La delegación local del Sindicato de Trabajadoras Sexuales presentó en el Concejo un proyecto para la creación de un subsidio habitacional de trabajadoras sexuales. “La necesidad de atender la emergencia en la que se encuentran las compañeras y compañeros, que hoy están lidiando con juicios de desalojos es imperante”, manifestaron desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario (Ammar). La entidad asiste a 130 familias con bolsones de mercadería.
La lucha de las trabajadores sexuales para que se reconozcan derechos laborales y sociales fundamentales generó la presentación del proyecto “Emergencia Habitacional”, ingresado el martes en el Concejo para su urgente tratamiento.
En el escrito dirigido a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, se plantea “el estado de emergencia” habitacional que atraviesa el colectivo, sobre todo en el contexto de la pandemia y crisis sanitaria, "que profundizó las condiciones de vida, y debe ser abordado a través de urgentes políticas públicas puntuales, herramientas feministas y un enfoque interseccional”.
Ammar recuerda que en la comisión de Derechos Humanos se había manifestado preocupación por la “extrema situación de vulnerabilidad social y alimentaria” que viene padeciendo el sector, y la crisis habitacional provocada por desalojos extorsivos pese a las restricciones ordenadas por el gobierno nacional, lo cual representa una violación a los derechos de las mujeres y sus hijos menores a cargo.
Remarcaron que un grupo de trabajadores sexuales que integran diversos espacios organizados, junto a trabajadores independientes de otras actividades, ya había hecho planteos ante la comisión de Feminismos y Disidencias en una reunión que mantuvieron en mayo, donde se expresaron las enormes dificultades que tienen para desarrollar su trabajo en contexto de pandemia.
El proyecto propone crear un organismo específico dentro de la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat en articulación con la Secretaría de Género y Derechos Humanos.
Subsidio ante el riesgo
Además, sugiere la implementación de subsidios económicos de hasta 180.000 pesos en diez cuotas mensuales de 18.000 pesos, destinado a las familias que estén en riesgo habitacional o de calle; fortalecer el abordaje de esas personas y sus problemáticas, y generar estrategias para encarar soluciones de fondo.
Para obtener el beneficio se establecen una serie de requisitos: encontrarse en situación de calle; ser residente en Rosario con una antigüedad de un año; poseer ingresos menores a la resultante de la canasta básica que mide el Indec. Y se solicita que la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor actúe como mediadora ante amenazas de desalojo.
Paramos la olla
La referente local del Ammar, Gabriela Hemela, explicó que el proyecto se explica en parte por la grave situación que atraviesan decenas de trabajadores sexuales de Rosario. “En este momento estamos asistiendo con bolsones de mercaderías a 130 familias en condiciones de vulnerabilidad o que están al borde de perder la vivienda”.
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La dirigente diferenció la situación de estos trabajadores informales de la de aquellos que atraviesan la pandemia en un marco de mayor seguridad. “En este contexto quedaron a la vista la necesidades básicas de toda la población, pero no es lo mismo pasar la pandemia con derechos laborales que sin ellos. Por eso desde el sindicato salimos a responder las demandas de las compañeras”.
Recordó que la mayoría de las trabajadores sexuales tienen de 1 a 7 hijos a cargo. “Todas tenemos hijos. Somos jefas de hogar y las que paramos la olla en la casa. La modalidad del trabajo sexual en la calle tiene una historia de demandas a nivel nacional desde hace 26 años para que haya políticas públicas efectivas para el sector”, remarcó Gabriela.
La clandestinidad del trabajo sexual y los aprietes policiales son aspectos que sufren desde siempre. “Todavía existe la extorsión y hostigamiento de la fuerza policial. En Formosa la policía mató a una compañera trans hace pocos días. Y en los barrios alejados de Rosario persisten esas situaciones, tenemos denuncias de compañeras trans todo el tiempo”, aseguró.
“Eso se llama violencia institucional. Por eso tejemos redes y denunciamos los casos ante la comisión de Derechos Humanos, tejemos redes con diferentes organizaciones donde hacemos hincapié en esta cuestión de la violencia institucional”, remarcó la secretaria adjunta de Ammar Rosario.