipalidad un daño tributario. “Hoy estamos hablando de entre el 20 y el 25 por ciento de la recaudación propia del municipio”, contó Cominelli.
Tanto el mandatario como el sindicalista reconocieron que hubo reclamos de vecinos por la contaminación de la empresa. “Los tuvimos a lo largo de la historia de Ar Zinc, pero no fue al municipio sino denuncias generales”, aclaró el intendente. “Ahora quedó un pasivo inerte, que se generó en realidad cuando la empresa comenzó a funcionar. Hemos vivido con esto a lo largo de décadas”, señaló.
A su juicio, toda esta grave situación se pone ahora de manifiesto, entre otros motivos, porque la empresa no cumple con el cierre ambiental y en lugar de eso “pretende hacer una especie de cordón alrededor de lo que está contaminado”, sin solucionar definitivamente la situación del predio ni eliminar los motivos del daño que sigue causando.
Santillán no ahorra cuestionamientos hacia Glencore, “un grupo que tiró abajo la producción nacional, sacó los dólares afuera y se retiró, dejando este tendal. Ar Zinc, que ya venía de una historia desde Sulfacid y había pasado por manos del grupo Comsur -que hizo desastres en otros países- hasta ser absorbida por Glencore, que siguió con la misma dinámica.
Cuando cerró, culpando al gremio por su combatividad cuando tenía dinero de sobra para abonar resarcimientos e indemnizaciones, era la única en su tipo del país”, remató.
Glencore adquirió la planta en 2005 y la explotó hasta 2016, cuando decidió cerrar sus puertas y dejar a 400 trabajadores sin empleo, aunque sí tuvo dinero para abonar las indemnizaciones y garantizar a algunos operarios el cobro de los salarios hasta jubilarse (en rigor, una conquista sindical).
Los serios problemas de contaminación del medioambiente y daños a la salud de la población merecieron en su momento una acción de amparo de parte de la ONG Equística para que se frene el desguace hasta garantizar que no deje el pasivo ambiental que, se sospecha, está dejando.
Poderos y denunciada: así es la empresa Glencore
Glencore es una compañía de capitales suizos dedicada a la explotación de la minería y distintas industrias vinculadas al negocio agropecuario. Está entre las 20 más poderosas del mundo pero es también de las más investigadas por evasión, extorsión, lavado de activos y fomento de la corrupción. Y también por daño ambiental.
Nicolás Gutman, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, revela que la empresa facturó en 2018 un total de 219 mil millones de dólares. Emplea a más de 152 mil personas en todo el mundo, donde tiene diseminadas sus unidades de negocios.
Fue fundada en 1974 por Marc Rich y en 2013 se fusionó con Xtarta, creando así un imperio “especializado en infringir embargos a las dictaduras de todo tipo”.
Gutman afirma en un artículo con su firma publicado por el diario Página12 que en 1983 Rich fue acusado en los Estados Unidos por “evasión de impuestos, fraude, comercio con el enemigo, desfalco y negocios ilegales”, y que permaneció prófugo de la justicia durante casi dos décadas.
Asegura que la firma se vio involucrada en los escándalos de los Panamá Papers y los Paradise Papers, entre otros, que revelaron un abanico de irregularidades e ilícitos. Incluso, está investigada por el gobierno inglés por graves delitos impositivos.
En Argentina, la compañía es dueña de las minas Agua Rica en Catamarca y El Pachón, en San Juan, y desembarcó de la mano de su socia Strata en la mina polimetálica Bajo la Alumbrera, también de Catamarca. Pero según explica Gutman, cobró notoriedad “por el desfalco que hizo en conjunto con Vicentin a través de los créditos otorgados por el Banco Nación de 18.500 millones de pesos”.
Según la revista económica BankMagazine, la firma suiza es socia de Vicentin en Renova, “la planta más grande y avanzada del mundo de molienda de soja ubicada en Timbúes. Cada socio tenía originariamente un 50 por ciento, pero previo al default Vicentin le vendió un 16,7 por ciento más, y recientemente Glencore realizó una oferta de 325 millones de dólares” por las acciones restantes.
“Tener en la provincia de Santa Fe a Glencore es que nunca se saquen los agrotóxicos, van a destrozar el suelo, son empresas que vienen a destruirle la vida a la gente”, menciona Gutman en declaraciones reproducidas por BankMagazine.