La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

La decisión del gobierno de Javier Milei de proponer como al fiscal Franco Carbone como juez federal generó satisfacción en la gestión de Maximiliano Pullaro, aunque también lamentaron que pierden a un aliado en la lucha en el territorio contra el narcomenudeo.

Este miércoles, el gobierno nacional giró al Senado el mensaje en el que le solicita a la Cámara alta que apruebe el nombramiento de Carbone como juez federal de Garantías de Rosario.

Carbone, con buen concepto en la Casa Gris

Carbone es jefe de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y tiene un alto perfil.

Carbone lideró operativos de alto impacto, como el derribo y cierre de búnkeres de drogas, allanamientos simultáneos contra bandas criminales y causas relacionadas con amenazas a autoridades públicas.

“Es un buen funcionario y será un excelente juez, pero no deja de ser una pérdida para la fiscalía”, dijeron a La Capital en el entorno de Pullaro.

La desfederalización del narcomenudeo es uno de los pilares de la política de seguridad de la administración de Unidos. Al comienzo de la gestión la Legislatura adhirió a la ley nacional que habilita a que la Justicia provincial persiga la compra y venta de drogas a pequeña escala.

En la Casa Gris entienden que esa política fue clave para bajar los niveles de violencia. En ese esquema, Carbone fue un actor importante.

El hombre propuesto por Milei para cubrir una vacante en la Justicia federal rosarina también integró integró la denominada Unidad de Balaceras. Desde allí investigó extorsiones con armas de fuego con las que distintas organizaciones criminales sembraron el terror en la ciudad.

Como jefe de la Unidad de Microtráfico, en marzo Carbone participó de una reunión con Pullaro; el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y la fiscal general, María Cecilia Vranicich.

“Es un fiscal que labura muchísimo, pragmático, que entiende la calle. No hay muchos Carbone dando vueltas”, dijeron en el gobierno provincial.

Tras el envío del pliego de Carbone, la Cámara alta deberá ingresarlo y girarlo a la comisión de Acuerdos.

Allí, los senadores analizarán los antecedentes personales y profesionales del postulante. Luego se abrirá un período para que personas y entidades presenten impugnaciones o adhesiones al candidato.

Terminada esa etapa, habrá una audiencia pública en la que Carbone, como todos los postulantes, deberá responder preguntas sobre su visión de la Justicia.

Después la comisión emitirá dictamen, que será tratado por el pleno de los senadores. Para aprobarlo, se necesita una mayoría simple: la mitad más uno de los legisladores presentes en la sesión.

Pliegos para la Justicia

El funcionario que tiene el trámite más avanzado es Florentino Malaponte. El juez provincial tuvo su entrevista en la comisión de Acuerdos este martes y se encamina a ser nombrado en la Cámara Federal de Rosario.

Malaponte también tiene el visto bueno de Pullaro. Proveniente de una familia de linaje radical, antes de ser juez fue fiscal de homicidios.

A comienzos de mayo pasado, el gobernador se reunió en Buenos Aires con Juan Bautista Mahiques. En ese encuentro, el ministro de Justicia de la Nación se comprometió a incluir a Santa Fe en la cobertura de lugares vacíos en el fuero federal.

En ese momento, legisladores del PRO, el radicalismo y otros bloques provinciales se negaban a firmar los dictámenes que se apilaban en la comisión de Acuerdos, ya que los pliegos en discusión correspondían a cargos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

Menos de una semana después del encuentro entre Mahiques y Pullaro, el gobierno envió el pliego de Malaponte.

“Para nosotros es muy importante. Si se trabaja bien en el tema narco, es la gran oportunidad para no tener más los problemas que tuvimos”, indicaron en su momento en el gobierno provincial sobre el rol de la Justicia federal en la escalada de la violencia.

En la Casa Gris creen que es necesario completar la depuración del Poder Judicial de la ciudad después de casos como el de Marcelo Bailaque.

El exjuez federal activó su jubilación para frenar el proceso de remoción que avanzaba en el Colegio de la Magistratura, donde lo investigaban por presuntos nexos con el crimen organizado.

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Otro cargo que el gobierno nacional busca cubrir es el de juez federal de San Lorenzo. Para ese lugar postuló a Emiliano Pedro Méndez Ortiz, actual subsecretario de Política Criminal de la Nación.

El juzgado de San Lorenzo es una nueva estructura en el fuero federal que apunta a resolver delitos complejos como narcotráfico y contrabando sin depender de los tribunales rosarinos.