El documento elaborado por el colectivo Ni Una Menos incluyó críticas a los tres niveles del Estado y exigencias de mayor presupuesto para los programas de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género.
El documento elaborado por el colectivo Ni Una Menos incluyó críticas a los tres niveles del Estado y exigencias de mayor presupuesto para los programas de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género.
Entre los reclamos al gobierno nacional se apuntó disponer de todos los recursos necesarios para el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres (ley 26485).
Sobre todo, para el desarrollo de políticas de prevención. "El Estado no puede limitarse a recoger nuestros cuerpos sin vida e imponer penas a femicidas. El derecho penal llega tarde, por ello urge que haya voluntad política para prevenir la violencia machista", se advirtió.
Además se exigió la reapertura de los programas sociales de ayuda y de acceso habitación destinados a las víctimas de violencia machista y la inclusión en los convenios colectivos de trabajo de la licencia por violencia de género.
A las autoridades provinciales se pidió por la implementación efectiva de la ley de educación sexual integral "a fin de erradicar estereotipos desde la primera infancia para promover el respeto por la diversidad de identidades, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y prevenir la violencia y la discriminación"; creación de centros de cuidados infantiles, licencias por tareas de cuidados y extensión de las licencias por maternidad y paternidad durante el primer año de vida; y esclarecimiento de numerosos casos de violencia institucional.
En cuanto al municipio se reclamó por la precarización laboral de mujeres en las cooperativas de trabajo y se denunció la falta de abordajes integrales y acompañamientos a victimas de violencia. Además se pidió por el cumplimiento de ordenanzas como el programa de capacitación y formación en violencia de género, planes de inserción laboral, capacitación y cupo laboral trans y la aplicación del protocolo unificado de actuación frente a situaciones de violencia de género.
En cuanto al poder judicial se pidió por la implementación del patrocinio jurídico gratuito y especializado durante el proceso judicial (ley 27210) y el aumento de personal capacitado de la Unidad Fiscal de violencia de género, entre otros puntos.
Por Florencia O’Keeffe
Por Pablo Mihal
Por Gustavo Conti
