Denuncian que crece la extracción de árboles sin autorización

Los vecinos de calle Perdriel, en la zona de Alberdi, todavía no saben bien cuándo pasó. Pero sí que un día se levantaron y notaron que dos voluminosos árboles que sombreaban la cuadra ya no estaban. Primero habían quedado detrás del vallado de obra de una nueva construcción, después faltaron las ramas, finalmente, quedaron reducidos a un tronco de menos de un metro de altura. Según denuncian los proteccionistas, la extracción de ejemplares saludables del arbolado público, sin autorización municipal, no es un problema exclusivo de la zona norte, sino que se repite en el macrocentro o en el oeste, a medida que los proyectos inmobiliarios retoman ímpetu. Y piden nuevas herramientas para proteger a estas especies.

La importancia del arbolado público y los beneficios que aportan a la vida en las ciudades se hace patente cada vez que las temperaturas trepan por encima de los 30 grados, como sucedió la semana pasada. Hace seis días, organizaciones ambientalistas aprovecharon la ceremonia de encendido del árbol de Navidad de Pellegrini y Oroño para denunciar la falta de cuidado del arbolado público.

No es la primera vez que señalan que "la ciudad carece de políticas concretas para preservar el arbolado" ni que advierten que con la reactivación de la construcción en la ciudad se han talado especies de gran porte, como pasó en la calle Perdriel.

"Es un tema muy preocupante. Hay cada vez más edificios en construcción y más tala de árboles. Es más, las empresas ni dejan las cazuelas para reponer los ejemplares", cuestionan y advierten que falta cultura de cuidado del árbol.

En el Concejo hay varios pedidos de informes presentados por la extracción de ejemplares, aparentemente realizada sin autorización municipal. "Recibimos con frecuencia a las organizaciones proteccionistas que nos informan de este problema", señala la presidenta de la comisión de Ecología y Ambiente, Luz Ferradas (Ciudad Futura), pero a la vez advierte que, "lamentablemente", también se reciben muchos pedidos de vecinos para la realización de estudios fitosanitarios que evalúen el estado de salud de los ejemplares y, si corresponde, autorizar su extracción. En promedio se tratan unos 20 pedidos por mes.

Una ordenanza "casi perfecta"

Rosario tiene una ordenanza para la protección del arbolado público ( Nº 5.118) que los proteccionistas consideran "casi perfecta". La norma prohíbe a "toda persona, empresa privada o estatal efectuar cortes, despuntes, poda aérea o radiculares, talas o erradicaciones del arbolado público sin autorización ni control de la Dirección General de Parques y Paseos".

También determina que la Municipalidad "no aprobará plano alguno de edificación, refacción o modificación de edificios cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectadas frente a árboles existentes" y detalla que los permisos de obra deben "fijar con precisión los árboles existentes en el frente, no siendo causal de su erradicación el proyecto ni los requerimientos de la obra".

La ordenanza sólo autoriza la extracción, en casos excepcionales, es decir, "cuando la disposición de los árboles fuese tal que su extirpación se hiciera imprescindible".

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Urquiza al 900, el vallado de obra pasa por el medio de la cazuela de los árboles.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Sin embargo, advierten, la norma se cumple poco y nada. "Muchas empresas extraen árboles sin permiso municipal. Generalmente lo hacen los fines de semana o durante la noche, para no llamar la atención", afirma Silvia Molina, integrante de la ONG Protegiendo Nuestros Arboles Rosario, y repasa los últimos casos en los que intervinieron: la extracción de un añoso jacarandá, en el macrocentro de la ciudad, un grupo de eucaliptus en Fisherton o de plátanos en Alberdi. La desaprensión no tiene límites geográficos.

Molina forma parte de un grupo de personas que empezó a crecer este año, cuando en el parque Independencia se proyectó la construcción de un complejo de piletas olímpicas que amenazaba a unos 18 arboles añosos en perfecto estado sanitario.

Desde entonces, la agrupación administra una cuenta en Instagram (Nuestros Arboles Rosario) donde los vecinos reportan lo que llaman "arboricidios", es decir la extracción de ejemplares saludables de veredas y plazas. El grupo se encarga de averiguar si el descuaje estaba autorizado por el municipio.

"Las constructoras hace rato que vienen proyectando edificios sin tener en cuenta el arbolado urbano. Esto empezó levemente en 2017 en el microcentro y se acentuó con el avance de los emprendimientos inmobiliarios", señala Molina.

Las sanciones

El Código de Convivencia fija sanciones para vecinos o empresas que pongan en riesgo al arbolado público. Las multas se establecen según el nivel del daño y el diámetro del tronco del ejemplar. En el caso de las extracciones ilegales, van de los 34 mil a los 408 mil pesos, según la antigüedad de la especie.

Para los proteccionistas, serían necesarias sanciones más severas. "Actualmente resulta más barato sacar un árbol que reubicar el acceso a la cochera en el proyecto de un edificio", advierten y remarcan que aunque tienen buen diálogo con la Secretaría de Ambiente del municipio, la repartición no siempre tiene personal para controlar cuando estos ejemplares se extraen de forma ilegal.

La concejal de Ciudad Futura coincide. Según explica, muchas constructoras no informan las extracciones al municipio para evitar que se les deniegue la autorización. Directamente, entonces, "eligen sacar los árboles y pagan la multa".

Por eso, desde el bloque presentaron un proyecto para crear un "Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales" para dotar al Tribunal de Faltas de herramientas de sanción para ciudadanos o empresas que transgreden las normas ambientales en repetidas oportunidades.

La idea del registro es dejar asentado quiénes y con qué se contamina, para que se tenga en cuenta en caso de pedidos de permisos de construcción, de uso de la vía pública o habilitaciones de locales, por ejemplo. "Lo que proponemos es sistematizar la información de aquellas personas jurídicas o individuales que transgreden las normativas ambientales de una manera sistemática para evaluar las posibles habilitaciones o permisos posteriores si siguen dañando", dice Ferradas.

"Hay que recordar _remarca Molinas_ que el árbol es un bien común que no pertenece ni a las constructoras ni a los frentistas. Que cada extracción debe contar con permiso municipal, firmada por un ingeniero ambiental, y que las empresas tienen obligación de mostrar este documento ante el requerimiento de los vecinos".

Según remarcan los proteccionistas, en los últimos cinco años la ciudad perdió entre un 30 y un 25 por ciento de su arbolado urbano. "Con eso nos quitan también todos los beneficios que nos da un árbol: no sólo ofrecer sombra, muy necesaria en estos días de tanto calor, sino también oxigenan el aire, mitigan los sonidos y son hábitat de otras especies". Más de una razón para protegerlos.