Un abogado rosarino, que es asmático, presentó una denuncia ambiental en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la que pide que se dicte una medida cautelar por la cual se decomise preventivamente el ganado que se encuentre en campos de las islas frente a Rosario que hayan sido objeto de incendios. El argumento es que es justamente por la producción ganadera que se realizan las quemas intencionales en el Delta y, claro, la presentación señala el daño que las mismas producen sobre la flora y fauna de la zona como así también sobre la salud de la población que vive en las áreas afectadas por el humo.
Marcelo Martorano hizo la denuncia en un organismo judicial de la provincia de Santa Fe, a pesar de que las quemas se producen en territorio entrerriano, con el argumento de que el efecto del delito, que es el humo que produce la afectación en la salud de la población, se despliega mayormente en Rosario y en otras localidades de la región donde sí tiene jurisdicción el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Pero además, según el abogado que presenta la denuncia, hay jurisprudencia abundante de la Corte Suprema de la Nación que indica que para hacer cesar un delito debe intervenir, más allá de la competencia estricta, el organismo judicial que esté en mejores condiciones de actuar.
Martorano hizo la presentación en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales a cargo de Matías Ocariz, quien según reveló el abogado dijo no tener competencia por cuestiones territoriales y se amparó en que recibió instrucciones de la Fiscalía Regional en ese sentido.
Hasta el momento las denuncias sobre las quemas en las islas, como la que realizó la Municipalidad de Rosario, fueron en su mayoría absorbidas por la Justicia federal. Pero para Martorano el de Ocariz es un argumento "simplista", pues él sostiene que la investigación de los delitos medioambientales debe realizarse donde se producen los efectos: en este caso la ciudad de Rosario, cuya población está afectada en su salud por el huno proveniente de las islas.
En ese sentido, si bien sostuvo que realiza la presentación por derecho propio, no en representación de alguna otra persona o entidad, explicó que cualquier rosarino podría realizar lo mismo, en base a la ley 10.000 de intereses difusos.
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La denuncia de Martorano señala, y cita artículos y estudios que lo respaldan, que el motivo de las quemas intencionales de pastizales en las islas es el “desmedido y descontrolado incremento de la producción ganadera en esta zona”. En ese sentido, menciona que el número de cabezas de ganado en las islas se incrementó de 160 mil a dos millones de ejemplares, “con el consiguiente daño ecológico que ello trae aparejado por no tratarse de un terreno preparado al efecto como lo es la tierra firme lejana a centros urbanos masivos como el nuestro”.
Y cita “un estudio reciente del Conicet” que confirmó que “la quema de pastizales en las islas de la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de Rosario, generaron estragos en la flora, fauna y suelo del humedal, además del propio río, lo que altera el ecosistema de la región y ello repercute directamente en la salud de todos los rosarinos, generando el peligro de propagación” del coronavirus.
En ese sentido, también pide que se remitan oficios a los hospitales y sanatorios donde fallecieron personas a causa del Covid-19 solicitando que indiquen si las quemas tuvieron incidencia en el fallecimiento, porque en tal caso quienes incendiaron campos intencionalmente podrían también haber cometido el delito de homicidio.
El abogado se basa en el artículo 202 del Código Penal que implica acciones que generen peligro de propagación de la pandemia en Rosario. Por ese mismo delito, señaló, la fiscalía especializada en coronavirus abrió 2.000 causas en Rosario.
