Con el objetivo de proteger el arbolado urbano, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que endurece las sanciones a quienes dañen a las especies colocadas en la vía pública. Entre otros puntos, la norma triplica las multas para las extracciones ilegales que realicen empresas constructoras para la concreción de edificios, llevando las penas máximas de 500 mil pesos a 1,7 millón. La iniciativa acompaña a las denuncias de organizaciones proteccionistas sobre el uso de herbicidas para debilitar a los ejemplares y facilitar su retiro.
El Código de Convivencia de la ciudad dedica todo un capítulo a las faltas en materia de arbolado público y establece sanciones a las personas que sin autorización del municipio causen daños al verde urbano; un aliado importantísimo para enfrentar el cambio climático, ya que en las grandes ciudades regulan la temperatura, absorben el agua de lluvia, purifican el aire y mitigan ruidos, entre otros beneficios.
La ordenanza, sancionada hace un año y medio, establece multas para las extracciones, talas o podas efectuadas sin permiso del municipio. Pero también sanciona otras conductas desaprensivas, como la fijación de clavos, alambres, hierros o ganchos a los troncos, la aplicación de pintura, barniz o encalado en troncos o ramas o el revestimiento o cobertura de las cazuelas de los ejemplares.
Ahora, a estas causas se suman otras dos acciones que afectan al arbolado público: la realización de incisiones, anillado, estrangulamiento o descortezado en los troncos de los ejemplares; también la aplicación de sustancias químicas con efecto herbicida, por inyección (perforaciones), rociado o riego de los árboles urbanos.
En ambos casos, las multas están relacionadas con el porte de los ejemplares y con el porcentaje estimado del daño causado. En términos económicos, varían entre 60 y 2.000 unidades fiscales. Como estas sanciones se calculan en función del litro de nafta súper, traducidas a efectivo van de los 15 mil a los 500 mil pesos, según la gravedad de la intervención.
Sanciones agravadas
Pero la propuesta presentada por la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) establece además una "sanción agravada" que triplica las penas económicas en caso de que la tala o extracción de un árbol no autorizada tenga como motivo la realización de una obra civil o una obra edilicia particular cuando contemple más de una unidad.
Así, en caso de que la tala o extracción del árbol se realice sin autorización con motivo de la construcción de un edificio, las multas pueden llegar hasta 1,7 millón de pesos.
De acuerdo al texto de la flamante norma, si el daño al arbolado "se cometiera con motivo de una obra edilicia particular en la que se proyecte una construcción o remodelación destinada al uso de más de una unidad funcional, sin perjuicio de su destino, a la escala prevista se le triplicará el mínimo y el máximo".
Según explicó Gigliani, la ordenanza aprobada "incorpora dos acciones frecuentes que generan daños en el arbolado", pero también "busca instalar la figura de la reparación del daño ambiental, ya que sin perjuicio de la multa contravencional, la persona que comete un daño debe responder por tal reparación, como se contempla en la ley del árbol santafesina y la ley general del ambiente nacional".
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Un problema diario
Para las organizaciones ambientalistas de Rosario, el daño al arbolado urbano es todo un problema. Según advierte Silvia Estela Molina, referente de la ONG “Protegiendo Nuestros Árboles”, lidian a "diario" con denuncias de vecinos sobre la desaparición de ejemplares en buen estado.
"Son muchos los árboles vandalizados frente a edificios en construcción", advierte la mujer y saluda que el Concejo haya aprobado una norma que contempla sanciones más duras, "porque cada vez las conductas de las constructoras generan más daño y son muchos los árboles que se pierden cuando se levantan nuevos edificios".
Pero además, alertó sobre el potencial riesgo que genera la colocación de herbicidas en los ejemplares ya sea por la liberación de tóxicos en la vía pública como por la posibilidad del derrumbe de los mismos durante una tormenta. "Lamentablemente son conductas frecuentes que exponen a las personas a sufrir daños" al dejar a las especies en estado moribundo.
Sin ir más lejos, en abril pasado un árbol se desplomó en Moreno al 300 causando heridas a una mujer que pasaba caminando por esa cuadra. Ese mismo día otro ejemplar de importantes dimensiones había caído sobre un utilitario en la zona de Suipacha y San Juan. El rodado sufrió serios daños, sus dos ocupantes tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Zapadores y salieron ilesos.
Molina consideró que el aumento en las sanciones puede disciplinar a las constructoras, "porque antes salía más barato envenenar el árbol y pagar la multa", cuestionó y pidió que el municipio asuma su protagonismo para actuar preventivamente en estos temas, por ejemplo, incorporando una "línea verde" para atender los reclamos de los vecinos en relación al estado de los ejemplares.
"Es un tema que nos afecta a todos: vecinos, constructoras y municipio. Todos tenemos que abordar estos temas con la seriedad que se merece el arbolado urbano", concluyó.
